La protesta de efectivos policiales en Santa Fe escaló este martes luego de una noche marcada por manifestaciones frente a dependencias oficiales, cruces públicos y anuncios de sanciones por parte del Gobierno provincial. Mientras el Ministerio de Seguridad reconoció la legitimidad del reclamo salarial y laboral, también confirmó medidas disciplinarias contra agentes que participaron de los hechos y advirtió sobre posibles responsabilidades penales. Del otro lado, los policías autoconvocados denunciaron la interrupción del diálogo oficial y señalaron episodios de represión contra familiares y personal retirado.
En una conferencia de prensa, el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, afirmó que el Gobierno provincial comparte “las necesidades y los problemas del personal de la policía de Santa Fe” y remarcó que se trata de un reclamo “legítimo, atendible, casi en su totalidad”. Sin embargo, sostuvo que a partir de la medianoche “se fueron montando determinados grupos que empezaron a sumar acciones violentas, antijurídicas”, con el objetivo de “desestabilizar el despliegue preventivo”.
Según el funcionario, durante la protesta se registraron episodios de abandono de servicio y paralización de móviles policiales. “No menos de veinte unidades en la ciudad de Rosario fueron directamente paralizadas, puestas frente a la jefatura y luego abandonadas”, detalló. Agregó que los efectivos dejaron los patrulleros estacionados y se retiraron, lo que calificó como incumplimiento de los deberes funcionales.
Cococcioni señaló que estas conductas derivaron en la apertura de actuaciones administrativas y que el jefe de Policía de la provincia inició los procedimientos correspondientes con el respaldo del Ministerio. “Tenemos cerca de no menos de veinte funcionarios policiales que están siendo pasados a disponibilidad, con retiro de arma y retiro de chaleco antibala”, afirmó. También indicó que el Gobierno coordinó acciones con el Ministerio Público de la Acusación para investigar “posibles ilícitos penales” tanto de funcionarios policiales como de “grupos marginales y desplazados” de la fuerza.
En su exposición, el ministro diferenció el reclamo salarial de las acciones ocurridas durante la protesta. “La protesta legítima y el reclamo legítimo por mejorar las condiciones de trabajo lo seguimos acompañando”, expresó, pero advirtió que no se permitirá que se afecte la seguridad pública. “No estamos dispuestos a poner sobre la mesa de negociación la seguridad de todos los habitantes de la provincia”, sostuvo.
El funcionario también afirmó que el patrullaje se sostuvo, aunque reconoció que la ausencia de móviles elevó el nivel de riesgo. “Objetivamente, que no menos de veinte unidades de patrulla urbana abandonen su servicio eleva los niveles de riesgo”, dijo y advirtió que los efectivos involucrados podrían enfrentar responsabilidad penal si un delito no se evitó por la falta de cobertura.
En paralelo, el vocero de los policías autoconvocados, Gabriel Sarla, dio una versión distinta de los hechos. En diálogo con TN, afirmó que el reclamo comenzó de forma pacífica y que el conflicto se profundizó tras el corte del diálogo con el Gobierno provincial. “Desde el miércoles de la semana pasada venimos haciendo un reclamo completamente legítimo”, sostuvo y agregó que tras una reunión con el ministro de Seguridad “no se tuvo más comunicación con el Gobierno”.
Sarla ubicó el punto de inflexión en un episodio ocurrido frente a la sede de Fiscalía, durante una vigilia en memoria de policías fallecidos. “Luego de prender las velas en memoria de los suicidios que hubo dentro de la policía, el jefe de Policía de la provincia comenzó a reprimir a la gente que estaba”, afirmó. Según indicó, en el lugar se encontraban familiares de efectivos y personal retirado.
Consultado sobre las denuncias oficiales por abandono de funciones, el vocero sostuvo que algunos policías dejaron sus puestos porque “le estaban pegando a sus familiares”. Ante la consulta sobre quiénes participaron de esos hechos, señaló que se trató de “otros grupos de policías de otras localidades que fueron llamados como grupos de combate”.
En relación con los salarios, Sarla rechazó versiones que indicaban que los sueldos de la policía santafesina superan a los de fuerzas federales. “Esa información es completamente errónea”, afirmó. Precisó que un agente que recién ingresa cobra “entre 800 y 900 mil pesos de bolsillo” y que un efectivo con 14 o 15 años de antigüedad “no llega al millón trescientos o millón cuatrocientos pesos”.
El vocero también aseguró que, tras los incidentes y las declaraciones oficiales, no recibió llamados formales ni informales por parte de las autoridades provinciales. “Estamos completamente a la espera de que se comuniquen para poder mantener un diálogo”, sostuvo, y señaló que los policías autoconvocados continuaron reuniéndose para definir los pasos a seguir.
Desde el Gobierno provincial, Cococcioni reiteró que se encuentra dispuesto a dialogar sobre salarios, jornadas de trabajo y condiciones laborales, pero insistió en que no se negociarán medidas que afecten el despliegue de seguridad ni el patrullaje en las calles.
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