El Gobierno acelera el trabajo en comisiones de Ley Penal Juvenil y espera tener media sanción la próxima semana

El oficialismo planteó el cronograma en la Cámara de Diputados para avanzar en la reforma de la Ley Penal Juvenil que tiene como eje central la baja de la edad de imputabilidad. Durante un encuentro que se realizó ayer en la presidenta de la Cámara de Diputados, Martín Menem les dijo a los presidentes de los bloques que tienen plazo hasta mañana para presentar el listado de los miembros de cada una de las fuerzas que conformarán las comisiones de Justicia, Familia, Niñez y Juventudes, Relaciones exteriores y Mercosur. Asimismo, se anunció que el primer tema a tratar será la ⁠Reforma del régimen Penal Juvenil.

Pero mientras el oficialismo plantea el armado de las comisiones, la oposición pide que el Ejecutivo envíe al Congreso los proyectos de ley, en especial el que se refiere a la edad de imputabilidad. Fuentes del oficialismo consultadas por Infobae señalaron que, como parte de la estrategia parlamentaria, no se enviará el proyecto de ley con anticipación sino que “aparecerá” el mismo día que se realice el plenario. “Ese día -que está establecido para el miércoles de la semana que viene- un miembro del oficialismo oficiará de ‘representante’ del proyecto que se sumará a los ya existentes”.

La idea de los libertarios es replicar el proyecto que durante las sesiones ordinarias del año pasado obtuvo dictamen pero perdió estado parlamentario. Ese texto planteaba originalmente bajar la edad de imputabilidad a 13 años pero el consenso entre los diputados le había puesto un piso de 14 años. “Vamos a ir por los 14 años ese es el consenso al que se llegó el año pasado con los aliados”, agregaron en referencia al posicionamiento del PRO, la UCR y la Coalición Cívica y que ya adelantaron que no modificarán. “Vamos a ir por los 14 años ese es el consenso al que se llegó el año pasado con los aliados”, agregaron en referencia al posicionamiento del PRO, la UCR y la Coalición Cívica y que ya adelantaron que no modificarán.

Otro punto que también respetará LLA es al acuerdo por el cual se había reducido de 20 a 15 años de prisión efectiva la pena máxima para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro.

La expectativa es que se consiga dictamen de mayoría del oficialismo en el plenario de Presupuesto, Justifica y Familia. En la primera comisión el oficialismo tiene 20 diputados sobre 49 y, junto a los socios, suma 10 más. Para tener el dictamen de mayoría hay que tener la mitad más uno, por lo que el oficialismo tiene 48 firmas propias y con solo 10 más que provengan de los aliados ya conseguiría el dictamen.

Con estos números en la cabeza el oficialismo ya adelantó que buscará dictaminar el mismo miércoles 11 -mientras en paralelo el Senado debata la Reforma Laboral- y el jueves 12 de febrero ir al recinto en busca de la media sanción. Otro punto que se definió ayer en el encuentro entre los presidentes de todos los bloques es el del financiamiento de la norma. En el proyecto original que había enviado el Ejecutivo no se hacía referencia ni al costo fiscal de la medida así como tampoco cómo se iba a financiar.

“Lo que el gobierno habilitó es que se va a agregar un apartado presupuestario a raíz de los reclamos de las provincias. Los gobernadores planteaban que el gasto extra que implica la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil sea costeado por Nación. La Casa Rosada se comprometió a habilitar que las provincias hagan convenios con Nación para saldar la diferencia entre el sistema actual y el nuevo", aseguraron.

Cómo será el nuevo Régimen Penal Juvenil

El nuevo régimen establecerá el 14 años el mínimo de punibilidad y la condena máxima será de 15 años sólo para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro. La privación de libertad sólo se aplicaría como último recurso, por lo que la prioridad serán las penas alternativas como tareas comunitarias, prohibiciones de aproximación con las víctimas o medidas de reparación del daño causado.

A su vez, se pondrá especial énfasis en la creación de institutos especiales donde los menores condenados tuvieran garantizado el derecho a ser educados, a recibir atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Todo el personal de los centros de detención debía estar especializado en infancia y adolescencia. A su vez, quedaba terminantemente prohibida cualquier tipo de convivencia con detenidos mayores.

Entre las penas alternativas a la prisión se establece la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y la prohibición de conducir vehículos. La posibilidad de reemplazar la prisión por penas alternativas está prevista en delitos cuya pena de prisión sea de hasta 3 años, o de hasta diez años si no hubo muerte ni violencia grave, siempre con dictamen favorable del Ministerio Público Fiscal y tras escuchar a la víctima. Además, se habilitará la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves, con intervención obligatoria de todas las partes y consentimiento expreso de la víctima.

Como medidas complementarias se incluyen programas educativos, de formación ciudadana, capacitación laboral, actividades culturales y deportivas, asistencia psicológica y médica, y prohibición de consumo de alcohol y estupefacientes, entre otras. El cumplimiento de estas medidas deberá ser controlado por un supervisor especializado, designado por el juez, con formación en educación, psicología, trabajo social o adicciones.

Además, el proyecto contempla intervenciones especializadas para abordar situaciones de salud mental, consumo problemático de sustancias y entornos familiares violentos. En caso de requerir internación, se debía notificar al juez civil competente para asegurar el seguimiento adecuado del caso.