La Conferencia Episcopal Argentina expresó este sábado su posición sobre la iniciativa del Gobierno que promueve la baja de la edad de imputabilidad penal para menores. En un comunicado firmado por los integrantes de la Comisión Ejecutiva, la entidad sostuvo que estas propuestas no deben considerarse como la única respuesta ante los delitos que involucran a jóvenes.
De acuerdo con el texto difundido, la Iglesia Católica manifestó su cercanía con las familias y comunidades que son víctimas de hechos delictivos. Sin embargo, advirtió que centrar el debate público en la edad de los menores imputables puede omitir aspectos fundamentales relacionados con la prevención, la educación y el acompañamiento.
El documento, titulado “Más oportunidades que penas”, cita interrogantes planteados en marzo de 2025 por la Pastoral Social de la misma Conferencia, entre ellos: “¿Dónde van a recluir a los menores si se concreta la baja de la edad de imputabilidad?” y “¿Qué alternativas reales existen para educarlos y reinsertarlos socialmente?” Asimismo, se pregunta por las condiciones y los dispositivos disponibles en las provincias para alojar a adolescentes y jóvenes que delinquen, así como por la efectividad de las instituciones penitenciarias para abordar el problema.
La Conferencia Episcopal reafirmó la convicción de que es “imprescindible un régimen penal juvenil y adolescente que tenga una mirada humana, integral y abierta a la esperanza”.
El pronunciamiento hace referencia a la figura de san Juan Bosco y los 150 años de presencia salesiana en la Argentina. Según el comunicado, el sistema educativo impulsado por este referente se basa en la cercanía de los adultos, el trabajo, la educación y la vida comunitaria como herramientas de desarrollo.
Los obispos integrantes de la Comisión Ejecutiva subrayaron la necesidad de fortalecer políticas educativas y comunitarias, además de focalizarse en la construcción de alternativas preventivas. También señalaron que la prevención requiere del acompañamiento de las familias, una comunidad comprometida y la intervención de un Estado presente.
El comunicado fue firmado por Marcelo D. Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina; ángel S. Card. Rossi, arzobispo de Córdoba y vicepresidente primero; Cesar Daniel Fernández, obispo de Jujuy y vicepresidente segundo; y Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro y secretario general.
El proyecto que el Gobierno envió para que se debata en el Congreso
El Gobierno nacional incluyó en las sesiones extraordinarias del Congreso la discusión sobre la reducción de la edad de imputabilidad penal para adolescentes, en un contexto marcado por el impacto social del crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe, cuya principal sospechosa es una menor de 16 años. Desde el Ejecutivo consideran que esta reforma busca “alinear” la legislación argentina con la mayoría de los países de la región, donde la responsabilidad penal comienza a edades más tempranas, como ocurre en Chile, Colombia y Perú con 14 años, y en Brasil y México con 12 años.
Tras el recambio legislativo, el dictamen sobre el asunto perdió estado parlamentario y, como resultado, el debate debe reiniciarse desde cero. Sin embargo, referentes de La Libertad Avanza adelantaron que están dispuestos a retomar la mayor parte de los consensos alcanzados en la discusión previa, incluida la redacción avalada por el PRO, la UCR y bloques provinciales.
Uno de los aspectos centrales del proyecto es el establecimiento de 14 años como la edad mínima de responsabilidad penal, una cifra acordada tras presiones de aliados como el PRO y la UCR. La iniciativa define una pena máxima de 15 años de prisión exclusiva para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro, priorizando, para los delitos con sanción de hasta tres años, alternativas a la privación de libertad como tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento a la víctima o reparación del daño. La privación de libertad queda limitada a casos extremos y como recurso final, reservándose el encarcelamiento para situaciones graves, prohibiendo en cualquier caso la reclusión perpetua, aun en concurso de delitos.
El proyecto contempla la creación de institutos especiales para menores condenados, garantizando el acceso a la educación, atención médica y tratamiento en casos de adicción. Además, establece que el personal encargado se especialice en infancia y adolescencia, e impone la prohibición absoluta de coexistencia entre menores y presos adultos.
Este criterio desató controversias con los gobernadores, quienes solicitaron partidas presupuestarias específicas del Gobierno nacional para levantar las nuevas instalaciones. Entre las penas alternativas a la prisión se incluyen la amonestación, la prohibición de acercamiento a las víctimas, la prestación de servicios comunitarios, el monitoreo electrónico, la reparación integral del daño, la prohibición de concurrir a determinados lugares y de conducir vehículos.
El reemplazo de la cárcel por estas herramientas se permite en casos cuya pena no exceda los tres años de prisión, o los diez años si no se produjo muerte ni violencia grave, siempre que exista dictamen favorable del Ministerio Público Fiscal y se escuche la opinión de la víctima. También se habilita la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil para infracciones leves, con intervención obligatoria de todas las partes y el consentimiento expreso de la víctima. Además, se incluyen medidas complementarias como programas educativos, capacitación laboral, actividades culturales y deportivas, asistencia psicológica y médica, junto con la prohibición del consumo de alcohol y estupefacientes. El cumplimiento queda bajo la órbita de un supervisor especializado designado por el juez, con formación acreditada en áreas como educación, psicología, trabajo social o adicciones.
La propuesta prevé intervenciones específicas en casos de salud mental, consumo problemático o contextos familiares violentos, asegurando la notificación del juez civil ante eventuales internaciones. Para resguardar la identidad de los menores involucrados, el texto prohíbe la difusión de sus datos personales, salvo renuncia explícita de este derecho, e impone la intervención inmediata de una asesoría tutelar y la comunicación a los padres o responsables desde el inicio del proceso.
Además, el dictamen de mayoría incorpora un capítulo particular para la atención de inimputables, delineando el rol de equipos interdisciplinarios y organismos protectores de derechos, y contempla la responsabilidad civil de los padres por los hechos cometidos por sus hijos. Por otro lado, otorga a las víctimas acceso gratuito a patrocinio jurídico, asistencia psicológica y social, posibilidad de participar en mediaciones y el derecho a ser informadas y escuchadas durante todo el proceso.
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