La Armada Argentina desplegó todos sus recursos en el marco de la Operación Mare Nostrum VII, una acción destinada a prevenir la pesca ilegal, proteger los recursos naturales y fortalecer la presencia del Estado en áreas marítimas estratégicas. El operativo se desarrolla en un contexto de creciente concentración de buques pesqueros extranjeros en las inmediaciones del límite exterior de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA), una situación que exige una respuesta coordinada y sostenida para asegurar la vigilancia y el control del mar.
La Operación Mare Nostrum VII forma parte de una política continuada, orientada a fortalecer la soberanía en el Atlántico Sur y minimizar el riesgo de incursiones ilegales por parte de embarcaciones que operan cerca de la jurisdicción nacional. El control operacional está a cargo del Comando Conjunto Marítimo, dependiente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, encargado de articular y supervisar los despliegues en zonas de interés estratégico.
El operativo se ejecuta en respuesta a la fuerte concentración de flotas pesqueras extranjeras, especialmente durante la temporada de zafra del calamar, cuando la cercanía de buques a la ZEEA aumenta el riesgo de actividades no autorizadas. Las operaciones Mare Nostrum tienen como objetivos centrales incrementar la vigilancia, mejorar la detección temprana de infracciones y disuadir conductas ilegales mediante una presencia permanente de medios navales y aeronavales.
En la séptima edición del operativo participan unidades de superficie y aeronaves de vigilancia y exploración marítima de la Armada Argentina. Entre los recursos destacados figura el patrullero oceánico ARA “Contraalmirante Cordero”, perteneciente a la División de Patrullado Marítimo del Área Naval Atlántica, responsable de la identificación, seguimiento y control de los buques que operan en las inmediaciones de la ZEEA.
La operación cuenta también con el apoyo de una aeronave P-3C Orion, de la Escuadrilla Aeronaval de Exploración, dedicada a vuelos de Vigilancia y Control de los Espacios Marítimos (VCEM) sobre extensas áreas del Atlántico Sur. Estos patrullajes permiten detectar agrupaciones de embarcaciones, monitorear sus trayectorias y ampliar la cobertura del sistema de control, optimizando la vigilancia y la capacidad de reacción ante posibles infracciones.
La combinación de medios navales y aeronavales expande la conciencia situacional en el mar, permite cubrir mayores áreas en menor tiempo y facilita la obtención de información precisa sobre los movimientos de las flotas en zonas sensibles. El despliegue de estos recursos refuerza la capacidad del Estado para actuar en defensa de los intereses nacionales y proteger el patrimonio natural ante el avance de la pesca ilegal.
Si bien la Armada aporta los medios y el personal, la operación Mare Nostrum VII se ejecuta bajo la coordinación del Comando Conjunto Marítimo, que tiene la responsabilidad de coordinar las acciones de vigilancia y control en el marco del Sistema de Defensa Nacional. Esta estructura permite integrar capacidades de distintas fuerzas y articular tareas con otros organismos estatales, como las autoridades pesqueras, para la detección y el seguimiento de posibles infracciones a la legislación vigente.
El control del Mar Argentino tiene una importancia estratégica en términos económicos, ambientales y de soberanía. La protección de los recursos vivos, el monitoreo del tráfico marítimo y la vigilancia de áreas próximas a la ZEEA resultan fundamentales para el ejercicio efectivo de la jurisdicción nacional. La continuidad de las operaciones Mare Nostrum constituye un esfuerzo sostenido por mantener una presencia activa, fortalecer la capacidad estatal de control y reafirmar los intereses marítimos argentinos frente a un escenario regional e internacional en permanente cambio.
Las acciones desarrolladas en el marco de la operación incluyen la identificación y control de buques, patrullajes regulares, monitoreo aéreo y relevamiento de información en las zonas de mayor riesgo. La articulación entre recursos navales y aéreos, junto con la coordinación interinstitucional, permite optimizar los resultados y consolidar la política de protección de los recursos naturales y la soberanía en el Atlántico Sur.
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