
Un médico residente del Hospital San Martín de La Plata fue suspendido este lunes por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires tras la viralización de mensajes antisemitas y de extrema violencia difundidos en la red social X (ex Twitter).
El episodio, que generó repercusión en el ámbito sanitario y judicial, involucró a Miqueas Martínez Secchi, quien quedó además bajo investigación administrativa y judicial. La denuncia penal recayó en el Juzgado Federal N° 6 de Comodoro Py y fue presentada por el abogado Jorge Monastersky, quien también exigió la urgente inhabilitación profesional del acusado.
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De acuerdo con lo comunicado por Nicolás Kreplak, ministro de Salud bonaerense, “cualquier mensaje agresivo o de falta de respeto por la vida humana es incompatible con la práctica sanitaria y particularmente de la medicina”. El funcionario provincial confirmó que el médico fue suspendido de sus funciones y que el caso se encuentra bajo un proceso de investigación administrativa y judicial. Se llevará a cabo una evaluación ética, técnica y profesional que determinará si corresponde o no su reintegro a la formación.
La denuncia contra Martínez Secchi se originó luego de que el analista internacional Daniel Lerer expusiera en X una serie de publicaciones con contenido considerado de extrema violencia y antisemitismo. Entre los mensajes viralizados, uno fue especialmente señalado por su gravedad: “No hay que cortarles el prepucio. Hay que cortarles las yugulares y las carótidas de lado a lado”. Esta declaración, considerada una incitación explícita al homicidio, fue motivo de rechazo en distintos sectores y motivó la presentación judicial.
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El abogado Jorge Monastersky, en diálogo con el programa La Mañana de El Observador, sostuvo que “la permanencia del acusado en un área crítica como la terapia intensiva representa un peligro latente”. Monastersky planteó en la entrevista: “¿Con qué tranquilidad una persona que es de la colectividad judía se va a dejar atender con esa persona?”. El letrado fue enfático al solicitar la expulsión inmediata y permanente del profesional del sistema de salud provincial.
El contexto del mensaje alude a la tradición judía de la circuncisión al octavo día de vida de los niños varones. “Esto tiene que ver con la tradición judía; al octavo día a los hijos varones se les hace la circuncisión. Entonces, bajo el conocimiento médico, lo que dice es directamente que hay que asesinarlos, porque cuando habla de la carótida es dar muerte”, explicó Monastersky durante la conversación radial.
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La presentación penal, que quedó a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, solicita la investigación de los hechos bajo la presunción de instigación a cometer delitos, apología del crimen y violación de la Ley Antidiscriminatoria (23.592).
Monastersky señaló que “estos dichos no pueden ampararse bajo la libertad de expresión”, y reclamó a las autoridades bonaerenses la inhabilitación urgente del médico, advirtiendo sobre el riesgo para la población judía bajo su atención.
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El comunicado de Kreplak remarcó que la salud es “uno de los bienes esenciales de la sociedad” y consideró indispensable “ser tajante en contra de todo hecho de discriminación y de racismo”. El ministro agregó que el mismo repudio y accionar inmediato corresponde ante cualquier caso de racismo contra comunidades mapuches, originarias, islámicas o cualquier etnia, identidad sexual o religiosa.
La repercusión en redes sociales fue inmediata. El perfil público de Martínez Secchi generó contradicciones, ya que él mismo se presentaba como defensor de la universidad pública y exhibía con orgullo su título de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
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En publicaciones previas, reivindicaba su formación en hospitales públicos y su tarea como docente. Ese discurso contrastó con el mensaje que motivó la denuncia y la suspensión. Tras la viralización de los mensajes y la exposición pública, Martínez Secchi eliminó su cuenta (@Miqveas), aunque las capturas ya habían sido preservadas por Lerer y adjuntadas como prueba documental en la causa.
La cartera sanitaria bonaerense informó que el proceso de investigación administrativa avanza de manera coordinada con el comité ético y técnico del hospital, mientras la Justicia federal analiza las implicancias penales del caso.
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