El Gobierno rechaza las críticas de la oposición e insistirá en tratar la reforma laboral en el Senado

Pese a las críticas de un sector de la oposición, el Gobierno insiste en dar inicio al debate por la Reforma Laboral en la Cámara de Senadores y contraargumenta que cuenta con jurisprudencia que los respalda en la decisión. “El eje de la Reforma Laboral no está puesto en las cuestiones impositivas. Tiene más de 200 artículos”, precisó una importante fuente a Infobae.

Al respecto, un funcionario al tanto del debate precisó que la definición se ampara en el artículo 77 de la Constitución Nacional que prevé que “las leyes pueden tener principio en cualquiera de las Cámaras del Congreso, por proyectos presentados por sus miembros o por el Poder Ejecutivo, salvo las excepciones que establece esta Constitución (...)”. Sobre este último punto, aclaró que las excepciones contenidas en el artículo 52, establecen que la Cámara de Diputados corresponde exclusivamente la iniciativa de las leyes sobre “contribuciones”.

Sin embargo, aseguran que hay varias versiones en la biblioteca que rebaten los argumentos esgrimidos por los opositores que postulan Diputados como cámara de origen. Para eso recuperan lo planteado por el jurista Segundo Linares Quintana, que retoma al ex ministro de Justicia Joaquín V. González, al sostener que “se puede iniciar en el Senado todo proyecto que no cree o aumente contribuciones, sino que las elimine o reduzca”.

Asimismo, detectan como antecedentes más cercanos el tratamiento del Impuesto a los Bienes Personales que inició por la Cámara Alta y que conquistó la sanción en diciembre de 2022. La Ley N° 27.667, que -destacan- contó con los votos de los senadores Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti y José Mayans, aumentó el monto del mínimo no imponible para abonar el impuesto, número que se actualiza por IPC.

Luego de que el diputado de Provincias Unidas Esteban Paulón cuestionara el ingreso del proyecto por la Cámara de Senadores, algo que replicaron otros legisladores como Guillermo Michel (Unión por la Patria) y Carolina Moisés (Convicción Federal), por los pasillos de Balcarce 50 sostienen que la Corte Suprema se expidió sobre le tema en un fallo del año 1948 que les da la razón.

“Podía ingresar por el Senado una norma que, si bien se vinculaba con contribuciones, formaba parte de un cuerpo normativo que no era esencialmente tributario”, planteó una fuente del Ejecutivo sobre el principio de legalidad en materia tributaria, y sumó: “La Corte no interpretó el entonces artículo 44, actual artículo 52, como una regla genérica para todo proyecto que se vincule con lo impositivo, sino que admitió que cuando su objeto principal no era sobre contribuciones, podía iniciar el proceso de formación de la ley por la Cámara Alta”.

En Balcarce 50 aseguran que la práctica institucional indica que el artículo 52 debe ser interpretado no como una regla general para todas las leyes que tengan alguna norma vinculada a impuestos, “sino para aquellas que creen o aumenten contribuciones o cuyo objeto principal sea el tributario”.

Algo similar esgrimen desde el entorno de la exministra que protagoniza las negociaciones con los bloques aliados. “No vamos a tener problemas en mantenerlo en el Senado”, plantearon, y sumaron: “No hay creación de impuestos. Quieren hacer interpretaciones raras que no tienen lugar”.

Por su parte, Michel explicó en X por qué el proyecto del gobierno debe tener a Diputados como cámara de origen. Aunque concedió que hay dictámenes de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta que avalaron que leyes tributarias ingresen por el Senado, repuso dos ocasiones que le marcaron límites constitucionales.

El 18 de agosto de 1985 se precisó en un dictamen que el proyecto en cuestión “no signifique nueva carga impositiva para otros contribuyentes”, mientras que el 5 de mayo de 1999 se estableció que la norma “no genere indirectamente para otros contribuyentes cargas impositivas nuevas”.

Para Michel, el título XXIV de la reforma laboral de Milei respeta ese criterio, a excepción del artículo 186, que “sustituye el undécimo párrafo del artículo 25 de la Ley de Impuesto a las Ganancias y establece que los quebrantos generados en los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1° de enero de 2025, inclusive, se actualizarán por el IPC del INDEC”.

“En los hechos, esto genera un beneficio en materia de ajuste por inflación únicamente de los quebrantos a contribuyentes que inicien ejercicios a partir del 1º de enero de 2025 y genera una carga fiscal adicional, de dicho beneficio, para los contribuyentes por otros ajustes que están incorporados en el segundo párrafo del artículo 93 de la ley de impuesto a las ganancias, como ser los de ajuste por inflación de los costos de bienes muebles (artículo 62 LIG), inmuebles (artículo 63 LIG), Operaciones de enajenación de acciones (artículo 98 LIG) y/o Enajenación y transferencia de derechos sobre inmuebles (artículo 99 LIG), entre otros”, completó.

Lo cierto es que, de espaldas a las críticas, los planes del presidente Javier Milei no se modificarán y la próxima semana, la flamante senadora Patricia Bullrich dará inicio al tratamiento al proyecto de “modernización” laboral con la intención de obtener media sanción durante el mes de diciembre.

Si bien los tiempos apremian, hay varias voces entre las filas violetas que creen que podría darse la aprobación del proyecto que diseñó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en coordinación con su par de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero.

Con el objetivo fijado, Bullrich ya trabaja en la suma de voluntades necesarias para conquistar los primeros éxitos legislativos de la segunda mitad de la gestión. En el mejor de los escenarios planteados en la administración libertaria, los más optimistas calculan que en la Cámara Alta cuentan con 40 acompañamientos mientras que en Diputados, el piso es de 135 voluntades lo que daría lugar a la sanción de la norma sin grandes preocupaciones debido a que se necesita mayoría.