Gobierno de Laura Fernández endurece el régimen penitenciario: eliminarán televisores en celdas, prohibirán visitas íntimas entre reclusos y trasladarán a líderes criminales

Con un discurso enfocado en el combate a la criminalidad organizada y el fortalecimiento de la autoridad del Estado, el Gobierno de Costa Rica presentó este jueves un paquete de ocho acciones que transformarán de manera inmediata el funcionamiento del sistema penitenciario nacional.

Las medidas fueron anunciadas por el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, durante la conferencia semanal encabezada por la presidenta de la República, quien respaldó cada uno de los cambios y aseguró que el Poder Ejecutivo recuperará el control absoluto de las cárceles.

La primera decisión consiste en el retiro inmediato de todos los televisores instalados en las celdas de los privados de libertad en todos los centros penitenciarios del país. Según explicó el ministro, la orden será ejecutada por la Policía Penitenciaria como parte de una estrategia para endurecer las condiciones dentro de las prisiones.

El segundo anuncio establece la prohibición total de las visitas íntimas entre personas privadas de libertad. Esto significa que dejarán de realizarse los traslados de reclusos entre distintos centros penales para encuentros conyugales, una práctica que, según el Gobierno, implicaba el uso de recursos públicos para movilizar a internos bajo estrictas medidas de seguridad.

Durante la presentación, la presidenta manifestó su sorpresa al conocer que el Estado financiaba el traslado de mujeres privadas de libertad desde el Centro de Atención Institucional Vilma Curling Rivera, conocido como Buen Pastor, hacia otros centros penitenciarios para sostener visitas íntimas con sus parejas.

El ministro aclaró que la prohibición aplicará tanto para parejas heterosexuales como para parejas del mismo sexo y adelantó que la modificación será implementada mediante un decreto ejecutivo que esperaba quedara listo para firma en los próximos días.

Como tercera medida, el Ministerio de Justicia prohibirá que una misma persona civil pueda realizar visitas íntimas a más de un privado de libertad. La decisión surge luego de detectar casos en los que un visitante mantenía autorizaciones simultáneas para ingresar a varios centros penitenciarios.

El jerarca reveló incluso que existe una persona identificada que realizaba visitas íntimas a cuatro privados de libertad distintos, situación que calificó como inadmisible y que, a juicio del Gobierno, evidencia fallas en los controles administrativos aplicados por el personal encargado de validar estos permisos.

Ante esta situación, también se ordenó la apertura de investigaciones disciplinarias contra los funcionarios que aprobaron dichas autorizaciones.

El cuarto anuncio contempla la reubicación inmediata de los privados de libertad considerados líderes de los distintos ámbitos penitenciarios, conocidos popularmente dentro del sistema como “jachudos”. La intención es trasladarlos a otros centros donde pierdan la influencia y el control que ejercen sobre otros internos.

La quinta disposición ordena la rotación inmediata de todos los directores de los centros penales del país, con el propósito de evitar que permanezcan durante largos periodos en un mismo establecimiento y se generen relaciones que puedan comprometer la administración penitenciaria.

A esta decisión se suma la sexta medida, que instruye la rotación y sustitución inmediata de los oficiales penitenciarios asignados al módulo de máxima seguridad del Centro de Atención Institucional La Reforma.

Como séptima acción, la Unidad de Inteligencia Penitenciaria trabajará de manera conjunta con la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) para analizar el patrimonio, el estilo de vida y posibles enriquecimientos injustificados de funcionarios penitenciarios. Cuando existan indicios de conductas irregulares, la información será trasladada a las autoridades judiciales para la apertura de las investigaciones correspondientes.

Finalmente, el Gobierno anunció que cualquier funcionario penitenciario —ya sea técnico, policía o jefe— que sea sorprendido introduciendo drogas, objetos ilícitos o colaborando con organizaciones criminales será recluido en el Centro de Atención para Personas Privadas de Libertad de Alta Contención (CACCO), al considerar que forma parte de estructuras delictivas.

El ministro envió un mensaje directo sobre la política que seguirá la administración en materia penitenciaria.

“En las cárceles manda el Gobierno, manda el Poder Ejecutivo. No mandan las bandas criminales, ni los funcionarios corruptos”, afirmó, al sostener que las nuevas medidas buscan recuperar plenamente la autoridad del Estado dentro del sistema penitenciario.

La presidenta respaldó el anuncio y reiteró que las decisiones responden a la necesidad de reforzar el control institucional y combatir cualquier espacio de influencia del crimen organizado dentro de los centros penales.