Un diputado denunció opacidad y conflicto de intereses en la elección del Defensor del Niño

Se trataba de la última reunión plenaria de la Comisión Bicameral que postulará un candidato a ocupar el cargo de Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes antes de la ponderación final de los postulantes. El concurso se inició hace un par de meses.

Setenta candidatos aprobaron el examen escrito; un primer reclamo de Nicolás Mayoraz, diputado por Santa Fe de LLA, apuntaba a que los exámenes no fueron publicados, como corresponde en un concurso público.

A lo largo de la hora y media que duró el encuentro, a cada objeción del diputado, la réplica fue esencialmente de indignación ante las sospechas de falta de transparencia y de autoelogio al trabajo de la comisión; algo que por supuesto no exime de responder a las objeciones ni de cumplir con todos los requisitos de transparencia. Pero las respuestas a los cuestionamientos se hicieron esperar y en general fueron eludidas.

La reunión tenía por objeto aprobar los lineamientos con los cuales se atribuirá el puntaje a cada instancia del concurso: examen, antecedentes, plan de trabajo y comparecencia ante la comisión. Todas esas etapas ya se cumplieron; lo llamativo es que la aprobación de los lineamientos se hiciera a posteriori de todo el trámite, recién el miércoles pasado, a cinco días de definir un candidato, lo que se haría el lunes 22 de septiembre.

Esa irregularidad no solo no fue respondida, sino que la presidente de la Comisión Bicameral, Natalia Sanapura (UCR, Jujuy), avanzó con la agenda e hizo aprobar los lineamientos y otros puntos del temario.

”Estos lineamientos los mandan ahora, ¿no es cierto?”, fue la primera pregunta de Mayoraz que luego se explayó sobre el tema: “A mí no me parece claro, ni regular, ni correcto que a último momento y cuando ya están las cartas sobre la mesa y ya tienen los favoritos, establecer ahora los lineamientos para la ponderación final. Esto había que hacerlo el primer día. Los postulantes tenían derecho a conocer cómo se iban a ponderar los puntajes que obtenían. Es muy poco serio a los fines de la transparencia que reclama la sociedad”.

No se privó Mayoraz de insinuar que el concurso “está hecho a la medida” de candidatos favoritos.

Sanapura replicó que la forma en que se iba a evaluar a los postulantes estaba en el reglamento “que está aprobado y eso no lo vamos a modificar”. Aseguró que el reglamento “es claro”. “Que no estén de acuerdo no significa que lo tengan que invalidar, poniendo en duda la buena fe, el accionar, de los que estamos en este proceso”.

El senador Daniel Bensusan tomó la palabra para expresar su indignación ante las críticas: “Diputado Mayoraz, no le voy a permitir que me venga a decir que yo y mis compañeros hemos tenido un proceso que no ha sido transparente y que ya tenemos los nombres. Es una falta de respeto”, y lo conminó: “Déjese de joder”, además de acusarlo de buscar “trabar el procedimiento”. “No voy a permitir que se mancille el trabajo que hemos hecho acá”, que aseguró fue “impecable”.

Sin embargo, Mayoraz retomó el hilo y sumó más críticas al desarrollo del concurso. “Los exámenes escritos nunca se publicaron ni se les permitió a los otros concursantes conocer cuál fue el criterio o cómo se evaluó a otros. Es una regla básica de los concursos. Es lo que se llama imparcialidad, es decir, corroborar que mi examen fue corregido con los mismos criterios que el del otro”. También señaló que “no se publicaron las notas de los que aprobaron ni el orden de mérito”, tampoco “los currículum vitae de los concursantes”, es decir, “los antecedentes laborales y la formación de cada candidato”.

También objetó las preguntas hechos a los candidatos porque “fueron dispares, con criterios de prejuicio”. Ejemplificó: “A las personas opuestas al aborto, se les preguntaba sobre la ley de aborto y a los demás ninguna en el mismo sentido”.

Lo curioso fue que, poco después, la legisladora que formulaba reiteradamente esa pregunta (sobre el caso hipotético de una niña de 11 años violada y embarazada, el argumento clásico de todas las campañas de legalización del aborto), dijo: “Acá se está queriendo plantear si es celeste o verde (el candidato) y es el peor error que podemos cometer”.

Finalmente, Mayoraz apuntó a un conflicto de intereses: “Una integrante del Consejo Asesor, Nora Pulido, es madre de María Colombo, que trabaja en la Defensoría. Nunca fue puesta en conocimiento de esta Comisión esa situación. Y vaya casualidad, hay seis postulantes y por lo menos tres con chances de acceder al cargo, que trabajan en la Defensoría. Uno de ellos, tengo entendido que es el jefe de María Colombo. Esa situación debió ser puesta en conocimiento de la Comisión, porque eso hace también a la independencia y a la transparencia”.

La Presidente de la Bicameral negó estar en conocimiento de esa situación, contra lo que afirmaba Mayoraz, pero el dato tampoco le pareció relevante ni que afectara a la transparencia del proceso.

Se produjo el siguiente intercambio:

Mayoraz: La información que yo tengo es que usted sabía que Nora Pulido es la madre de una empleada de la defensoría.

Sarapura: ¿Pero cuál es el problema?

Mayoraz: ¿Cómo cuál es el problema? ¿Le parece perfecto que una persona del consejo asesor sea madre de una empleada cuando hay cuatro postulantes que llegan a la instancia final que trabajan en la Defensoría?

Y siguió: “Lejos de haber aquí transparencia, lo que ha habido siempre ha sido un manto de duda, que se ha aumentado por el hecho mismo de que ustedes no han respondido a los requerimientos ni a las impugnaciones”.

Sarapura propuso entonces “avanzar con el temario” y dejar para después la aclaración de las dudas, que atribuyó a la “falta de información, de seguimiento continuo del proceso”.

“Todo lo que se ha dicho, no sólo se puede aclarar, pero lo vamos a hacer en su momento”, dijo, y con 7 votos dejó constancia de la aprobación de los lineamientos, a pesar de las objeciones.

La senadora Estefanía Cora (Frente de Todos, Entre Ríos) agradeció “a los trabajadores y trabajadoras de esta Comisión Bicameral”, aludió a las “jornadas muy largas”, al “mucho compromiso” y al “interesante y rico mensaje” dado a la sociedad “de articulación, de consensos, de debates”.

Otros legisladores formularon reproches al diputado díscolo, como el de “querer entorpecer los procesos”, y su “falta de respeto a los concursantes, a las instituciones y a todos los miembros de la Bicameral” y de “falta de compromiso”.

Luego Sarapura hizo votar la resolución de la Bicameral respecto a las impugnaciones que consistió básicamente en rechazarlas todas. Y pasó al siguiente punto del orden del día, referido a la publicación de los CV de los postulantes, lo que generó un nuevo cruce con Mayoraz.

Invocando la Ley 25323 de Protección de datos personales, pidieron autorización a los postulantes para publicarlos.

“La publicidad es una regla fundamental -dijo Mayoraz-. Si una persona se somete a un examen voluntariamente, no puede ejercer el derecho a la intimidad, porque el escrutinio público está por encima del derecho a la intimidad. Es obligación de la Comisión publicarlo, no tiene ni que consultar eso. Porque si va a ocupar un cargo público, es un derecho de la sociedad conocer los antecedentes de esa persona”.

Y entonces elevó el tono de su crítica: “No solo hacen mal al publicarlos tarde y a tres o cuatro días de designar, sino que ya tienen el nombre, porque ustedes ya tienen el nombre”. Además dijo que también tenían “predesignados” a cuatro futuros adjuntos en la Defensoría, “aunque la ley dice que no los designa la Bicameral”.

Pese a estos señalamientos, Sarapura hizo votar la decisión de publicar sólo los CV autorizados.

“Votamos en contra -dijo Mayoraz-, porque todos los currículums se tienen que publicar”.

Luego sintetizó: “Esta ley se hizo para darle una pátina de objetividad, de profesionalismo a la designación de un defensor. No quisieron hacerse cargo del costo político de que las designaciones se hacen por acuerdos políticos. Lo que a mí me parece mal es el manoseo al cual se ha sometido a los candidatos en todo este proceso, para después terminar eligiendo a alguien en base a llamadas telefónicas, acuerdos hechos por fuera de la comisión, en base a lo que ustedes mismos reconocieron, consensos políticos. Entonces, la objetividad del examen, del currículum, de la trayectoria, del plan de trabajo, del desempeño en la audiencia pública, no sirve absolutamente para nada, porque están eligiendo al que se pusieron de acuerdo para elegir. Punto. No se elige al mejor".