Punto por punto: de qué se trata la ley de emergencia pediátrica que vetó el Gobierno

Este jueves por la madrugada, el presidente Javier Milei oficializó el veto a la Ley de Emergencia Sanitaria de Salud Pediátrica mediante un decreto. La norma, que contemplaba una recomposición salarial y un aumento presupuestario, había sido sancionada por el Senado el pasado 22 de agosto.

Ahora, deberá ser devuelta al Congreso de la Nación, donde quedará sujeta al tratamiento de ambas cámaras.

“El proyecto no solo carece de un financiamiento genuino, sino que posee una redacción ambigua que fomenta la arbitrariedad y la falta de claridad en los mecanismos de implementación”, expusieron desde el Gobierno, al respecto.

En esa línea, la iniciativa —que había obtenido 62 votos a favor y ocho en contra— consta de doce artículos que incluyen medidas de recomposición salarial, la garantía del funcionamiento del Hospital Garrahan y la derogación del nuevo sistema de residencias, entre otras disposiciones.

El primer artículo declara por un año la “emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales” debido a la “grave situación” que atraviesa el sistema de salud. De acuerdo con el texto, mientras dure este período, los programas de salud infantil y adolescente deben tener prioridad en la asignación presupuestaria.

La ley también especifica que tiene como objetivo asegurar el funcionamiento de los hospitales públicos de atención pediátrica, garantizar el acceso equitativo a las prácticas de alta complejidad para toda la población “que reside en cualquier parte del país, independientemente de su cobertura social”, y mantener la continuidad de los sistemas de residencias médicas y de formación de profesionales.

En tanto, establece la asignación “prioritaria e inmediata” de recursos para la atención pediátrica, incluyendo insumos críticos, infraestructura, medicamentos, vacunas y tecnologías. Además, exime al personal de salud del pago de Ganancias por horas extras, guardias o actividades críticas, y garantiza la recomposición salarial de quienes atienden a niños.

“Se incluye a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos. La recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre del año 2023″, agrega el texto en su artículo 3.

En relación al Hospital Garrahan, se lo declara como centro de salud de “referencia nacional” en la atención pediátrica de alta complejidad y se garantiza su “funcionamiento pleno y sostenido”. Además, la ley establece que el Poder Ejecutivo debe reasignar partidas presupuestarias del Ministerio de Salud, autoridad encargada de implementar la normativa.

El artículo 7 crea una comisión encargada de emitir informes trimestrales públicos sobre el cumplimiento de la ley. Finalmente, se prevé la derogación de la resolución 2.109, que regula el sistema de residencias.

Esta última normativa, publicada en julio, introdujo un sistema de elección optativa para quienes cursan el tramo final de su formación, permitiendo que cada residente decida bajo qué modalidad continuar. No obstante, también modificó sus condiciones laborales, transformando su relación de empleo en una de becario.

Por qué vetó la ley el Gobierno

Las autoridades argumentaron que la implementación de una ley de este estilo “profundiza distorsiones salariales, compromete programas esenciales, erosiona la coparticipación federal y pone en jaque la estabilidad presupuestaria de la Nación y de las Provincias”.

En el caso de las distorsiones salariales, las autoridades interpretaron que el personal pediátrico quedaría por encima del resto de los trabajadores del sistema sanitario, lo que provocaría una brecha en el sector. Incluso, indicaron que las actualizaciones propuestas no solo afectarían a los fondos nacionales, sino que socavarían a los gobiernos provinciales.

A la vez que objetaron al artículo que proponía una exención en el pago de Ganancias, debido a que esta medida implicaría que una suma de $115.030.000.000 dejen de ingresar al Tesoro Nacional, criticaron que el gasto público para solventar la ley tuviera que ser reasignado de la partida presupuestaria actual con la que cuenta el Ministerio de Salud de la Nación.

Previo a esto, la medida había sido fuertemente criticada por el Gobierno, debido al impacto fiscal que su aplicación representaría para las arcas del Estado nacional. Una postura que no se modificó con el paso de las semanas, ya que en los últimos días una fuente cercana a Casa Rosada anticipó a Infobae que la ley de emergencia pediátrica sería vetada.

“Como dijo el Presidente, se va a rechazar todo. No hay plata”, sostuvo uno de los integrantes del estrecho círculo íntimo presidencial, al hacer referencia a los $65.573 millones que tendría que desembolsar el Tesoro Nacional, según las estimaciones realizadas por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).