
En un nuevo miércoles de marchas en el centro porteño, se espera que diferentes agrupaciones confluyan en la zona del Congreso de la Nación para visibilizar diferentes reclamos. Mientras afuera se espera una nueva jornada de tensión, en la Cámara de Diputados se llevará a cabo una nueva sesión para tratar temas como el financiamiento universitario y los fondos para el hospital pediátrico Garrahan.
Justamente, uno de los grupos que se espera que se acerque desde las 11 de la mañana a las inmediaciones de la Plaza del Congreso es el que reúne a los trabajadores del Garrahan, entre los que están los profesionales médicos y trabajadores administrativos que están nucleados en ATE y en la Asociación de Profesionales y Técnicos del centro de salud.
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“Los trabajadores del hospital votamos en asamblea movilizarnos al Congreso para exigir la aprobación de la emergencia pediátrica, que incluye la recomposición salarial para todos los trabajadores y trabajadoras. Se tienen que eliminar todas las medidas de ataque a la salud pública de nuestro país”, dijo Alejandro Lipcovich, secretario general de ATE en el hospital.
Y agregó: “No se nos escapa que el Congreso y sus diputados le han dado la espalda a los reclamos populares cuando el gobierno de Milei ejerció presión”.
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En ese sentido, en la Cámara de Diputados se estará tratando un proyecto que busca mejorar la financiación en el centro de salud, que abrió un prolongado conflicto con el Ejecutivo y buscarán incluir la eliminación del concepto de “beca” para los nuevos residentes.
Quienes también estarán presentes son las agrupaciones de jubilados que habitualmente se concentran en el centro porteño. De hecho, en las últimas semanas, todas las movilizaciones terminaron con conflictos entre manifestantes y las fuerzas federales que custodian el edificio.
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Es por eso, que desde las 15, se espera que comience el reclamo formal por el veto al aumento de las jubilaciones que oficializó el Gobierno este lunes. De esta manera, con la medida que lleva la firma de Javier Milei, se da marcha atrás con el aumento real para todos los haberes y pensiones del 7,2% que había aprobado el Poder Legislativo.

El miércoles pasado se registraron enfrentamientos con la Policía de la Ciudad que bloqueaba la posibilidad de trasladar la movilización a la Plaza de Mayo. Todo el operativo terminó con siete detenidos y varias personas heridas.
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Además, a estos grupos, se sumarán las Abuelas de Plaza de Mayo que desde las 12 se concentrarán en las inmediaciones del Congreso para pedir por la preservación del Banco Nacional de Datos Genéticos.
“También pedimos la sanción de las leyes de emergencia para todos los sectores que están siendo vulnerados”, agregaron en el comunicado.

En este sentido, este martes se vivieron momentos de tensión en el centro de la Ciudad de Buenos Aires con empujones entre la Gendarmería y la Policía Federal con los manifestantes que pedían rechazar el veto a la ley de emergencia en discapacidad.
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“Me parece que es sumamente innecesario que traigan a las fuerzas armadas, a la Policía... Fijate cuántas fuerzas de la Ciudad hay acá. Acá hay personas amputadas, con parálisis cerebral... Estamos defendiendo derechos fundamentales de la Constitución que acá no se les está dando la plata necesaria”, explicó una manifestante en diálogo con el canal de noticias TN.

El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad emitió un comunicado en el que rechaza enérgicamente el veto presidencial. Desde la entidad preguntaron: “Presidente, ¿cómo se sobrevive sin trabajo ni ingresos? ¿Cómo se transita una vida digna sin los apoyos necesarios? ¿Cómo se responde desde el Estado a quienes dependen de estos dispositivos para vivir?” El documento sostiene: “Un veto total no es austeridad: es abandono. Es elegir excluir. Gobernar implica asumir responsabilidades con todos los sectores y no dejar en el olvido a quienes más lo necesitan”.
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Según el Foro, la emergencia en el área de discapacidad afecta a una diversidad de realidades. Describen que hay personas empleadas en talleres protegidos que actualmente perciben 28.000 pesos mensuales como ingreso. A su vez, resaltan que muchas personas aún esperan acceder a una pensión para contar con ingresos básicos y apoyos que les permitan condiciones de vida dignas. El comunicado advierte que también están en riesgo los servicios de acompañamiento integral y que numerosos prestadores enfrentan dificultades económicas que podrían llevarlos al cierre, dado que los aranceles no cubren costos esenciales de funcionamiento.
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