El usual e inventado receso de invierno finalizó y el Senado volverá, con pies de plomo, a reanudar la discusión sobre una potencial integración modificada de la Corte Suprema, la instancia final a la hora de resolver conflictos. La encargada del debate de mañana -14.30- es la comisión de Asuntos Constitucionales -en plenario con la de Justicia y Asuntos Penales-, sobre la que aún persiste la desconfianza en cuanto al manejo -y las verdaderas intenciones detrás- de la peronista cordobesa Alejandra Vigo.
La comisión ya acumula una batería de iniciativas que sugieren sostener los cinco actuales o aumentar a siete, nueve y hasta 15 magistrados. El último caso es similar al proyecto que aprobó el cristinismo en 2022 y quedó sepultado en Diputados. En los últimos 60 días, el kirchnerismo tuvo una serie de idas y vueltas en relación con este tema.
Hace menos de dos meses atrás y, en plena efervescencia de la condena –hoy firme y con prisión domiciliaria- contra Cristina Kirchner, el jefe del Frente de Todos en la Cámara alta, José Mayans, deslizó: “Vamos a trabajar para tener siete miembros. Vamos a acompañar la paridad en género, queremos un mínimo del 40% de mujeres en la Corte”. Con menos de 15 días de diferencia, su colega Juliana di Tullio (Buenos Aires) repitió la idea de 2020 de su autoría y del expresidente -y exlegislador- Adolfo Rodríguez Saá (San Luis). Su objetivo coincide con los recientes dichos de Mayans: ahora prefieren nueve.
“A efectos de asegurar la diversidad de género, la Corte Suprema de Justicia de la Nación no podrá integrarse por más de cinco (5) jueces del mismo género. Con el objeto de salvaguardar la diversidad en especialidades la composición deberá incluir, representantes de las siguientes áreas del derecho: civil, comercial, penal, trabajo, seguridad social, constitucional, contencioso administrativo y cualquier otra rama del derecho público y/o privado”, expresa la iniciativa.
En el mismo artículo se establece que “a los fines de garantizar la procedencia regional”, el máximo tribunal de Justicia del país estará compuesto “por integrantes de las distintas regiones del país: la región Patagónica, la región Cuyo, la región Centro, la región Norte Grande Argentino y la región Buenos Aires”.
“Si bien este proyecto tiene como objetivo ampliar el número de los integrantes de la Corte para reflejar en su integración las diversidades de género, especialidad y procedencia regional, resulta necesario también hacer hincapié en que en algún momento habrá que poner en debate en esta Cámara las formas y procedimiento de selección cuando surge una vacante”, opinó Di Tullio en los fundamentos del texto.
Advertencia desde mayo
El 28 de dicho mes, Asuntos Constitucionales concretó su primera reunión informativa. Allí, el peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta) advirtió: “Si no están de acuerdo los tres miembros del tribunal, no hay mayoría y hay que citar conjueces. ¿Cuál es el riesgo? Uno, es el aumento o dilación de las soluciones; y la otra, más grave, al ser gente que viene de otros tribunales, puede llegarse a cambiar la jurisprudencia histórica de la Corte en diversos temas”.
Romero es colega de Vigo en el interbloque Provincias Unidas, un espacio que viraría -de nuevo- siempre y cuando germine para diciembre la promocionada jugada de los últimos días de un puñado de gobernadores que intenta sortear los extremos que alimentan, sin cesar, la Casa Rosada y el kirchnerismo.
El salteño luego expresó: “Que la decisión la tomen magistrados que no tienen tan viva la necesidad de la tradición en los fallos puede llevar a que terminemos cambiando, de un día a otro, jurisprudencias aceptadas”. Y finalizó: “Hay algunos que dicen que aumentar el número genera inseguridad. Es posible, pero más grave es el hecho de que se pierda una línea de trayectoria en los fallos que nos haga previsibles. Y, sin justicia previsible, vamos a tener un riesgo de inseguridad para mucha gente”.
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