Fentanilo mortal: la pista narco de los laboratorios del clan García Furfaro y el “desvío” de 5 kilos de droga

El 10 de julio, el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak dicto la inhibición general de bienes de 24 personas vinculadas a los laboratorios Ramallo SA y HLB Pharma Group SA que elaboraron y comercializaron fentanilo de uso clínico contaminado con al menos dos bacterias y que se lo asocia a la muerte de al menos 54 pacientes. El 23 de mayo, ya se les había prohibido salir del país con el objetivo de “neutralizar, gradualmente, los riesgos procesales de peligro de fuga o entorpecimiento del descubrimiento de la verdad y, a la vez, de conservar los bienes que pudieran ser fruto de las actividades eventualmente delictivas bajo pesquisa”. En la cédula de notificación de 12 fojas que el magistrado envió a cada una de esas personas, no solo describe con lujo de detalles cómo se detectó la “contaminación bacteriana” de “FENTANILO HLB 31202 y 31244”, producidos en la última campaña del 18 de diciembre de 2024 en la sede del Laboratorio Ramallo para HLB Pharma; también incluyó una línea de investigación que abre la puerta al “desvío” al mercado ilegal de casi cinco kilos de citrato de fentanilo importado. Según los cálculos del mercado farmacéutico, una cantidad suficiente para producir el consumo médico de todo el país por más de cuatro años.

Por ese hecho, el Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Patricia Bullrich, entre otros organismos gubernamentales como la Mesa para la Prevención del Tráfico Ilícito y Uso Indebido del Fentanilo, integrada por la cartera de Seguridad, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Salud, la ANMAT y ARCA.

Según pudo reconstruir Infobae, ese último espacio interinstitucional se constituyó como instancia de intercambio crítico de información, evaluación conjunta de casos y diseño de acciones concretas de fiscalización. En este marco, según la documentación oficial en poder de este medio, “se llevaron a cabo nueve inspecciones conjuntas con la Dirección General de Aduanas a empresas importadoras y fabricantes de fentanilo, incluyendo intervenciones a HLB Pharma Group SA y Laboratorios Ramallo SA en marzo de 2024”.

Según describió el juez Kreplak en su cédula de notificación en esa inspección las autoridades establecieron que “HLB Pharma contaba con 4,5 kilos de citrato de fentanilo en sus instalaciones; mientras que Laboratorios Ramallo contaba con un total de 0,45 kilos de la sustancia”.

A renglón seguido el magistrado recordó que: “No obstante, ninguna de esas sumas fue hallada en los allanamientos realizados a ambas firmas el 15 de mayo de 2025”. Tampoco encontraron “registros que acrediten el destino dado a la sustancia”.

En una exposición espontánea presentada ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 3 de La Plata por Nilda Furfaro, la madre de Ariel García, aseguro que “la materia prima fue destruida bajo los estándares de la ley”.

La presunta destrucción del citrato de fentanilo y otros medicamentos- se habría realizado el 13 de mayo de 2025 a través de la empresa “MD Servicios S.R.L” un servicio por el cual se habría abonado la suma de $585.712. Toda esa información esta bajo investigación.

Un punto importante para destacar. Ese mismo día la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), a través de la Disposición 3158/25, “inhibió las actividades productivas de la firma HLB PHARMA GROUP S.A. con planta sita en Av. Tomkinson 2054, San Isidro, Provincia de Buenos Aires” a través de la cual: “Se prohíbe el uso, distribución y comercialización en todo el territorio de la República Argentina, de todos los productos registrados a nombre de la firma, hasta que se hallen las condiciones técnicas y sanitarias ara levantar la presente medida. Además, se inhiben las actividades productivas de la firma LABORATORIOS RAMALLO S.A. con planta sita en Ing. Agustín Rocca 530, Ramallo, Provincia de Buenos Aires”.

Las dos sociedades están vinculadas a Ariel García Furfaro, un empresario que, a través del gobierno kirchnerista de Alberto Fernández intentó distribuir en el país 50 millones de dosis de la vacuna rusa contra el COVID-19, Sputnik V, una operación que naufragó, entre otros hechos por los antecedentes penales de García Furfaro, quien estuvo dos años y siete meses presos en la Unidad 9 de La Plata por intento de homicidio. De hecho, se recibió de abogado en el presidio.

Su primer cliente fue un compañero de reclusión, Aníbal González Igonet, conocido como “El Loco del Martillo”, hasta ese momento, con casi 43 años tras las rejas, el preso más antiguo, acusado –y luego condenado– por asesino serial de mujeres. García Furfaro consiguió su liberación.

Ayer, en diálogo con Infobae el intendente de Rosario, Pablo Javkin, ciudad en la que se registró la mayor cantidad de fallecidos por el fentanilo contaminado (35 de los 54) afirmó que los dueños de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo SA mantienen lazos con el narcotráfico y anunció que se presentó como querellante en la causa que investiga la distribución de fentanilo contaminado.

El jefe comunal fue enfático: “Tienen vínculos con el narcotráfico”, y solicitó que se investiguen posibles desvíos de la sustancia al mercado ilegal.

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El alcalde se refería a que Ariel García, como abogado defendió a Jorge Salinas —ex propietario del laboratorio Apolo, vinculado al procesamiento por tráfico efedrina— y a Andrés Gerardo Lamboy, quien estaba asociado al depósito fiscal donde operaba Mario Segovia, alias “el Rey de la efedrina” condenado, entre otras causas por tráfico ilegal de esa sustancia.

El laboratorio Apolo explotó el 24 de junio de 2016. Los accionistas de ese laboratorio decidieron abrir otro laboratorio, que se llama Ramallo. La explosión del laboratorio Apolo profundizó las sospechas sobre esa firma.

Los directivos de Apolo, entre los que figuraban Marcelo Ferré, Jorge Gómez, Ariel García Furfaro, Damián García y Marcela Vozza, fueron acusados de “estrago culposo agravado y lesiones graves culposas”, ambos en concurso ideal y en carácter de autor.

El 20 de mayo de 2019 el juez Hernán Postma avaló un acuerdo entre los imputados y suspendió el juicio a prueba contra los acusados. La sanción fue llamativa: debían concurrir una vez a la semana a realizar la limpieza del Museo Justicialista. Los otros imputados, como García, García Furfaro y Vozza, fueron sobreseídos.