
Santa Fe se prepara para un momento sin precedentes: la única provincia de Argentina que no reformó su Carta Magna tras la Constitución Nacional de 1994 iniciará este lunes el proceso para actualizar su texto fundamental.
La Convención Reformadora comenzará sus sesiones el 14 de julio en la sede de la Legislatura provincial, con el objetivo de debatir, modificar y sancionar cambios en la Constitución actual, vigente desde 1962.
El acto inaugural, programado para las 10, marcará la asunción de las autoridades de la Convención y la jura de los 69 convencionales electos. Estos representantes fueron elegidos en los comicios del 13 de abril, tras la aprobación mayoritaria en la Legislatura de la ley (14.384), que declaró la necesidad de la reforma constitucional, y la posterior convocatoria a elecciones mediante otra norma (14.152).
La composición de la Convención refleja la diversidad política de la provincia: 33 convencionales representan al oficialismo local de Unidos para Cambiar Santa Fe, 12 de la alianza panperonista Más para Santa Fe, 10 de La Libertad Avanza, 7 de Somos Vida y Libertad, la alianza que tiene como referente a la diputada y celebridad Amalia Granata; 4 de Activemos (el sello del senador Marcelo Lewandowski) y 3 de Frente de la Esperanza (encabezado por la ex boxeadora Alejandra “Locomotora” Oliveras).
El trabajo se desarrollará principalmente en la ciudad de Santa Fe, capital provincial, aunque también habrá actividades en comisiones en Rosario.
El proceso cuenta con un plazo inicial de 40 días para abordar los 42 artículos habilitados para su reforma, con la posibilidad de extenderse hasta 20 días más si así lo aprueba la mayoría del pleno, según la normativa vigente. De no requerirse prórroga, la Convención deberá concluir el 12 de septiembre de 2025.
El propósito central de este proceso es actualizar la Constitución provincial, incorporando reformas institucionales, modernización del Estado y ampliación de derechos ciudadanos.
Al finalizar la etapa de deliberación, la Convención podrá optar por sancionar una nueva Constitución o modificar la actual artículo por artículo. Se prevé que la publicación oficial y la entrada en vigencia de la nueva normativa se produzcan antes de fin de año.
Entre los convencionales electos hay personalidades con peso político, como el propio gobernador Maximiliano Pullaro (impulsor de la reforma), legisladores nacionales, ministros y dirigentes de distintos espacios del socialismo, el PRO, el peronismo y La Libertad Avanza. También se destacan Juan Monteverde, de Ciudad Futura, aliada al ecosistema peronista, reciente ganador de las elecciones legislativas provinciales en Rosario; Amalia Granata, el diputado nacional libertario Nicolás Mayoraz, el senador Lewandowski o el ex senador socialista Rubén Giustiniani.
El oficialismo, liderado por Pullaro, logró mayoría con los espacios que integran el frente Unidos para Cambiar Santa Fe. Aun así, deberá negociar con sectores opositores para aprobar los artículos clave por consenso amplio. “Es el momento de que Santa Fe se ponga en sintonía con los tiempos que corren y con las demandas de una ciudadanía que quiere más y mejor democracia”, dijo en su momento el gobernador.

Aunque todavía no se definió un temario, se espera que la Convención aborde reformas relacionadas a la reelección del gobernador por un período consecutivo (ahora no existe reelección), autonomía municipal plena y limitación de mandatos en esas jurisdicciones y en las comunas, reforma del sistema judicial, incorporación de nuevos derechos constitucionales (ambientales, digitales y de diversidad), y modernización del funcionamiento legislativo y del control institucional.
Uno de las novedades del proceso será la participación ciudadana. La web oficial de la provincia tendrá un espacio abierto para que los santafesinos puedan presentar propuestas, notas u opiniones que, eventualmente, serán tomadas por las comisiones correspondientes.
“Queremos que la convención sea abierta, participativa y eficiente. Y que llegue al final con un texto aprobado y vigente”, dijo a la prensa local el secretario general de la Gobernación, Juan Cruz “Cacu” Cándido y agregó que se trata de “una deuda que la provincia tenía desde 1994, cuando la Constitución Nacional estableció que las provincias debían adecuar sus textos. Santa Fe nunca había logrado el acuerdo necesario… hasta ahora”.
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