Las provincias iniciaron su pelea por los fondos: los argumentos del Gobierno y la discusión reglamentaria

En uno de los momentos de mayor tensión entre la Casa Rosada y las provincias, los gobernadores avanzan en el Congreso con su pelea por más fondos y sin nuevas negociaciones en el horizonte, todo indica que habrá una dura discusión parlamentaria.

Las autoridades nacionales no solo rechazan el proyecto que firmaron los 24 mandatarios locales del país, sino que no tienen pensado recibirlos en los próximos días y dan por terminadas las conversaciones sobre este tema.

Así las cosas, la administración libertaria tiene decidido dejar que el debate se dé directamente en el plano legislativo y, si eventualmente la ley es aprobada, tendría la posibilidad de vetarla, como ya anticipó que hará con otras iniciativas.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se corrió de las conversaciones y dejó que las ofertas las haga el equipo económico del ministro Luis “Toto” Caputo, quien no consiguió un acuerdo con sus interlocutores.

“Mi relación con los gobernadores es muy buena. Tenemos algunas diferencias políticas, y por supuesto que ellos a veces demandan más recursos de los que uno tiene disponibles y estamos en esa discusión, pero ya lo vamos a solucionar”, confió Francos durante un acto en La Rural, el jueves pasado.

Lo cierto es que, sin un consenso con la Nación, las provincias ya enviaron al Senado la iniciativa que plantea cambios en el reparto de los ATN y de lo recaudado por el impuesto a los combustibles.

A través de un comunicado, los mandatarios locales aseguraron que esta medida “no afectará la sustentabilidad de las finanzas públicas nacionales y que, complementariamente, generará más federalismo”.

Sin embargo, en el Palacio de Hacienda sostienen que el proyecto en cuestión implica un gasto extra de alrededor del 0,4% del PIB, por lo que en Balcarce 50 indican que no van a aceptar la propuesta.

Al respecto, las fuentes consultadas remarcan que “todavía falta mucho para que la norma comience a tratarse en el Congreso” y señalan que el oficialismo se va a oponer, aunque es minoría en ambas Cámaras.

“Los recursos son de las provincias, se los está apropiando la Nación. Entendemos que hay que hacer un esfuerzo para controlar la macro, pero es inadmisible que se haga con recursos que no son de ellos y encima nos tilden de degenerados fiscales”, protestó un gobernador del centro del país.

En este sentido, el mandatario local aclaró que están dispuestos a retomar “un diálogo sincero”, pero consideró que para eso debería haber una propuesta por parte de la Casa Rosada “que contemple la devolución de los recursos que son por ley de las provincias”.

Sobre este punto, personas cercanas a otros líderes regionales argumentaron que “el costo total de la iniciativa debe ser 0,2/0,25 del PIB”, por lo que “no afecta el superávit” que quiere mantener la gestión del presidente Javier Milei.

Puntualmente, los representantes de las 24 jurisdicciones plantearon modificar el artículo 19 de la ley 23.966, que fijó la forma en la que se distribuyen los ingresos que la Nación recibe por el impuesto a los combustibles líquidos.

Con el nuevo esquema, sus territorios pasarán a cobrar el 58,36% de los fondos que se recaudan por el impuesto a los combustibles líquidos, en lugar del 10,40% que reciben actualmente.

Además, la ley cambiaría la forma en la que se reparten los Aportes del Tesoro Nación, conocidos informalmente como transferencias discrecionales, ya que la Casa Rosada los reparte según considere, y se establecería que esos montos “se distribuirán en forma automática y diaria”.

Por otra parte, las autoridades nacionales advierten que, al tratarse de un proyecto vinculado a impuestos, por una cuestión reglamentaria, el mismo debería haber ingresado por Diputados y no por el Senado.

La Cámara baja es la que debe iniciar siempre el tratamiento de cualquier texto que implique crear o modificar un nuevo gravamen, razón por la cual ponen en duda en Balcarce 50 que la medida efectivamente sea discutida.

Por el lado de las provincias, sin embargo, argumentan que eso no es correcto porque no están haciendo ninguna modificación fiscal, sino que la norma solamente impacta sobre la forma en la que se distribuyen los fondos recaudados por un impuesto ya existente.

“La Nación cobra un montón de impuestos que después no vuelven a las arcas locales, sobre todo para el mantenimiento de las rutas. Entonces, los gobernadores tienen que hacerse cargo de los costos que eso significa, que además es muy grande para los presupuestos nuestros”, sostuvo a este medio un integrante del gabinete de un mandatario patagónico.