El Gobierno no logra recomponer su relación con las provincias y se tensa la pelea por los fondos

Hace algunas semanas, un grupo reducido de gobernadores -de distinto signo político- visitó en la Casa Rosada al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para transmitirle un reclamo claro de parte de las 24 jurisdicciones del país: que la Nación destine más fondos para compensar la caída de la recaudación en sus territorios que, entienden, se debe a algunas de las políticas económicas que implementó la administración del presidente Javier Milei.

En esa oportunidad, los mandatarios locales dejaron en manos del funcionario la decisión de qué áreas o impuestos modificar para poder hacer frente a ese pedido sin afectar el equilibrio fiscal, norma de hierro de la gestión libertaria.

Unos días más tarde, los representantes de prácticamente todas las provincias se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para analizar los pasos a seguir y hasta ese lugar fueron dos emisarios de Francos con una sola contrapropuesta, que era la de seguir conversando el tema.

El encuentro con el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman -principal responsable del presupuesto nacional-, fue amena, pero cuando terminó los gobernadores firmaron un comunicado en el que anunciaron unilateralmente una decisión que sorprendió en Balcarce 50.

Sin previo aviso, los mandatarios presentaron un proyecto de ley que solucionaba el conflicto sin afectar las cuentas del Estado, a través de cambios en el reparto de los ATN y de lo recaudado con el impuesto a los combustibles líquidos.

La norma, puntualmente, propone eliminar una serie de fondos fiduciarios, un sistema que el propio Milei criticó en varias oportunidades, para empezar a repartir ese dinero entre los distritos.

Sin embargo, Guberman recibió este martes en el Palacio de Hacienda a los ministros de Economía de las provincias para hacerles una nueva oferta que no solo no convenció a los gobernadores, sino que generó en muchos de ellos un cierto malestar, según revelaron a Infobae fuentes cercanas a los protagonistas.

El funcionario les ofreció coparticipar únicamente la plata correspondiente a los ingresos por el impuesto a los combustibles, pero rechazó modificar el sistema de entrega de los ATN, denominados “transferencias discrecionales”.

“No hay chances de que acepten eso. Están dando una miseria, estamos hablando de unos 300 millones de pesos, nada más”, explicó una persona al tanto de las conversaciones.

Uno de los puntos que más enojó a algunos de los mandatarios es que el secretario de Hacienda les planteó a sus ministros que estaba dispuesto a eliminar los fondos fiduciarios vinculados a las obras públicas, pero con la condición de que cada jurisdicción se haga cargo de terminar esos trabajos de infraestructura en sus respectivos territorios. “Ingresos y gastos les transfieren”, protestaron.

Ante esta situación, un conjunto de gobernadores puso sobre la mesa, en un diálogo privado entre ellos, aceptar la propuesta. Consideran que, en el peor de los casos, usarán ese dinero para sus necesidades más urgentes y no se finalizarán las obras pendientes, lo que ven como una alternativa preferible a que la Casa Rosada se siga quedando con los recursos.

“Con respecto a la discusión sobre los ATN, reconocieron que usan esos fondos de las provincias para otras cosas, por lo que no hicieron una contraoferta”, detalló uno de los jefes provinciales.

El consenso por estas horas entre los dirigentes era el de empujar en el Congreso el proyecto de ley que anunciaron hace algunos días para presionar al Poder Ejecutivo a encontrar una salida superadora o resolver el conflicto en el ámbito parlamentario.

La iniciativa establece eliminar todos los fondos fiduciarios que se benefician con el impuesto a los combustibles, y no solamente aquel vinculado a la obra pública, y actualizar el régimen de reparto de los ATN.

De esa manera, por un lado, las provincias empezarían a recibir el 58,36% de lo recaudado con ese gravamen y, por el otro, el Poder Ejecutivo estaría obligado a repartir de forma automática los aportes del Tesoro.

A pesar de las tensiones, por el momento Francos no tiene previsto recibir nuevamente a los gobernadores en su oficina y, de hecho, dejó las negociaciones en manos del equipo económico, que no logra llegar a un acuerdo.

Si bien, tal como contó Infobae, algunos diputados estaban esperando que este conflicto repercutiera en el Congreso y facilitara la aprobación de algunos proyectos que presentó la oposición, ese es un escenario que a priori no sucedería.

“No creo que haya una acción homogénea y coordinada de los gobernadores para las sesiones de mañana en Diputados y Senado. Cada uno va a hacer lo que le convenga. Lo de la ley de recursos para las provincias es distinto, eso sí lo van a impulsar”, resumió una fuente con contacto directo con varios de ellos.