El ex juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, quedó detenido este martes. Se le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria bajo control de una pulsera electrónica, según lo dispuesto por la Justicia Federal. La medida se tomó en el marco de tres investigaciones judiciales que lo acusan de presunta corrupción, extorsión, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Luego de que fuera sentenciado a cumplir con un régimen domiciliario, el Gobierno aceptó la renuncia presentada por Bailaque, que quedó oficializada el martes a la madrugada a través de la publicación del Decreto 443/2025 en el Boletín Oficial.
El decreto señaló que el magistrado había presentado su dimisión de estar al frente del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 4 de Rosario, con fecha efectiva a partir del 1° de julio de 2025. Fue así que la solicitud fue aprobada por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
En el primer artículo del documento, las autoridades indicaron: “Acéptase, a partir del 1° de julio de 2025, la renuncia presentada por el doctor Marcelo Martín Bailaque al cargo de Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 4 de Rosario, provincia de Santa Fe”.
El ex juez había elevado su dimisión el 10 de junio, pero se había mantenido en el cargo hasta la aceptación formal del Poder Ejecutivo. Asimismo, quedaron sin efecto los procesos administrativos abiertos en el Consejo de la Magistratura para apartarlo del cargo.
Bailaque enfrenta un proceso judicial, en el que sospecharían que habría favorecido a personas imputadas en causas vinculadas con el narcotráfico en la ciudad de Rosario. En paralelo, había comenzado a ser investigado por el Consejo de la Magistratura, que estaba al borde de votar un Jury en su contra.
Hace una semana, se había defendido de las acusaciones, por medio de una carta en la que desmintió haber tenido algún tipo de nexo con narcotraficantes que operarían en el distrito. No obstante, tomó la decisión de renunciar para no perder su jubilación.
El desempeño del ex magistrado había quedado en el centro de la atención pública luego de que la Procuración General de la Nación y el Consejo de la Magistratura promovieran investigaciones internas, a partir de informes y testimonios confidenciales que lo vinculaban a decisiones judiciales consideradas irregulares en causas vinculadas al crimen organizado en Rosario.
Los documentos analizados por los organismos federales señalaron presuntas demoras en trámites judiciales y omisiones en el avance de investigaciones sobre lavado de dinero. La Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) remitieron pruebas sobre maniobras irregulares detectadas en casos de tráfico de drogas y delitos económicos, a partir de causas sensibles que tramitaban en los juzgados del propio Bailaque.
La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura avanzó en la instrucción del expediente y se preparaba para emitir una resolución que podía derivar en la destitución del magistrado, resumida en tres cargos principales:
- Vínculo con bandas narco y omisiones en investigaciones: se cuestionó la relación entre Bailaque, su contador Gabriel Mizzau y el líder narco Esteban Alvarado. Los fiscales que investigaron su desempeño lo acusaron de no haberse excusado a tiempo en una causa contra el líder narco, que tramitaba en su juzgado desde 2013, y de haber demorado la implementación de escuchas telefónicas clave para avanzar en la investigación.
- Presunta extorsión y armado de causas: el segundo cargo involucró una supuesta coordinación con el empresario Fernando Whpei y el ex funcionario Carlos Vaudagna, quien declaró como arrepentido. Los acusaron de armar una causa administrativa en 2019, originada en la ex AFIP, contra el agente de bolsa Jorge Oneto y el empresario Claudio Iglesias, para luego extorsionarlos y exigirles dinero a cambio de cerrar las investigaciones.
- Relación impropia con empresarios: también se destacó la amistad entre Bailaque y el empresario Whpei, actualmente bajo arresto domiciliario, como motivo de sospecha sobre la imparcialidad y transparencia de las decisiones del magistrado.
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