Renunció el superintendente de Servicios de Salud, Gabriel Oriolo

Gabriel Oriolo presentó su renuncia al cargo de Superintendente de Servicios de Salud (SSS), una decisión que se hará oficial el próximo lunes mediante su publicación en el Boletín Oficial.

Según informaron fuentes oficiales a Infobae, la salida de Oriolo fue conversada previamente con el ministro de Salud, Mario Lugones, y responde a una determinación personal. El propio funcionario confirmó su salida a través de un largo posteo en su cuenta de X.

“El lunes es mi último día como Superintendente de Servicios de Salud ya que tomé la decisión de renunciar al cargo por motivos personales. Esto fue conversado desde el primer momento con el Ministro de Salud, @MarioLugones_AR, a quien le agradezco públicamente —como ya lo hice en privado— por todos estos meses de trabajo en equipo y el compromiso. Me voy con la tranquilidad de haber cumplido el objetivo central que nos propusimos desde el primer día: recuperar el rol fiscalizador de la Superintendencia, un rol que en los últimos años no se cumplió. La salud en la Argentina arrastra una crisis estructural de décadas y eso exige reordenar el sistema con transformaciones profundas como las que está llevando adelante el Gobierno Nacional“, escribió.

Asimismo, aseguró que durante su gestión impulsó “reformas históricas tanto en la seguridad social como en la medicina privada”, entre las que mencionó: “Terminamos con la famosa triangulación que era un negocio legal de décadas a costa de los beneficiarios, redujimos drásticamente los tiempos de respuesta a los reclamos, reformamos el régimen de sanciones a los agentes que no cumplen, hicimos públicos los valores de los planes para facilitar la libertad de elegir, achicamos la estructura política del organismo, mejoramos la trazabilidad, promovimos compras conjuntas que generaron ahorros millonarios y desregulamos un sistema que atentaba contra la competencia y beneficiaba a unos pocos, solo por nombrar algunas”.

Oriolo le agradeció públicamente al ministro Lugones, quien también a través de esa red social destacó el desempeño del funcionario y anticipó que Claudio Stivelman, actual gerente general del organismo, tomará el lugar al frente de la Superintencia.

“Seguiremos trabajando de la misma manera para continuar con el reordenamiento del sistema de salud que venimos impulsando”, añadió Lugones.

En reemplazo de Stivelman en la gerencia general quedará Juan José Picón, quien hasta ahora se desempeñaba como gerente de subsidios por reintegro dentro de la SSS.

Oriolo participó activamente en la elección de Stivelman y Picón para sus nuevos cargos, con el objetivo de asegurar la continuidad en la dirección y las políticas que viene implementando la Superintendencia de Servicios de Salud.

El cambio en la cúpula de la Superintentencia de Servicios de Salud se da en medio de una avanzada del organismo con la premisa oficial de reordenar el Sistema de Salud.

Esta semana, dio de baja dos obras sociales del Registro Nacional, las cuales habían sido declaradas en crisis hace dos años y no mostraron avances en los planes de normalización de sus balances financieros ni operativos. Con estas nuevas decisiones, ya se liquidaron cinco obras sociales en los últimos días.

La decisión se dio a conocer en el Boletín Oficial este lunes a través de las resoluciones 1092/2025 y 1093/2025 firmadas por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y publicadas en el Boletín Oficial. Estas resolvieron dar de baja del Registro Nacional de Agentes del Seguro (RNAS) a dos obras sociales: la Obra Social del Personal Municipal de Avellaneda y la Obra Social del Personal del Azúcar del Ingenio San Martín.

Ambas entidades estaban declaradas en situación de crisis desde hace más de dos años. Durante ese período, la Superintendencia había formulado observaciones y solicitado que se subsanen las irregularidades detectadas. No obstante, las administraciones de las obras sociales no presentaron la documentación e información requerida, lo que motivó la baja de la inscripción en el registro nacional.

“Los beneficiarios deben ser informados de la situación y tienen garantizada la continuidad de la cobertura de salud a partir de ejercer el derecho a realizar la opción de cambio a otro Agente. De no hacerlo, será la Superintendencia de Servicios quien asigne una cobertura de similares características”, informaron fuentes gubernamentales.

Con estas medidas, ya suman cinco las obras sociales dadas de baja del RNAS en los últimos días. La semana pasada fue excluida la Obra Social del Personal Aduanero. Además, se iniciaron trámites de baja para la Obra Social del Personal de la Industria Botonera y la del Personal Cinematográfico de Mar del Plata.

Fuentes del organismo explicaron que la actual gestión intensificó los controles sobre los agentes del seguro. “No hay lugar para quienes tengan irregularidades o no ofrezcan servicios de calidad. Quienes no cumplan con las normas serán dados de baja”, sostienen desde la SSS.

Más allá de la salida de Oriolo, la Superintendencia continúa con las auditorías sobre el sistema, que cuenta con casi 300 agentes. Desde el Gobierno reiteran que las medidas buscan garantizar la calidad y transparencia en la prestación de servicios de salud y evitar la permanencia de entidades que no cumplen con los requisitos legales y administrativos.

Esta transformación va en línea con el objetivo de la gestión libertaria de depurar el sistema de Agentes de Salud, y, en particular, los aquellos denominados “sellos de goma”, es decir, aquellas organizaciones que solo se inscribían en el sistema para obtener subsidios o brindar servicios que, en la práctica, estaban escasamente controlados. La falta de verificación posibilitaba la manipulación de registros para incrementar el volumen de fondos públicos determinados a su favor.

Al implementarse un ajuste en el cálculo del Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA), numerosas obras sociales sindicales vieron afectada su recaudación. Con la modificación, dispuesta el año pasado por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) a través de un decreto, las transferencias de fondos estatales comenzaron a basarse en la cantidad real de afiliados y dejaron de considerar la compensación extra que previamente beneficiaba a las entidades con menos de 5.000 beneficiarios.