La falta de coordinación entre los bloques opositores complica la sesión sobre universidades y Garrahan en Diputados

La sesión especial convocada en la Cámara de Diputados para el próximo miércoles 2 de julio enfrenta un panorama incierto. Las principales fuerzas de la oposición hasta el momento no alcanzaron consensos mínimos que garanticen el quórum, incluso a pesar de que existe un amplio acuerdo en torno a los dos principales puntos del temario.

Hace dos semanas, el radicalismo disidente del bloque Democracia para Siempre junto a dos miembros de la bancada oficial de la UCR (Julio Cobos y Natalia Sarapura) presentó el llamado a sesión con el objetivo de presionar al Gobierno con el financiamiento universitario, la crisis del Hospital Garrahan y una reforma del régimen de DNU. La convocatoria también incluyó proyectos relacionados con la promoción de la PyMes, el juicio por jurados y cambios de husos horarios.

En ese momento los radicales referenciados en Facundo Manes y Martín Lousteau no esperaron para sumar el apoyo de otros bloques porque consideraron que igualmente había tiempo para negociar y ampliar el temario con otros proyectos.

Sin embargo, a pocos días de la sesión, en todos los bloques coinciden en que no se avanzó con las negociaciones y por lo tanto el quórum sigue en duda. Ante la consulta de Infobae, desde el peronismo lamentaron que los radicales disidentes no hayan aceptado incluir tres proyectos de rechazo a la desregulación de la Marina Mercante, al DNU que busca disolver el Instituto del Teatro y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), y al DNU que transforma el Banco Nacional de Datos Genéticos en un organismo desconcentrado dependiente de la Jefatura de Gabinete. “Son proyectos sin impacto fiscal, no entendemos el porqué de la negativa”, aseguraron.

A la hora de armar el plan de sesión, los radicales de Democracia para Siempre decidieron tratar el principio los temas con mayor consenso, como el financiamiento universitario y la declaración de emergencia en pediatría (Garrahan) paro luego habilitar cierto margen de maniobra. “La idea es que algunos puedan levantarse e irse después de aprobar los dos temas importantes”, explicaron a Infobae.

El pedido de sesión especial abarca varios proyectos que no tienen dictamen y por lo tanto no están habilitados para aprobarse en el recinto. Pero lo que busca la oposición es poder someter a votación diferentes emplazamientos, que son un mecanismo para obligar a los libertarios a abrir algunas comisiones clave, por ejemplo la comisión de Presupuesto que preside José Luis Espert.

Ese es el caso de los proyectos que apuntan a garantizar el financiamiento de las universidades y la declaración de la emergencia en pediatría que implica “la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios” para los hospitales. Ambas temas están frenados porque deben pasar por Presupuesto, algo que Espert intenta impedir a toda costa.

En cambio, entre los temas que metieron ruido en la negociación se destacan la reforma Régimen Legal de los DNU y la implementación del Juicio por Jurados en la Justicia Federal.

El primer proyecto establece plazos para que el Congreso trate los decretos (90 días), la caída definitiva con el rechazo de una sola Cámara y la posibilidad de aprobar artículos por separados sin tener que dejar vigente la totalidad del DNU. Es muy resistido por la Casa Rosada por lo que la oposición prevé que los gobernadores ayudarán al oficialismo a dejar la sesión sin quórum.

En tanto, la implementación del juicio por jurados, a pesar de haber logrado el dictamen con amplia mayoría también genera dudas. Algunos entienden que en este contexto social la reforma del funcionamiento de la Justicia no es prioritario.

“Tenemos que tener una sesión ordenada con temas con mucho consenso como Universidades y Garrahan. O si no, va a ser muy difícil que prospere. Tenemos que ser responsables”, dijo a Infobae un diputado dialoguista.

Durante la semana en algunos sectores se habían entusiasmado con lograr capitalizar en la sesión las tensiones que atraviesa la relación entre la Casa Rosada y los gobernadores. También el malestar de un sector del radicalismo con el veto presidencial a la declaración de emergencia en Bahía Blanca y la desilusión de algunos alfiles del PRO por las negociaciones con LLA.

No obstante, la falta de coordinación política por parte de los distintos bloques de la oposición podría jugar nuevamente a favor de Javier Milei.