Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola tienen previsto presentar este martes su dictamen en respuesta a la solicitud de arresto domiciliario, presentada por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, para dar cumplimiento de la condena a seis años de prisión que pesa sobre ella y que la Corte Suprema de Justicia dejó firme la semana pasada.
La decisión de los fiscales ya estaría tomada: se opondrán a concederle el beneficio. El dictamen llega en la víspera del vencimiento del plazo de cinco días hábiles que el Tribunal Oral Federal N.º 2 otorgó a todos los condenados para presentarse voluntariamente en los tribunales de Retiro.
De esta manera, el plazo finaliza el miércoles, día en que Cristina Kirchner anunció que se presentará en Comodoro Py. Pero antes de eso, la Fiscalía dejará asentada su postura, que, todo indica, se alineará con los planteos previos en los que exigieron la “inmediata detención” de la ex mandataria, sin esperar el cumplimiento del plazo otorgado por el Tribunal.
Con este escenario en marcha, el juez Jorge Gorini, integrante del TOF 2, será quien quede en condiciones de resolver el pedido de arresto domiciliario. Lo hará una vez que tenga sobre la mesa el dictamen de los fiscales. La incógnita, por ahora, es si tomará la decisión este martes o si aguardará hasta el miércoles, justo cuando Kirchner ponga un pie en los tribunales.
Además, se notificó a la Unidad 29 del Servicio Penitenciario Federal, que funciona en el mismo edificio judicial, para que esté preparada para recibir a los detenidos. De concretarse la detención de la ex presidenta de forma presencial, no se descarta que transite al menos parte del procedimiento en esa dependencia.
En este contexto, convocaron a una marcha hacia Comodoro Py desde el domicilio de Cristina Kirchner, ubicado en la calle San José 1100, en el barrio porteño de Constitución. La movilización fue anunciada por La Cámpora, sectores del peronismo y diversos sindicatos.
En ese contexto, el Ministerio de Seguridad nacional informó al Tribunal sobre distintos lugares posibles para una eventual detención en dependencias de fuerzas de seguridad, aunque toda esa información fue entregada de forma confidencial y quedó reservada en un sobre cerrado dentro de una caja fuerte.
La defensa de la expresidenta solicitó que se le permita cumplir su condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria, sin tobillera electrónica. En su presentación, argumentaron motivos de seguridad vinculados a su historial institucional, su edad —72 años— y el intento de asesinato que sufrió en septiembre de 2022.
A pesar de eso, se descarta que Luciani y Mola acompañen ese pedido. De hecho, en dos escritos anteriores sostuvieron que Cristina Kirchner y el resto de los condenados debían ser detenidos sin demoras.
Desde el gobierno nacional, la postura es clara: se busca evitar una escalada de tensión. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, manifestó que le parecería “absolutamente lógico que las medidas de notificación puedan hacerse sin que la ex presidenta tenga que concurrir hasta los tribunales”. Y agregó: “Eso no va a generar nada positivo, va a ser un momento de tensión, de cortes, de movilización de fuerzas federales”, en una entrevista con A24.
Es por ello que el Tribunal analiza notificar a Cristina vía Zoom. Algunas fuentes del área de seguridad deslizaron que una eventual decisión favorable al arresto domiciliario podría ser anunciada este martes, como una forma de reducir el impacto de la marcha.
El reloj ya corre. Con el dictamen de los fiscales en manos del tribunal, comenzará a delinearse la escena final del caso que mantuvo en vilo a la política argentina durante años. La respuesta del juez Gorini será determinante, no solo por sus efectos judiciales, sino por lo que implica en términos institucionales y sociales.
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