La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada por la Corte Suprema de Justicia que se expidió por la causa Vialidad y deberá cumplir una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El fallo, que rechazó el recurso extraordinario presentado por su defensa, dejó abierta la puerta a una posible prisión domiciliaria, amparada por la Ley 26.472, dado que la ex mandataria cumplió 72 años el pasado 19 de febrero de 2025.
En este contexto, dentro del peronismo se discuten alternativas concretas sobre cuál podría ser el lugar donde la actual titular del Partido Justicialista (PJ) cumpliría su condena.
Hasta el intento de asesinato ocurrido el 1 de septiembre de 2022, Cristina Kirchner residía habitualmente en su departamento del barrio porteño de Recoleta, ubicado en la intersección de Juncal y Uruguay.
El inmueble, ampliamente conocido, fue escenario de numerosas manifestaciones políticas, tanto a favor como en contra, lo que lo transformó en un punto de exposición pública constante. Sin embargo, tras el atentado, la titular del PJ optó por trasladarse a una zona menos visible y con menor circulación política y mediática.
Desde entonces, Cristina Kirchner alterna su estadía entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y El Calafate, en Santa Cruz, donde tiene su domicilio legal registrado. En la capital argentina, se instaló en un departamento antiguo del barrio de Constitución, en las inmediaciones de Avenida San Juan y la calle San José.
Según fuentes del PJ, esta propiedad sería la opción más probable para cumplir la prisión domiciliaria, ahora que la Corte ratificó su condena y en caso de que el Tribunal Oral Federal N°2 (TOF 2) autorice ese beneficio.
El departamento en Constitución, además de ser de perfil bajo y menos conocido, se encuentra en el mismo edificio donde reside su hija, Florencia Kirchner, lo que también se considera un factor a favor desde el punto de vista familiar y logístico.
La casa en El Calafate, por otro lado, sigue siendo una opción posible, ya que figura como el domicilio legal de la exmandataria. Sin embargo, su actividad política más reciente, centrada en la Ciudad de Buenos Aires y en encuentros frecuentes en la sede del PJ nacional y en el Instituto Patria, ha hecho que se mantenga la mayor parte del tiempo en CABA.
La distancia con la capital federal y la complejidad logística que implicaría trasladarla de manera regular ante eventuales requerimientos judiciales juegan en contra de esa alternativa.
Dos escenarios menos probables, aunque contemplados en caso de una detención inmediata, son el traslado transitorio de la expresidenta a la Alcaidía de Mujeres, ubicada en la intersección de Cavia y Figueroa Alcorta, un espacio destinado a detenidas por causas federales. O también, el alquiler de una vivienda en el conurbano bonaerense.
No obstante, se trataría de una medida provisoria hasta que se defina el domicilio donde podría cumplir con el régimen de detención domiciliaria, en caso de ser concedido.
El proceso para otorgar una prisión domiciliaria no es automático. La decisión dependerá de los informes socioambientales, de las presentaciones que hagan tanto su defensa, encabezada por el abogado Carlos Beraldi, como los fiscales del caso, y del análisis que lleve adelante el TOF 2, compuesto por los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu.
La modalidad más habitual, aplicada en otros casos recientes, consiste en que el tribunal convoque a los condenados a presentarse voluntariamente en Comodoro Py, donde se les informará formalmente la condición de detenidos.
El precedente más inmediato de este procedimiento se dio en el caso del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y en la tragedia de Once, donde los condenados fueron citados a declarar en un día determinado. Lo mismo ocurrió la semana pasada en el expediente de la “Ruta del dinero K”, cuyas condenas también fueron ratificadas por la Corte Suprema.
A diferencia de otros condenados como Lázaro Báez y José López, quienes tienen otras sentencias acumuladas, esta es la primera condena firme que recibe Cristina Fernández de Kirchner. En el caso de Báez, que ya cumple arresto domiciliario en El Calafate por una condena de 10 años en la causa mencionada, se evalúa si debe regresar a una unidad penitenciaria.
Por último, el fallo también conlleva la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por lo que el TOF 2 deberá notificar a la Cámara Nacional Electoral para que excluya a la ex presidenta del padrón electoral, una condición indispensable no solo para ser candidata, sino también para votar. Esto frustra sus aspiraciones de competir en las próximas elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.
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