La oposición presiona al Gobierno en el Congreso: la estrategia de Milei y la tensión por la marcha

El Gobierno se enfrenta este miércoles ante la posibilidad de que la oposición no-dialoguista logre juntar el quórum para abrir una sesión especial y tratar proyectos sensibles que los libertarios no quieren aprobar por su alto costo fiscal. En ese marco, diferentes agrupaciones sociales y políticas convocaron a una manifestación frente al Congreso, por lo que esperan posibles escenas de tensión frente al operativo policial.

Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Coalición Cívica y el Frente de Izquierda impulsaban para hoy un temario que contiene un paquete de incrementos en las jubilaciones, el bono previsional y la transferencia de fondos a las provincias; así como una extensión de la moratoria y una declaración de Emergencia en discapacidad hasta 2027.

Por las dudas, el presidente Javier Milei ya avisó a su entorno que vetará cualquier tipo de medida de ese estilo.

Antes de que se dictaminara proyectos de emergencia pediátrica en la tarde de ayer, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, le pidió especialmente a la Secretaría de Hacienda, a cargo de Carlos Guberman, la confección de una estimación sobre “el verdadero costo para el fisco” de los proyectos previsionales y adicionales que había propuesto la oposición. El total estimado es del 1,8% del PBI, o unos 12.000 millones de dólares.

En el discurso oficial, el Gobierno no tiene “cómo financiar” los proyectos opositores. Aunque había otras voces libertarias que afirmaban que la Casa Rosada debería anunciar algún incremento a las paupérrimas jubilaciones que se dan al día de hoy. En rigor, el bono extraordinario de $ 70.000 que se da todos los meses mantuvo su nivel nominal desde diciembre del 2023, perdiendo un peso extraordinario en términos reales.

“Es el procedimiento de manual que hay que hacer en estos casos”, afirmaron fuentes oficiales a Infobae.

Aun así, ceder ante la agenda impuesta por la oposición no está en los manuales de los libertarios. Como principal alternativa, los operadores libertarios buscaban que algunos gobernadores les pidieran a sus legisladores afines que no dieran quórum para este mediodía. Esto también pintaba complejo.

Algunos mandatarios provinciales accedieron a dar de baja a sus diputados por la simple razón de que en la anterior sesión se ponía en debate la creación de la Comisión Investigadora de $Libra. “En temas sensibles nos hacen la pata”, explicaron en el Ejecutivo. Al no estar esa cuestión, la baja se hacía más costosa.

Más cuando los gobernadores denunciaron ayer -en el marco de una reunión en el Consejo Federal de Inversiones (CFI)- la baja de la coparticipación y los perjuicios que aquello genera en las arcas provinciales. A esto se le suma el reclamo por la merma de obra pública para obras de infraestructura y rutas. Hay un pedido concreto para que haya un nuevo pacto fiscal.

La colaboración de los jefes provinciales se ha limitado a firmar el convenio para implementar el nuevo régimen de circulación de dólares (y dinero) sin declarar (denominado informalmente como Plan Colchón). Hubo 12 de ellos que ya lo rubricaron y siete que lo hicieron ayer en Casa Rosada.

Una alta fuente que estuvo adentro contó que la sesión de este miércoles no fue asunto de la reunión, aunque no descartan que se pudo haber conversado en otro despacho. Incluso, uno de ellos se fue a otro importante despacho de Balcarce 50 a mantener una conversación pendiente con un importante funcionario libertario.

El proyecto de ley que complementa a las reformas de ARCA y la UIF, que modifica la ley de procedimiento tributario y la ley penal cambiaria, debería enviarse al Congreso en estos días. Está terminando de ser redactado en la Secretaría de Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzábal.

Pero esa iniciativa no va a tener posibilidad de acuerdo hasta que el Gobierno determine qué hará con la composición de la Auditoría General de la Nación (AGN), uno de los organismos de contralor que quedó con 6 de sus 7 puestos vacantes por no haberse nombrado a los tres representantes de Diputados y a los tres del Senado que se vencieron tiempo atrás.

Antes de que el Congreso se cierre simbólicamente por el inicio de la campaña electoral, el Gobierno quiere convencer a los gobernadores de que les den un último apoyo, ampliando la composición de la AGN de 7 a 9 integrantes, ampliando a cuatro cupos los integrantes por cámara. Uno de los cupos por Diputados será ofrecido a las provincias.

Marcha afuera del Congreso

El Gobierno enfrenta la marcha prevista para este miércoles en las inmediaciones del Congreso de la Nación con un despliegue significativo de fuerzas federales.

Desde el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, se dispuso el vallado de la zona y el operativo de unidades especiales con la consigna de evitar incidentes y aplicar el protocolo antipiquetes. Los agentes concentrarán la mayor parte de los manifestantes en Plaza Congreso, aunque ya anticipan que, ante la alta convocatoria promovida por agrupaciones de jubilados, sindicatos, organizaciones sociales, personal del Hospital Garrahan y el colectivo Ni Una Menos, se ocuparán calles y avenidas cercanas.

Desde la Casa Rosada minimizan el posible impacto de la movilización, aunque reconocen la confluencia de múltiples reclamos sociales, gremiales y de derechos humanos.

Consideran que la protesta responde a intereses de sectores vinculados a la oposición y recalcan que la decisión de las organizaciones de aunar demandas en cuestión previsional, salarial, de salud, género y políticas públicas responde a una estrategia de visibilización contra las medidas de ajuste. La Policía Federal custodiará especialmente el Congreso, donde funcionará un “corralito” de seguridad y está prevista actividad parlamentaria clave, como el debate sobre la emergencia en discapacidad.

El Ejecutivo espera posibles escenas de tensión por la concurrencia de agrupaciones que ya protagonizaron episodios de represión en manifestaciones recientes. No obstante, enfatizan que la presencia policial es para garantizar el denominado “protocolo antipiquetes”, y consideran que el acompañamiento real a la marcha será, en la práctica, menor al pronosticado por los organizadores.