El Gobierno oficializó la reforma migratoria: cuáles son los principales puntos del decreto

Por medio del Decreto 366/2025, el Gobierno Nacional implementó una significativa reforma migratoria que busca endurecer los criterios para la residencia de extranjeros y facilitar los procesos de deportación para aquellos que cometan delitos en el país. La medida publicada este jueves en el Boletín Oficial también establece mayores controles en las fronteras y regularización de la situación de inmigrantes, entre otros puntos.

De acuerdo con el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo Nacional introdujo cambios en la Ley de Migraciones N° 25.871, que incluyen la redefinición de las categorías de residencia y la implementación de criterios más estrictos para la admisión y permanencia de extranjeros en el país. Estas medidas pretenden evitar el ingreso de personas que puedan representar un riesgo para la seguridad pública y asegurar que los inmigrantes que ingresen lo hagan de manera legal y con intenciones claras y legítimas.

La primera modificación tiene impacto sobre el artículo 6 de la ley. Ahora, “el Estado en todas sus jurisdicciones asegurará el acceso igualitario de los inmigrantes a las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, de acuerdo con los derechos y obligaciones correspondientes a cada categoría migratoria, en particular en lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social”.

Por otra parte, se estableció que si aun cuando su condición migratoria fuera irregular, deberán “ser admitidos como alumnos en un establecimiento educativo inicial, primario o secundario” ya sea de carácter público o privado.

En lo referente al sistema de salud, se aclaró que en caso de emergencia “no podrá negársele ni restringírsele el acceso a la asistencia social o a la atención sanitaria”, mientras que los “extranjeros residentes permanentes podrán acceder al sistema de salud público en igualdad de condiciones que los ciudadanos argentinos”.

Además, “en los establecimientos que brinden atención sanitaria administrados por el ESTADO NACIONAL, solo se brindará tratamiento médico o atención sanitaria habitual contra la presentación de un seguro de salud o la previa cancelación del servicio, de conformidad con las condiciones que establezca el MINISTERIO DE SALUD”.

Entre las reformas, se ha establecido que los extranjeros deberán presentar una declaración jurada al ingresar al país, manifestando los motivos de su entrada y comprometiéndose a no desvirtuarlos. A su vez, se ha reforzado el control sobre la documentación presentada por los inmigrantes, exigiendo que sea auténtica y veraz, y se han endurecido las sanciones para aquellos que ingresen de manera irregular o presenten documentos falsos.

Como parte de las reformas vinculadas a educación superior, el decreto indica que las universidades públicas podrán establecer retribuciones para los estudiantes extranjeros que no tengan residencia permanente.

Al respecto, se reafirmó que los estudios de grado de gestión estatal “serán gratuitos para todos los ciudadanos argentinos nativos o por opción y para todo extranjero que cuente con residencia permanente en el país”. Además, dichas instituciones “podrán establecer retribuciones por los servicios de educación para aquellos que no estuvieren incluidos en el párrafo anterior, conforme los términos del inciso c) del artículo 59 de la presente ley”.

Aún así, se aclaró que aquellas personas que no cuenten con la residencia permanente en el país, podrán acceder y “ser titulares de becas en los casos en que ello sea previsto por los estatutos correspondientes o por los convenios celebrados entre las instituciones de educación superior de gestión estatal y otros estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales públicos o privados”.

Entre los puntos centrales de la reforma, se definió la creación de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, que tendrá como objetivo fomentar la inversión extranjera en el país a través de la concesión de la ciudadanía a aquellos que realicen inversiones significativas. Esta medida busca atraer capitales extranjeros y generar empleo, contribuyendo al crecimiento económico de Argentina.

De ese modo, las reformas oficializadas en el decreto responden a los crecientes flujos migratorios y desafíos económicos, políticos y sociales. Según el Boletín Oficial, el Gobierno de Argentina ha reconocido la necesidad de adaptar su política migratoria a las nuevas realidades, asegurando que el país siga siendo un destino atractivo para los inmigrantes, pero con un marco legal que garantice la seguridad y el bienestar de todos sus habitantes.