El Consejo de la Magistratura citó al juez Bailaque para el 17 de junio y aprobó los cargos en su contra

El juez federal de Rosario Marcelo Bailaque tiene las horas contadas dentro del Poder Judicial. La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura lo citó hoy a declarar para el próximo 17 de junio y aprobó los cargos en su contra.

Bailaque fue citado por el artículo 20 del Reglamento del Consejo, equiparable a una indagatoria en sede judicial. El magistrado ahora puede defenderse y argumentar contra las imputaciones que se le hacen: tiene la opción de comparecer o presentar un escrito.

Si no aporta elementos nuevos, la Comisión de Acusación le recomendará al plenario del Consejo la apertura de un juicio político y la suspensión del magistrado. Para avanzar, se necesitan los dos tercios de los integrantes del Consejo.

“De la prueba reunida en este expediente, es posible tener por acreditado, con el grado de convicción requerido en esta etapa, que el magistrado Bailaque incurrió en comportamientos incompatibles con la ética, la transparencia y la objetividad exigidas por la Constitución Nacional para el ejercicio de la función judicial", dice el dictamen redactado por los consejeros Alvaro González y Alberto Maques y aprobado esta mañana por la Comisión de Acusación.

Ese mismo documento, al que tuvo acceso Infobae, enumera las pruebas en contra del juez federal, acusado ahora de mal desempeño. “La gravedad de los cargos enumerados adquiere relevancia con la simple observación que, de no mediar la inmunidad de arresto que inviste al nombrado magistrado por su condición de tal, se hubiera hecho efectiva la medida de coerción ordenada contra el ciudadano Marcelo Martín Bailaque, tal cual fue resuelto, el 30 de abril de 2024 –y confirmada parcialmente, el 19 de mayo de 2025-, en el marco de las carpetas judiciales FRO 9.010/2024, 15.287/2024 y 15.682/2024″, finaliza.

Bailaque está imputado en tres causas penales. En una de ellas, está acusado del armado de una causa contra dos financistas para cobrarles una coima. En ese expediente se arrepintió el ex titular de ARCA de Rosario y Santa Fe Carlos Vaudagna.

La maniobra comenzó en 2019 con una supuesta investigación administrativa en el marco de la ex AFIP contra el agente de bolsa Jorge Oneto y el empresario Claudio Iglesias. El segundo paso fue una denuncia anónima para que intervenga el juez federal de Rosario. El objetivo final era extorsionar a los empresarios. Concretamente, pedirles dinero a cambio de cerrar las investigaciones. Pero había otro motivo oculto: una interna en la compañía de seguros San Cristóbal, donde Iglesias aspiraba a un cargo.

Vaudagna reconoció que los financistas terminaron pagando una coima de 160 mil dólares. También contó que la extorsión se acordó en una reunión en la casa de Bailaque, de la que también estuvo el empresario Fernando Whpei, que ahora está detenido.

La segunda causa contra Bailaque está vinculada a presuntas maniobras dilatorias en favor del capo narco Esteban Alvarado y su ex esposa Rosa Natalí Capuano, con quienes habría tenido una conexión a través del contador Gabriel Mizzau.

Al momento de la imputación, los fiscales Juan Argibay Molina, Matías Scilabra y Federico Reynares Solari le atribuyeron a Bailaque no haberse excusado al intervenir en una causa contra Alvarado que estaba en su despacho desde 2013. Concretamente, lo acusaron de haber demorado escuchas telefónicas a Rosa Natalí Capuano, quien estaba como responsable de una de las empresas mencionadas.

La última causa contra el juez es por el manejo de los fondos de la cooperativa de trabajadores portuarios de San Lorenzo y Puerto San Martín. Bailaque autorizó el pedido de los interventores de desbloquear los fondos y transferirlos a la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, que pertenece al Grupo Unión, cuyo responsable es el financista Fernando Whpei, su amigo.

En el plano judicial, la Justicia de Santa Fe ordenó la prisión preventiva del juez pero luego la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria. Además, los camaristas le redujeron de $1.400 millones a $600 millones el embargo sobre sus bienes y cuentas bancarias. Y se mantuvo la prohibición para salir del país.