Villa la Angostura: mapuches bloquean acceso a un predio ocupado sobre el que rige una orden de desalojo

Integrantes de dos comunidades mapuches de Villa la Angostura bloquearon los accesos a un predio privado que usurparon hace 14 años, para evitar el desalojo del lugar, y anunciaron que piensan resistir el ingreso de las fuerzas de seguridad.

El predio en litigio está situado en Bahía Huemul, a 35 kilómetros del centro de Villa la Angostura. El caso se dirime en la justicia ordinaria neuquina aunque ya se agotaron las instancias para frenar el desalojo.

Este lunes expiró el plazo que otorgó el Poder Judicial de la provincia petrolera para que los acusados abandonen el sitio de forma voluntaria, dando lugar al uso de la fuerza para restituir la propiedad a los damnificados.

Ante la inminencia de la medida, la Confederación Mapuche de Neuquén se declaró en alerta y acudió al gobierno provincial para tratar de poner freno al desalojo. Las comunidades que residen en la propiedad son el lof Quintriqueo y Melo, conformadas por unas 30 familias.

“Nuestra idea de permanecer en el territorio es para siempre, por eso vamos a resistir cualquier intento de desalojo” aseguró Noelia Huenumil, una de las integrantes del grupo.

Este lunes las comunidades colocaron barricadas en el ingreso al predio e hicieron pública la intención de “frenar cualquier intento de desojarnos de nuestro lugar”.

Cuestionaron además la postura del gobierno provincial, al que acudieron para evitar la ejecución de la medida judicial, y denunciaron “abandono por parte de sus autoridades”.

“Sepa el gobernador Rolando Figueroa, el ministro Jorge Tobares y todo el arco político que no hicieron nada para que esto se frene. Serán los principales responsables de lo que suceda en el territorio con nuestros niños, ancianos e integrantes de nuestras lof” manifestaron.

La usurpación fue denunciada a principios de 2012, aunque el ingreso de las comunidades al lugar se concretó el 27 de diciembre del año anterior.

La propietaria del predio exhibió ante la Justicia, durante el transcurso de la causa en Tribunales, el título que acredita la titularidad de las tierras desde 1973. A pesar de ese aval, mapuches hicieron foco en la supuesta preexistencia ancestral e irrumpieron en el lugar.

El grupo, que reside en el predio, se escudó en la cuestionada Ley 26.160 de relevamiento territorial para permanecer en el territorio, a pesar de que la comunidad nunca fue reconocida por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

La querellante, acompañada por un escribano, elaboró un acta para dejar constancia del ingreso de los intrusos, la destrucción del candado que estaba colocado en el acceso y el inicio de una construcción precaria a cargo de los usurpadores. Allí se produjo el primer encuentro entre la dueña y uno de los ocupantes quien, machete en mano, le informó que se trataba de la recuperación territorial de todo el lote pastoril.

La defensa de los mapuches es ejercida por Luis Virgilio Sánchez, integrante de la Gremial de Abogados de la República Argentina, quien acudió a todas las estrategias posibles para garantizar la permanencia de sus defendidos en el sitio que consideran “ancestral”.

En 2016 el juez civil de primera instancia de Junín de los Andes, con jurisdicción en la zona, ordenó el desalojo de la comunidad y dispuso la restitución del inmueble a su propietaria. La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial analizó la presentación que realizó la comunidad mapuche para revertir la medida y confirmó la sentencia judicial. Sin embargo, el desalojo nunca se ejecutó.

En ese entonces el argumento mapuche se focalizó en la ley de relevamiento territorial establecido en la Ley 26.160, que dispone, entre otros puntos, la suspensión provisoria de todos los territorios usurpados por comunidades hasta que finalice dicho proceso. La denunciante aseguró que dicha norma alcanza únicamente a las usurpaciones efectuadas hasta el año 2005, por lo que la misma quedaría fuera de su rango de aplicación.

Las familias Melo y Quintriqueo defienden la reivindicación territorial argumentando la preexistencia de sus familiares en esas tierras desde 1928, aunque el dato nunca pudo ser documentado.

Dijeron que el lote pastoril “nunca fue ocupado y nosotros siendo descendientes de una familia pionera, estamos cansados de andar con nuestros animales de un lado a otro por no tener un lugar fijo donde tenerlos, además creemos tener el suficiente derecho ganado por nuestros mayores”.