El secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, instó a los diputados a aprobar la reforma del régimen penal juvenil, en medio del debate del proyecto de ley que busca bajar la edad de imputabilidad, actualmente fijada en 16 años, a 13 años.
“Los diputados deberán elegir de qué lado están: con los argentinos de bien o con los delincuentes. Hoy, después de 314 días de haber presentado el proyecto de Ley, podemos avanzar en la baja de la edad de imputabilidad. Es simple, el que es lo suficientemente grande para matar o violar es grande para afrontar las consecuencias e ir preso”, señaló Amerio.
Además, comparó la situación de Argentina con la de otros países de la región, destacando que, “compartimos con Cuba la edad de imputabilidad más alta de la región. En Uruguay la edad es de 13 años y en Brasil y México 12 años”.
“El Gobierno del presidente Javier Milei tiene el mandato de la sociedad de proteger a las víctimas y meter presos a los delincuentes y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para cumplirlo”, concluyó.
Este martes, el oficialismo y sus aliados lograron avanzar en la Cámara de Diputados con un dictamen para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. El proyecto, que ya quedó listo para ser tratado en el recinto, contempla una pena máxima de 15 años solo para delitos graves, pero busca dar prioridad a las penas alternativas como tareas comunitarias, prohibiciones de aproximación con las víctimas o medidas de reparación del daño causado.
Según explicaron sus impulsores, las penas de privación de la libertad no podrá aplicarse en caso de condenas menores a los 10 años, siempre que el menor no haya cometido un delito grave como homicidio, abuso sexual o secuestro. El texto obtuvo 77 firmas (necesitaba 73 como mínimo) de los diputados del PRO, La Libertad Avanza, la UCR, la Coalición Cívica, Innovación Federal y Democracia para Siempre. Unión por la Patria y el Frente de Izquierda se manifestaron en contra.
El proyecto de Régimen Penal Juvenil original que habían enviado al Congreso los ministros de Seguridad y de Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri, establecía poner un piso de 13 años. Sin embargo, el oficialismo tuvo que consensuar en 14 años para poder tener un acompañamiento que le asegure el dictamen de mayoría frente a los 15 proyectos que había en debate en el plenario de las comisiones de Legislación Penal, que preside Laura Rodríguez Machado (PRO), de Familias, Niñez y Juventudes, a cargo de Roxana Reyes (UCR); de Presupuesto, que encabeza José Luis Espert (La Libertad Avanza); y de Justicia, que conduce el libertario Manuel Quintar.
Una de las principales críticas por parte de la oposición giró en torno a las inversiones destinadas para contar con lugares apropiados para detener a los menores. La iniciativa oficial propone la creación de institutos especiales donde esté garantizado el derecho a ser educados, a recibir atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Todo el personal de los centros de detención deberá estar especializado en infancia y adolescencia. También queda terminantemente prohibida cualquier tipo de convivencia con detenidos mayores.
Entre las penas alternativas a la prisión se establecieron la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño y la prohibición de conducir vehículos. También se contemplan medidas complementarias como asesoramiento interdisciplinario, inclusión en programas educativos, tratamiento psicológico y capacitación laboral.
El nuevo régimen penal también contempla intervenciones especializadas para abordar situaciones de salud mental, consumo problemático de sustancias y entornos familiares violentos. En caso de que se requiera internación, se notificará al juez civil competente para asegurar el seguimiento adecuado del caso.
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