El gobierno de Santa Fe anunció este lunes durante la tarde la intervención de la Policía de Rosario, luego de los 38 allanamientos que se hicieron en horas de la mañana por una investigación provincial a raíz del desvío de fondos destinados a la carga de combustible. La información la brindó el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni junto al fiscal José Luis Caterina, a cargo de la causa, y del jefe de fiscales de la ciudad, Matías Merlo.
Las declaraciones de Cococcioni tuvieron lugar después de que la División de Asuntos Internos allanara el despacho del jefe de la Unidad Regional II, Daniel Acosta, y otros altos rangos policiales, quienes fueron desplazados de sus funciones este mismo lunes. Quien asumirá el mando como interventor por el plazo de 3 meses –que puede ser extendido– será el comisario retirado, ahora reincorporado, Claudio Romano, alguien que ya había conducido la Policía rosarina.
“Esto empezó hace diez meses por una denuncia anónima por correo postal. Dentro de la Subsecretaría de Control –del Ministerio de Seguridad– y de Asuntos Internos hicieron una excelente labor. Pudimos ver una malversación de fondos de mucha consideración. Estimamos alrededor de 45 millones de pesos que se sustraen lisa y llanamente de la corrupción. Se roba al Estado hablando mal y pronto”, expresó el fiscal Caterina.
El fiscal añadió que a medida que el gobierno provincial reforzó con más móviles a la Policía de Rosario se incrementó, lógicamente, la demanda y partidas para combustibles. “Parte de la carga de móviles se concentró en una estación de servicio, cuyos propietarios están comprometidos”, amplió.
De los 20 aprehendidos, cuatro son civiles y están relacionados a las empresas que proveyeron combustible a la Policía rosarina, sostuvo Caterina. Con respecto a los agentes arrestados, no se especificaron nombres, pero se aclaró que no están el desplazado jefe de la Unidad Regional II Daniel Acosta ni el subjefe Mariano Gobi.
El ministro Cococcioni señaló que este mismo lunes “quedaron en disponibilidad varios jefes, de Logística, Habilitación, Secretaría Privada, Comando Radioeléctrico, Brigada de Orden Urbano, Caballería y Perros, numerarios de logística, del Grupo Táctico Multipropósito, Infantería y Motorizada”.
Durante las diligencias, la División de Asuntos Internos confiscó teléfonos celulares como parte de las pruebas. Además, se llevaron a cabo allanamientos en estaciones de servicio, en la vivienda de un abogado y en otros domicilios particulares
“Más allá de la magnitud económica esto es una red de varias secciones policiales que tendieron a lucrar con algo tan sensible como la seguridad pública. La investigación sigue, aunque ahora se hizo un corte. Quiero reconocer al fiscal Caterina, al regional Matías Merlo y a la fiscal general Marías Cecilia Vranicich”, concluyó.
Según el jefe de fiscales de Rosario Matías Merlo, lo que se expuso en este legajo es “un tipo de organización dentro de la estructura policial que usó sus atribuciones para perjudicar al Estado”. “Hubo un perjuicio a la administración pública a través de diferentes maniobras, donde el personal se apropió de dinero con la carga de combustible”, finalizó.
Por el momento, no está determinada la fecha de la audiencia en la que Caterina acusará a los policías y civiles involucrados en la causa.
En paralelo a estos hechos, se reportó un incidente relacionado con un agente de la Policía de Santa Fe. Según la información recabada, el efectivo habría acudido a la casa de su ex pareja en la zona norte de Rosario y, bajo amenaza con un arma de fuego, la obligó a subir a su vehículo. La mujer logró escapar a las pocas cuadras y refugiarse en su domicilio. Este episodio, aunque no vinculado directamente con la investigación principal, pone de manifiesto la compleja situación de la fuerza policial en la región.
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