También se ajustaron los plazos para la rendición de subsidios otorgados al Plan Pampa Azul, que articula acciones de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación para proporcionar bases científicas a las políticas oceánicas nacionales, incluyendo el fortalecimiento de la soberanía nacional sobre el mar y al Programa Federal Equipar Ciencia, y la convocatoria “Ciencia y Tecnología contra el Hambre”.
Asimismo, se dieron de baja convenios vencidos en el marco del Programa Federal Construir Ciencia y del Consejo Federal de Ciencia, Tecnología e Innovación (COFECyT), requiriendo la devolución de fondos no ejecutados. La nueva resolución extiende hasta el 30 de junio de 2025 el plazo para que las instituciones beneficiarias rindan cuentas o reintegren los fondos no utilizados, incluidos los intereses generados por colocaciones financieras, cuando estos estén previstos. El plazo es de carácter improrrogable y, vencido, se procederá a iniciar acciones de recupero por vía administrativa o judicial.
El proceso de revisión de fondos se enmarca en la política de racionalización del gasto público impulsada por el Gobierno nacional desde el 10 diciembre de 2023. Según la Resolución 10/2025, la medida responde al objetivo de ordenar las cuentas públicas, tras la transferencia de competencias del ex Ministerio de Ciencia a la Jefatura de Gabinete de Ministros, establecida por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 8/2023 del presidente Javier Milei.
En ese contexto, Guillermo Francos, instruyó al secretario Darío Leandro Genua para realizar una evaluación integral de los programas y proyectos vigentes en el área científica, muchos de los cuales mostraban ejecución parcial, plazos vencidos o fondos sin rendir.
La tarea fue formalizada mediante la Resolución N° 10/2025, que otorgó a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología la potestad para reestructurar y rediseñar las líneas de financiamiento. Según la resolución, “vencido el plazo del 30 de junio de 2025, no se otorgarán nuevas prórrogas ni extensiones”, y “de no haberse efectuado la correspondiente rendición de los fondos transferidos y/o reintegrado las sumas no ejecutadas, se iniciarán las acciones de recupero pertinentes”. La Jefatura de Gabinete, tal como informó este medio, ya había publicado una resolución que obligaba a evaluar la justificación de acuerdos que el kirchnerismo otorgó a organizaciones sociales y entidades científicas y universidades para programas científicos y tecnológicos que no se ejecutaron o rindieron y que involucraban un monto de $1.867 millones.
En la Resolución 2025/10 se dejaba constancia de que la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología decidió evaluar la continuidad de aquellos programas y actividades que no cumplen con el grado de pertinencia y aporte efectivo al desarrollo de la ciencia y la tecnología en Argentina. Están relacionados con entidades ligadas a la economía popular que orientaban líderes piqueteros como Emilio Pérsico y de universidades como las de Buenos Aires, Lanús, La Plata y la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo.
Con respecto a las iniciativas vinculadas al sector social, aparece la eliminación de la Convocatoria de proyectos de actualización tecnológica para la Economía Popular, destinado a cubrir la compra de equipamiento de Unidades Productivas de la Economía Popular (cooperativas ligadas a líderes piqueteros), pasajes y viáticos de los integrantes de los proyectos y la contratación de servicios técnicos, que según los cálculos oficiales significará un ahorro de $ 1.200.000.000.
De esta manera, se destaca el plan denominado “Plataforma digital para la recreación y comunicación de las infancias de la Economía Popular”, adjudicado a la Asociación Civil Amanecer de los Cartoneros (ligada a Juan Grabois) por $ 6.400.000, el de “Fortalecimiento de registro y comunicación de la federación de cooperativas de trabajo Evita”, adjudicado a la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita LTDA (ligada a Emilio Pérsico) por $ 7.750.121 y “Taller de madera”, Adjudicado a la Asociación Civil Néstor Vive Varela, que recibió $ 10.000.000.
También está previsto eliminar el programa de Subsidios Institucionales, “que utilizaba fondos públicos para el sostenimiento de instituciones no estatales sin fines de lucro dedicadas al desarrollo y/o promoción de actividades de investigación científica y tecnológica en el país”. Dentro del mismo se encontraba, por ejemplo, el Centro de Investigación de la Cultura de Izquierdas en Argentina, que recibió en 2023 $ 1.300.000 para el pago de gastos de funcionamiento como gastos generales (luz, gas, etc.), salarios o locaciones de servicios de personal administrativo, alquileres, mantenimiento de edificios, pago de seguros y vigilancia.
Al dejar sin efecto el Programa de Subsidios Extraordinarios, que surgió para financiar gastos extraordinarios relacionados con actividades científico-tecnológicas, el ahorro, según estiman en el Poder Ejecutivo, será aún mayor. Alcanza los $ 491.600.101 e incluye lo que se le pagaba a la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo por $ 39.955.000, para el “Ante Proyecto para el Diseño Museográfico de la Casa por la Identidad Abuelas de Plaza de Mayo en el Espacio Memoria y Derechos Humanos”.
Desde la Casa Rosada se asegura que con estas medidas, la Secretaría de Innovación busca consolidar un nuevo esquema de financiamiento científico centrado en la transparencia y la eficiencia presupuestaria.
El Poder Ejecutivo considera que “la unificación del tratamiento de todos los programas, proyectos, iniciativas y convenios en situaciones similares permitirá trazar una línea de acción única para el ordenamiento contable”.
Según fuentes oficiales, la decisión de exigir el reintegro o la rendición de los fondos no ejecutados responde a un criterio de legalidad y control del gasto público, no a una evaluación del destino científico de los proyectos. Desde la administración actual también se sostiene que, en muchos casos, las instituciones solicitaban plazos adicionales para rendir porque los montos estaban “colocados en instrumentos financieros”, lo que representa —según argumentan— una “desviación del fin público original” de los subsidios.
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