En el marco de un esfuerzo conjunto para reforzar la seguridad en las fronteras norteñas, el ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, puso en marcha la “Operación Julio Argentino Roca”, oficializada la semana pasada.
La iniciativa castrense busca intensificar el control en las zonas rurales del norte y noreste del país, tanto desde el ámbito terrestre como desde el aeroespacial. Según se informó, la intervención está respaldada por el Decreto 1112/2024 y la Ley de Defensa Nacional.
Las Fuerzas Armadas operarán en áreas alejadas de los centros urbanos y fuera de los pasos fronterizos internacionales oficiales, con el objetivo de conseguir información estratégica para la defensa nacional.
Del operativo participan brigadas del ejército con más de 10.000 efectivos involucrados, con un despliegue permanente de hasta 1.300 hombres en la zona. Se utilizan drones, radares móviles, helicópteros, comunicaciones y un avión Diamond para relevamientos.
El personal fue capacitado con ejercicios prácticos bajo Reglas de Empeñamiento y contará con nuevo equipamiento de protección individual. El despliegue será flexible y se adaptará a los distintos escenarios de la frontera norte, según se informó oficialmente.
La semana pasada, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, presentó en Salta las novedades del Plan Güemes, una estrategia focalizada en combatir el narcotráfico, el contrabando y otras actividades del crimen organizado en la región.
Durante un acto llevado a cabo en el Escuadrón 52 “Tartagal” de Gendarmería Nacional, Bullrich enfatizó el compromiso del gobierno en erradicar las redes criminales: “Muchos vecinos viven con miedo o conviven con criminales. Por eso venimos a decirles que tenemos identificadas a cada una de las bandas que operan en esta zona y vamos a desmantelarlas una por una”.
Entre las medidas anunciadas, también destacó la declaración de la región de Orán y Aguas Blancas como zonas especiales de investigación, en el marco de la Ley Antimafia. Esto permitirá dotar a los jueces federales y provinciales de herramientas más contundentes para desarticular las estructuras criminales presentes en esa área crítica.
La ministra señaló que el plan no solo busca eliminar el control de las bandas en estas zonas, sino también devolver la tranquilidad a las comunidades afectadas: “Ni un milímetro del suelo argentino puede estar bajo control de las bandas criminales. Vamos a liberar cada rincón que haya sido tomado por el narcotráfico y devolverle la legalidad al pueblo”.
Esta nueva fase del Plan Güemes implica la incorporación de las localidades de Tartagal, Aguaray y Salvador Mazza dentro del despliegue de seguridad. Bullrich recordó que el plan inicialmente surgió como respuesta a los niveles alarmantes de criminalidad en 2023, que tuvo como episodio los siete asesinatos registrados en Orán y Aguas Blancas vinculados a sicariato. “El Estado argentino tiene que ser la solución al problema y no parte del problema. Eso es lo que marca un verdadero cambio de época”, destacó la ministra.
Además, en el marco de la cooperación bilateral, el Gobierno anunció avances en un acuerdo con Bolivia para establecer un sistema conjunto de vigilancia del espacio aéreo.
Según detalló Bullrich, el sistema permitirá que Bolivia informe en tiempo real sobre vuelos procedentes de su territorio, lo que facilitará la interceptación de movimientos ilegales. “Con cooperación, tecnología y decisión política, vamos a recuperar el control total de nuestras fronteras", afirmó.
Asimismo, se informó sobre la recuperación de equipos tecnológicos previamente desactivados, como radares, drones y centros de comando. Estas herramientas se integrarán al trabajo coordinado entre las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad, la justicia y los gobiernos provinciales.
Según Bullrich, el gobierno tiene como objetivo garantizar que Argentina no sea un territorio de tránsito ni de consumo para el narcotráfico. “Vamos zona por zona. Vamos a fondo. Queremos un país seguro, donde cada argentino viva sin miedo”, subrayó la ministra en su discurso.
El acto contó con la presencia de diversas autoridades, entre ellas, el ministro de Justicia y Seguridad de Salta, Gaspar Solá Usandivaras; los intendentes de Tartagal, Franco Hernández Berni; de Mosconi, Ana Guerrero Pala; de Aguaray, Guillermo Alemán, y de Salvador Mazza, Gustavo Subuelza. También participaron representantes de las fuerzas de seguridad y funcionarios nacionales y provinciales.
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