Ordenaron levantar el secreto fiscal de un hombre clave en la causa Seguros que podría complicar a Alberto Fernández

El juez Sebastián Casanello ordenó hoy levantar el secreto fiscal de Daniel “El Gordo” Rodríguez, una de las personas de máxima confianza de Alberto Fernández que administró la quinta de Olivos entre 2019 y 2023. Además, el magistrado le pidió a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que elabore un amplio informe sobre el patrimonio de ese hombre desde 2015 hasta la actualidad. Eso incluye un listado de bienes inmuebles, vehículos, cajas de seguridad, fiscalizaciones, y cualquier otro dato relevante que figure en las bases de ese organismo.

Rodríguez conoció al ex presidente cuando era jefe de Gabinete de Néstor Kirchner. Retirado de la Policía Federal, por la rama de Bomberos, formó parte de su custodia durante varios años. Luego pasó a encargarse de sus cuestiones personales, una suerte de cadete todo terreno.

A fines de 2019, cuando Fernández fue ungido como candidato presidencial, “El Gordo”, como lo conocen sus amigos, volvió a trabajar como chofer y lo acompañó por todo el país. Luego del triunfo electoral, Fernández lo nombró como “intendente” de la quinta de Olivos, donde pasó a encargarse de todos los detalles. De hecho, terminó declarando como testigo en el marco de la denuncia que impulsó Fabiola Yañez: dijo que no le consta la violencia física del ex presidente, pero sí aclaró que fue testigo de “agresiones verbales”.

Rodríguez vivía en la quinta presidencial, pero utilizaba una casa, en la calle Maestra Elizarraga al 2600, a metros del shopping Unicenter, donde tenía mayor privacidad. Esa vivienda fue allanada por el juez Julián Ercolini a mediados del año pasado y se descubrió que estaba a nombre del broker Héctor Martínez Sosa, amigo de Fernández.

En ese procedimiento, también le secuestraron su teléfono.

Ahora, el juez Casanello, que se hizo cargo de la causa de los seguros en febrero, decidió profundizar esa línea de investigación. Además de la información fiscal y patrimonial sobre Rodríguez, le pidió a ARCA “un informe en el cual se describan los vínculos y relaciones con Alberto Ángel Fernández, Héctor Martínez Sosa, María Cantero y “Héctor Martínez Sosa y Compañía SA”.

Además de ser un hombre de confianza de Fernández, “El Gordo” trabajó en la empresa de Martínez Sosa durante el gobierno de Mauricio Macri. Luego se convirtió en un nexo clave entre ambos.

En los teléfonos de María Cantero, la mujer del broker, aparecieron decenas de selfies que se sacaba Martínez Sosa junto a Rodriguez dentro de la quinta de Olivos. También se encontró, tal como reveló Infobae, una imagen de Fernández y Martínez Sosa dialogando en el despacho del intendente de la quinta de Olivos. La imagen fue clave porque hasta ese momento los protagonistas habían negado un encuentro cara a cara en ese lugar.

Casanello también le dio intervención a la Unidad de Información Financiera (UIF), para que informe si hay algún Reporte de Operación Sospechosa (ROS) sobre Rodriguez. No solo eso. Además, le pidió un informe “en el cual se describan sus eventuales vínculos y relaciones con las personas físicas y jurídicas (y sus accionistas) referenciadas en dichos informes precedentes”.

“El Gordo sabe todos los secretos de Alberto y más también”, dice un ex funcionario que tuvo trato con ambos.

La causa de los Seguros cambió de juez a comienzos de febrero, cuando se venció la subrogancia de Ercolini, en el juzgado federal 11. Ocurrió en un momento clave de la investigación porque ya se habían terminado las indagatorias y el juez estaba en condiciones de decidir si procesaba o sobreseía a todos los imputados.

Desde entonces, Casanello decidió revisar toda la documentación antes de tomar una decisión y ordenó varias medidas de prueba. La semana pasada, ordenó la inhibición general de Alberto Fernández, del ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, del broker Martínez Sosa, de su esposa María Cantero, la histórica secretaria del ex presidente, del broker Pablo Torres García, y de las empresas Bachellier, San Ignacio, San German, TGG Broker, entre otras. En total son 51 personas y empresas. Mientras dure esa medida, no podrán vender ni disponer de sus bienes. Tampoco tendrán accesos a sus cajas de seguridad.