El Gobierno afirmó que García-Mansilla seguirá en la Corte aunque el Senado rechace su pliego y dijo que no tiene plan B para Lijo

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, defendió las designaciones por decreto de ambos magistrados

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Manuel García-Mansilla, flamante integrante de
Manuel García-Mansilla, flamante integrante de la Corte Suprema.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reiteró este sábado que Manuel García-Mansilla seguirá en la Corte Suprema de Justicia hasta el 30 de noviembre, incluso si el Senado rechaza su pliego. En declaraciones a AM 750, el funcionario explicó que la designación del magistrado fue realizada conforme a la Constitución Nacional y que su permanencia en el máximo tribunal está garantizada hasta esa fecha, pese a la ofensiva opositora para anular su nombramiento.

“El rechazo del acuerdo no implica que deba dejar el cargo de inmediato. Su designación fue realizada constitucionalmente y, si el Senado lo rechaza, sigue en funciones hasta el 30 de noviembre”, afirmó Francos, dejando en claro la postura del Gobierno.

García-Mansilla fue propuesto por el presidente Javier Milei mediante un decreto y juramentado por la Corte Suprema, lo que generó fuertes cuestionamientos en el Senado. La oposición, encabezada por el kirchnerismo, la Unión Cívica Radical (UCR) de Martín Lousteau y legisladores de Pro, intenta reunir los votos necesarios para convocar una sesión especial y rechazar el pliego. Según fuentes parlamentarias, el viernes solo faltaba una firma para alcanzar los nueve votos requeridos para llevar el debate al recinto.

Ante esta situación, Francos también rechazó los argumentos que califican la designación de García-Mansilla como ilegítima y desestimó cualquier posibilidad de un juicio político en su contra. “Un juicio político por este motivo no tiene lógica. Se hace por otras razones, no por el procedimiento de designación de un juez al que le ha tomado juramento la propia Corte”, sostuvo el jefe de Gabinete.

Además, el funcionario se refirió a la situación de Ariel Lijo, otro de los jueces propuestos por el Ejecutivo para integrar la Corte, quien aún no ha sido acreditado debido a que no le aceptaron la licencia que presentó para dejar su cargo en el juzgado federal. Francos enfatizó que el Gobierno sostiene la validez de su designación y que, al igual que García-Mansilla, Lijo mantiene su legitimidad hasta noviembre.

“No tenemos un plan B para Lijo. Si la Corte no le toma juramento es una decisión de la Corte, el Gobierno no puede hacer nada”, aseguró el jefe de ministros.

Ariel Lijo aún no pudo
Ariel Lijo aún no pudo jurar en su cargo en la Corte. Foto: Jaime Olivos

En este contexto, destacó que García-Mansilla ha demostrado independencia desde su nombramiento, al votar en contra de la asunción de Lijo sin que este dejara su cargo en el juzgado. “Me parece destacable. Un juez, una vez que asume, debe expresar su posición conforme a la Constitución y al derecho. Ha demostrado total independencia”, señaló Francos.

La designación en comisión de los jueces García Mansilla y Lijo aceleró los tiempos políticos en el Senado y la oposición está muy cerca de convocar a una sesión para rechazar ambos pliegos.

El dictamen que promueve al juez Lijo ya tiene 9 firmas, es decir la mitad más uno de los integrantes de la comisión de Acuerdo, por lo que su designación podría ser debatida en el recinto en cuanto la oposición decida convocar a una sesión especial.

Pero diferente era la situación de García Mansilla. Hasta el jueves se sabía informalmente que el oficialismo tenía un dictamen con cuatro firmas, pero nunca lo presentó. Sin embargo, ayer el peronismo llevó un dictamen con seis firmas (Anabel Fernández Sagasti, Alicia Kirchner, Juliana Di Tullio, Lucía Corpacci, Sergio Uñac, Claudia Ledesma Abdala), mientras que el radical disidente Martín Lousteau, en tándem con Guadalupe Tagliaferri (PRO), también presentó un dictamen de rechazo propio con dos firmas. Ocho firmas en total.

Ambos dictámenes hacen referencia a la contradicción de García Mansilla que en la audiencia pública ante el Senado había asegurado -algunos meses atrás- que no aceptaría una designación en comisión porque “hay un gran sector de la población que, con buenas razones, resiste ese tipo de decisiones que son privativas del Presidente”.

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