El presunto desvío en ocho municipios de las provincias de Tucumán, Catamarca y Salta durante las elecciones de 2023 alcanzó una cifra cercana de los $40 mi millones, según una denuncia penal que realizó la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). El posible esquema de corrupción, detectado gracias a los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) enviados por bancos y entidades financieras a la Unidad de Información Financiera (UIF), expone una posible malversación de fondos municipales.
Los distritos involucrados son Banda del Río Salí, Monteros, Famaillá y San Isidro de Lules (en la provincia de Tucumán), Corral Quemado, Belén e Icaño (en Catamarca) y la localidad de San Carlos (en Salta).
Según la denuncia de la PROCELAC, a cargo del fiscal Diego Velasco, el dinero se extrajo en efectivo y mediante cheques. El total investigado asciende, en principio, a $39.487 millones. “Mediante las investigaciones efectuadas se pudo corroborar la existencia de las cuentas bancarias de los distintos municipios, sus firmantes y autorizados, como así también el libramiento de cheques para la extracción de dinero durante el período cuestionado”, dice la presentación revelada por La Gaceta de Tucumán.
La maniobra habría comenzado en marzo de 2023 y se habría extendido hasta octubre, cuando se realizó la elección presidencial. En ese período, siempre según el contenido de la denuncia, “los principales espacios políticos recaudaron casi $ 875 millones a nivel nacional en 2023, monto notoriamente inferior a la suma calculada” para el conjunto de municipios que están bajo la lupa.
La investigación preliminar reveló que, por un lado, se hacían extracciones aparentemente sin justificar y, por el otro, esos mismos millones de pesos eran depositadas a las cuentas privadas de empleados municipales, quienes, en muchos casos, terminaban comprando dólar MEP.
La UIF sostuvo que el volumen de retiros aumentó exponencialmente antes de las elecciones de 2023 y cayó en 2024, lo que refuerza la hipótesis de que estos fondos fueron utilizados para financiar la última campaña electoral.
Tras el reporte de la UIF, la PROCELAC hizo una denuncia formal ante la Cámara Nacional Electoral, que la recibió y la remitió a cada jurisdicción implicada.
El caso más grave está en Tucumán
Con poco más de 70.000 habitantes, La Banda del Río Salí es la ciudad más grande del departamento Cruz Alta y la segunda más poblada de la provincia de Tucumán. Según la investigación preeliminar de la UIF, entre enero de 2023 y junio de 2024, a través de la operatoria conocida como “cheque por ventanilla”, de sus arcas municipales se extrajeron $17.256 millones de pesos sin ninguna justificación que convenciera a las autoridades del Banco Macro, donde la municipalidad tiene sus cuentas.
En cumplimiento de la ley antilavado, la entidad bancaria alertó a la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre lo que ocurría en el municipio.
El intendente actual de La Banda del Río Salí es Gonzalo Monteros. Su padre, Darío Monteros, es el actual ministro del Interior de Tucumán y estaba a cargo de esa ciudad durante el período investigado. Cuando comenzó el escándalo, dijo que las extracciones “estaban vinculadas al pago de haberes del personal no bancarizado, a fin de evitar posibles situaciones conflictivas”.
Otros casos en tres provincias
La denuncia también detalla los desvíos en otras ciudades tucumanas: Famaillá ($11.449.650.000 en el mismo período), Monteros ($3.923.287.500 entre marzo y octubre de 2023) y San Isidro de Lules ($4.217.726.577 también entre marzo y octubre de 2023). Esos tres distritos son gobernados por el PJ.
En Catamarca, los municipios apuntados son Icaño ($1.113.312.192 entre diciembre de 2021 y junio de 2024), Corral Quemado ($771.000.000 en el mismo período) y Ciudad de Belén ($623.996.158 entre mayo de 2022 y diciembre de 2023).
El municipio de San Carlos es el único caso en la provincia de Salta. Entre julio de 2023 y marzo de 2024, se extrajeron poco más de 130 millones de pesos. También es gobernado por el PJ.
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