Qué es la intervención federal de una provincia y para qué casos se aplica

El presidente Javier Milei pidió hoy la renuncia del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, para disponer de una intervención federal ante los hechos de inseguridad en la provincia, que volvieron a ponerse de manifiesto por el revuelo con el crimen de Kim Gómez, la nena de 7 años en La Plata que falleció durante el robo de un auto.

“Dado que la Provincia es un baño de sangre, y nuestra visión sobre cómo afrontar el problema es tan distinta y usted claramente no puede resolverlo (si no pudo administrar un bar menos una provincia), dado que está admitiendo su fracaso, si le interesa el bienestar de los bonaerenses córrase del camino (esto es, renuncie) y déjenos intervenir la Provincia. En un año nosotros vamos a terminar con la violencia”, argumentó el mandatario, en su cuenta personal de X.

Sin embargo, para avanzar en esa dirección, el Gobierno debería demostrar que se cumplen las condiciones en la Constitución nacional y contar con el respaldo del Congreso.

La intervención federal es un mecanismo previsto en el artículo 6º de la Constitución nacional, que permite al Poder Ejecutivo tomar el control de una provincia en situaciones excepcionales. Solo existen tres causas contempladas para decidir una intervención sobre la autonomía local: 1) “garantir la forma republicana de gobierno”, 2) ″repeler invasiones exteriores", 3) el pedido de sus “autoridades constituidas para sostenerlas o reestablecerlas, si hubiesen sido depuestas por la sedición, o por invasión de otra provincia”.

El procedimiento para decretar una intervención es una atribución del Congreso Nacional, desde la reforma constitucional de 1994. Ahora bien, según indica la propia normativa, el Presidente de la Nación puede decretarla de manera excepcional si el Congreso está en receso, pero siempre el Poder Legislativo debe posteriormente aprobarla. Sería una decisión de alto riesgo político, por el potencial conflictivo en la relación entre la Nación y las provincias.

El constitucionalista Miguel Ángel Ekmekdjian definió la intervención federal como un “acto complejo, de naturaleza política, emanado del Gobierno federal, por el cual se limita o suspende temporariamente y en forma coactiva la autonomía provincial”. Mientras que el reconocido jurista Germán Bidart Campos la calificó como “el recurso extremo” dentro del sistema de garantías constitucionales.

Antecedentes de intervenciones federales en democracia

La facultad de intervención federal se remonta al Pacto Federal de 1831 y en el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos de 1852, que preveían el auxilio del gobierno federal a las provincias y sus autoridades que fueran perturbadas por sublevaciones u hostilidades típicas de aquel tiempo de guerra civil. Desde entonces, se le sumaron nuevas condiciones y requisitos.

Desde el retorno de la democracia en 1983, varias provincias han sido intervenidas por el Gobierno nacional:

• Tucumán (1991): El presidente Carlos Menem desplazó al gobernador José Domato y designó a Julio César Aráoz como interventor.
• Catamarca (1991): La intervención ocurrió tras el asesinato de María Soledad Morales, que generó una crisis política que derivó en la destitución del gobernador Ramón Saadi.
• Santiago del Estero (1993): A raíz del “Santiagueñazo”, un estallido social por la crisis económica, el gobernador Carlos Mujica fue desplazado y Juan Schiaretti asumió como interventor.
• La única intervención federal aplicada por ley desde entonces fue la de Santiago del Estero en 2004, ordenada por el expresidente Néstor Kirchner, bajo el supuesto de alteración de la forma republicana de gobierno. Aquella intervención, que tuvo apoyo del PJ local que gobernaba el distrito, se aplicó por denuncias de espionaje a opositores, abusos policiales y corrupción durante la gestión de la gobernadora Mercedes “Nina” Aragonés de Juárez.

El debate sobre una posible intervención en Buenos Aires

Según opinó el constitucionalista Daniel Sabsay, la intervención es un recurso destinado a reestablecer la forma republicana de gobierno cuando esta se encuentra en riesgo. Un supuesto que, hasta el momento, no está probado en la provincia de Buenos Aires.

Gregorio Badeni, profesor titular de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (UBA), advierte en un artículo académico que hubo una “real desconstitucionalización de la intervención federal” en la historia argentina, ya que “en la inmensa mayoría de los casos, en más de cien oportunidades, la intervención fue dispuesta por el órgano ejecutivo y. en muchos de ellos, procurando satisfacer las mezquinas y transitorias pasiones políticas partidarias”.

“En ningún caso puede el órgano ejecutivo disponer la intervención, ni siquiera durante el receso del Congreso. Solamente lo podría hacer si fuera autorizado por ley del Congreso a ejercer dicha potestad durante su receso y condicionada a la ratificación expresa del Poder Legislativo”, señala en un artículo.

A su vez, la jurisprudencia de la Corte Suprema también planteó en el caso “Orfila” en el sentido que el poder de intervención estaba conferido implícitamente en el Congreso. Tanto en su sanción como en el control de los plazos y alcances de la medida.

Por lo tanto, el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) necesita en principio la mayoría de los votos en las dos cámaras del Congreso para avanzar en una decisión semejante ante la provincia de Buenos Aires, algo que no tiene garantizado.

Los datos históricos indican que, desde la sanción de la Constitución Nacional en 1853 hasta 1976, se establecieron 174 intervenciones provinciales, un número que refleja claramente el uso recurrente de este mecanismo. Desde la última reforma constitucional, se puso un límite explícito a esta atribución.

El gobernador Axel Kicillof dijo ayer estar dispuesto a reunirse con Milei para ver cómo afrontar el pico de homicidios de los últimos días, tras la muerte de Kim Gómez, y denunció al oficialismo a utilizar estos hechos como parte de la “campaña electoral” con el fin de “ganar un voto y lucrar con el dolor“. Y apuntó contra la Justicia porque aplica ”mal” la ley, ya que el principal sospechoso del homicidio de la niña fue liberado durante el verano. “Yo no nombro jueces, ni pongo preso a nadie ni hago las leyes. Ya lo habíamos apresado en febrero y lo liberaron. Es un caso para discutir de la aplicación de la ley”, fustigó.