Mar del Plata: secuestraron más de una tonelada de alimentos y Montenegro denunció al gobierno bonaerense

Un operativo conjunto entre la Policía Federal Argentina (PFA) y la Inspección General de la Municipalidad de General Pueyrredón resultó en el secuestro de más de una tonelada de alimentos. Investigan si fueron distribuidos de manera irregular por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Los productos alimenticios, principalmente no perecederos, fueron hallados en una vivienda de Mar del Plata el pasado miércoles, luego de un allanamiento autorizado por la Justicia.

La mercadería había sido asignada a una cooperativa de trabajo que, según se pudo corroborar durante el allanamiento, ya no existe. La entidad en cuestión había sido beneficiaria de estos alimentos, pero los responsables del acopio no pudieron presentar ninguna justificación que explicara la posesión de esa cantidad de productos. Es por esto que secuestraron la comida, que quedó bajo custodia judicial.

La operación fue realizada en el marco de la orden de allanamiento N° 7186/2024, emitida por el juez que lleva la causa. Durante el procedimiento, las autoridades encontraron que los alimentos, que formaban parte de los recursos destinados a la asistencia social de sectores vulnerables, no estaban siendo utilizados de la manera prevista.

El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, se refirió al operativo a través de su cuenta en X, manifestando su apoyo al procedimiento y destacando la gravedad de la situación. “Estos son los alimentos no perecederos que la Provincia le dio a una cooperativa que no existe. Con la Inspección General apoyamos el allanamiento que condujo la Policía Federal. Cuando llegamos, no pudieron justificar el acopio y todo quedó a disposición de la Justicia”, escribió Montenegro.

El intendente de la ciudad balnearia también dejó en claro que, además de la incautación de la mercadería, la Justicia tomará las decisiones pertinentes para que los recursos sean distribuidos de manera adecuada entre instituciones que asisten activamente a personas necesitadas de la región. “Vamos a solicitarle al juez que la reparta entre las instituciones que realmente trabajan con la gente vulnerable. Necesitamos mucha claridad en estos temas. Se acabaron los tiempos en que algunos vivos usan las necesidades de la gente dilapidando los recursos de todos los bonaerenses”, subrayó.

El destino de los alimentos será determinado tras un análisis detallado de su estado. En este sentido, el municipio de General Pueyrredón colaborará estrechamente con los expertos de Bromatología para verificar la calidad de los productos y certificar que estos puedan ser distribuidos de manera segura a las entidades que se encargan de la asistencia social.

De acuerdo con las fuentes, los productos secuestrados no solo son de carácter no perecedero, sino que incluyen una variedad de alimentos básicos destinados a poblaciones vulnerables, tales como leche en polvo, arroz, fideos y otros insumos de primera necesidad. Sin embargo, el hecho de que estos hayan sido encontrados en una vivienda privada, fuera del circuito oficial de distribución, genera dudas sobre la transparencia en el manejo de los recursos públicos destinados a la ayuda social.

El secuestro de la mercadería y la apertura de la investigación judicial buscan, en última instancia, garantizar que los recursos públicos sean utilizados de acuerdo con su propósito original: asistir a quienes más lo necesitan. A través de estos procedimientos, las autoridades locales intentan también evitar que los fondos destinados al bienestar social sean desviados para otros fines, como se sospecha en este caso.

Las autoridades de la Policía Federal y la Inspección General de la Municipalidad de General Pueyrredón seguirán trabajando en conjunto para esclarecer los detalles de la distribución irregular de estos alimentos, y se espera que el juez encargado del caso tome las decisiones necesarias para garantizar que los recursos sean puestos a disposición de las entidades que realmente trabajan en beneficio de la población vulnerable.