Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica retira 263 microondas de las cárceles y endurece control de alimentos para frenar ingreso de drogas

El Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica anunció una serie de acciones orientadas a endurecer el control sobre los alimentos y artículos permitidos en los centros penitenciarios, en respuesta al creciente desafío que representa el ingreso de drogas y objetos prohibidos en las cárceles del país. Entre las decisiones más relevantes destaca el retiro de 263 microondas de las cárceles costarricenses, como parte de una política para restringir el uso de electrodomésticos y reducir los mecanismos mediante los cuales se facilita el tráfico de sustancias ilícitas.

La institución informó que, tras un proceso de inspección y clasificación de los equipos, 238 microondas en condiciones de funcionamiento serán donados a distintas entidades de bien social, como Cen-Cinai, comedores escolares, delegaciones policiales y hogares para adultos mayores. El resto de los aparatos serán retirados del sistema penitenciario y dados de baja por su estado. De acuerdo con la nueva directriz, los únicos microondas autorizados estarán ubicados en áreas de visita y su uso estará restringido al consumo inmediato de alimentos durante esos lapsos.

Estas acciones se enmarcan en una estrategia más amplia del Ministerio para limitar el acceso a objetos que puedan ser utilizados para introducir droga o artículos prohibidos en los centros de reclusión. La cartera de Justicia y Paz ha señalado que la presencia de microondas en las celdas o áreas comunes facilitaba el ocultamiento de paquetes y sustancias, dificultando la labor de control de las autoridades penitenciarias.

El retiro de los microondas coincide con otras medidas anunciadas por el Ministerio para reducir los riesgos asociados al ingreso de comida y artículos externos.

La institución también avanza en la reducción de las tasas de comida permitidas para los privados de libertad, estableciendo límites estrictos en cantidad, peso y tipo de alimentos que pueden ingresar los familiares durante las visitas.

El objetivo de esta política es minimizar las oportunidades de camuflar droga o teléfonos celulares en productos alimenticios que, en revisiones anteriores, se han detectado en panes, frutas y otros artículos aparentemente inofensivos.

Las autoridades han explicado que el endurecimiento de los controles responde al incremento en la incautación de drogas dentro de las cárceles, así como al uso de métodos cada vez más sofisticados para burlar la seguridad.

El Ministerio de Justicia y Paz ha insistido en que la colaboración con las fuerzas policiales y la revisión constante de los protocolos son claves para combatir la criminalidad organizada que opera dentro y fuera de los centros penales.

La política de donación de los microondas en buen estado ha sido presentada como un esfuerzo para que estos recursos se destinen a instituciones y programas sociales que atienden a población vulnerable, en lugar de permanecer inutilizados en bodegas estatales.

Estas medidas se suman a controles más estrictos sobre el ingreso de artículos personales, la vigilancia en las áreas de visita y el fortalecimiento del personal encargado de la revisión de paquetes. El Ministerio ha señalado que la lucha contra el ingreso de drogas en cárceles requiere de acciones integrales y de la colaboración entre diversas instituciones estatales.

El endurecimiento de las normas para familiares y visitantes también ha generado debate entre organizaciones de derechos humanos y asociaciones de familiares de privados de libertad, que han planteado inquietudes sobre el impacto de las restricciones en la calidad de vida de la población penitenciaria.

Las autoridades, por su parte, sostienen que las medidas son necesarias para salvaguardar la seguridad interna y evitar el fortalecimiento de redes criminales desde el interior de las cárceles.

El Ministerio de Justicia y Paz ha reiterado su compromiso de reformar y modernizar los controles penitenciarios, aplicando estándares internacionales de seguridad y garantizando que las acciones implementadas cuenten con respaldo legal y administrativo.