
Javier Milei se encuentra en un momento crucial de su gestión mientras prepara su discurso para la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, programada para el próximo 1 de marzo.
El mandatario tiene como prioridad abordar temas económicos, destacando la reducción de la inflación, el ajuste fiscal “más importante en la historia” y el déficit cero. Sin embargo, el contexto político, sumado a la controversia por el caso de la criptomoneda $Libra, y su impacto judicial, añade complejidad a este evento clave.
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Milei planea presentarse en el recinto con la banda y el bastón presidencial, acompañado por dos Granaderos. No obstante, otros aspectos de su presentación aún están en revisión, incluyendo cómo manejará las tensiones con el Poder Legislativo tras un año marcado por enfrentamientos verbales con diputados y senadores. Además, el jefe de Estado busca consolidar su posición en el ámbito judicial, enfrentando obstáculos en la designación de jueces para la Corte Suprema.
Uno de los puntos más delicados que enfrenta el Ejecutivo es la falta de consenso en el Congreso para aprobar los nombramientos de los jueces propuestos. De los dos candidatos enviados por la Casa Rosada, solo Ariel Lijo ha conseguido las firmas necesarias para avanzar hacia el recinto. En contraste, el pliego de Manuel García Mansilla no cuenta con el respaldo suficiente, lo que ha llevado al Gobierno a considerar su nombramiento en comisión mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
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Una fuente de alto nivel en la Casa Rosada explicó que el Presidente desea que ambos jueces estén presentes en el palco durante la apertura de sesiones. Sin embargo, esta estrategia enfrenta resistencia, ya que Lijo ha manifestado su rechazo a ser designado por DNU. Además, ese nombramiento significaría que el juez tendría que renunciar a su cargo actual para asumir en comisión y, a pesar de que aseguraban que contaba con los votos para la aprobación de su pliego en el recinto, que el oficialismo haya desistido de su tratamiento durante las extraordinarias parecería mostrar lo contrario.
En este contexto, el Ejecutivo evalúa alternativas, incluyendo la posibilidad de proponer nuevos nombres para garantizar que los cinco jueces de la Corte estén presentes en el evento.
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El tiempo apremia, ya que el Congreso retomará sus sesiones el próximo sábado 1 de marzo, lo que limita el margen para realizar nombramientos por decreto. La norma establece que el Presidente sólo puede nombrar por DNU a un juez en comisión para el máximo tribunal si el Congreso, que es quien tiene que prestar acuerdo, no está en funciones. Y eso sólo sucederá durante la próxima semana. Una vez que comience el ciclo de sesiones ordinarias, Milei ya no podrá utilizar esta herramienta.

La decisión final se tomará tras el regreso de Milei de su viaje a los Estados Unidos. No obstante, esta estrategia podría generar tensiones adicionales, ya que Unión por la Patria (UP) adelantó que no apoyará la continuidad de jueces designados por DNU.
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El caso de la criptomoneda $Libra también se perfila como un tema central durante la sesión. Se espera que los legisladores opositores utilicen este caso como un eje de crítica, con carteles y mensajes en sus bancas. Ante este escenario, el Gobierno busca estrategias para desviar la atención y contrarrestar el impacto mediático del denominado “criptogate”.
Una fuente cercana al Presidente señaló que la designación de jueces por decreto podría ser una maniobra para cambiar el foco de atención. “La idea es que la presencia de los jueces en el cargo permita ganar tiempo para negociar durante el próximo año”, explicó esta persona, quien también reconoció que la situación actual del mandatario es compleja.
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El discurso de Milei estará centrado en los logros económicos de su gestión, especialmente en la reducción de la inflación y el ajuste fiscal. Sin embargo, el mandatario también busca consolidar su imagen como un líder que no teme tomar decisiones controversiales. La posibilidad de avanzar con nombramientos por DNU refleja esta postura, aunque también podría generar un enfrentamiento directo con la oposición y sectores del Poder Judicial.
La apertura de sesiones ordinarias de 2025 se perfila como un evento cargado de tensiones políticas y desafíos estratégicos para el gobierno de Javier Milei. Con temas económicos, judiciales y políticos en juego, el Presidente deberá equilibrar su discurso para abordar las expectativas de sus seguidores y las críticas de sus detractores.
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