El informe del Gobierno para declarar grupo terrorista a la RAM de Jones Huala: 136 hechos violentos, incendios, robos y dos crímenes

El Gobierno fundamentó la decisión de declarar organización terrorista a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) con un informe técnico jurídico que explicó el accionar insurreccional de ese grupo, al que acusó de estar vinculado con 136 hechos violentos, entre los cuales se destacan dos crímenes, decenas de incendios, robos y amenazas. El trabajo hizo foco en Facundo Jones Huala, un dirigente que estuvo preso en Chile y en Argentina.

“La organización RAM constituye un grupo etno-nacionalista que actúa con extrema violencia, cuyos activistas cometen delitos contra la propiedad, contra la seguridad pública, contra la naturaleza, contra el orden público, contra las personas y contra la infraestructura crítica, infundiendo el temor en las zonas territoriales donde actúan, con el objetivo de promover la lucha insurreccional contra el Estado argentino y la propiedad privada de la tierra”, estableció el informe que se publicó como anexo de la resolución que dispuso inscribir en el registro de terroristas.

De los más de 130 casos graves ocurridos en los últimos 15 años que el Gobierno le adjudicó a este grupo, los dos más graves fueron uno cometido en julio de 2010 en Cipolletti, cuando se produjo un atentado explosivo que derivó en el homicidio de José Domingo Maciel, un barrendero municipal al que le detonó una bomba tipo molotov en un destacamento de la Policía de Río Negro. Y otro crimen, en marzo de 2012, en Neuquén, del sargento de la Policía de Neuquén, José Aigo. Ambos hechos todavía permanecen impunes.

En el Boletín Oficial se publicó hoy la medida tomada por el gobierno de Javier Milei -con la firma de la ministra Patricia Bullrich- de “declarar reunidos los requisitos para la inscripción de la organización Resistencia Ancestral Mapuche en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET)“. Así, la RAM se incorporó a un listado en el que también están los islamistas de Hamas, Hezbollah, Al Qaeda, Jihad Islámica y todos los acusados por el atentado a la AMIA.

El informe destaca que Facundo Jones Huala “ha sido la ‘cara visible’ de la RAM, siendo condenado por la justicia chilena por cometer delitos en este territorio integrando organizaciones radicalizadas. Él mismo ha anunciado, a través de videoconferencias que fueron ampliamente difundidas que la Patagonia iba a arder; y la Patagonia ardió por obra de las acciones criminales de sus seguidores".

Según el Gobierno, el accionar de la Resistencia Ancestral Mapuche se concentra en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, no obstante, “se han registrado hechos en otros lugares del país y mantiene estrechos vínculos con la organización que opera en territorio chileno denominada Coordinadora Arauco Malleco (CAM)”.

El informe técnico-jurídico para la resolución que declaró terrorista a la RAM estableció que “recientemente, han provocado y continúan provocando en la Argentina una catástrofe ecológica mediante el incendio de decenas de miles de hectáreas de bosques milenarios cuya recuperación resultará imposible por un número incalculable de generaciones”. “Así lo hicieron en las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut, donde iniciaron y propagaron el fuego mediante la utilización de combustibles y aceleradores de las llamas en diversos focos al mismo tiempo, de modo que resulte imposible la tarea de sofocamiento de los incendios. Muchas personas han perdido sus casas e incluso, algunas murieron”, amplió.

El Gobierno afirmó que los activistas de la RAM “cometen delitos contra la propiedad, contra la seguridad pública, contra el orden público y contra las personas”, al tiempo que resaltó que “los diversos delitos que cometen los individuos que se identifican con la RAM tienen como objetivo promover la lucha insurreccional contra el Estado argentino y la propiedad privada de la tierra” y que “la organización desconoce la soberanía del Estado Argentino y proclama que la República Argentina y sus leyes son ilegítimas”.

El Ministerio de Seguridad Nacional subrayó que días atrás “se han encontrado en allanamiento y detenciones practicados por orden de la Justicia, además de los combustibles y propulsores del fuego, armas largas, equipos de comunicación por radiofrecuencia, computadoras, pendrives, municiones, etc. La principal fuente de identificación son los volantes impresos, manuscritos o flyers, los cuales son dejados en los lugares donde cometen los ilícitos a modo de reivindicación de la autoría o bien los difunden a través de comunicados en páginas web”.

En ese sentido, se advirtió que el Estado argentino “se encuentra frente a un grupo de individuos organizados que recurre a la violencia extrema para alcanzar sus objetivos. Los hechos delictivos promovidos por la RAM no constituyen hechos aislados, sino que se enmarcan en el conjunto de acciones llevados a cabo por parte de una organización de carácter ilícito que intenta solaparse en reclamos de algunas comunidades indígenas presentes en territorio argentino”.

“La perspectiva penal debe ser acorde a la amenaza que representa este grupo violento para la sociedad y que afecta la seguridad, la producción de energía, el comercio, las economías locales, el turismo y la libre circulación tanto de argentinos como de extranjeros que se encuentran en nuestro país”, consideró el trabajo.

Y concluyó que “la clara ilustración de lo señalado lo constituye el conjunto de incendios forestales iniciados de manera deliberada y coordinada en la Comarca Andina del Paralelo 42, que está generando una catástrofe ambiental junto a un profundo daño a la economía local, dado que atenta de manera directa contra la industria del turismo, genera daños graves a los bienes de los habitantes, causa fallecidos, atenta contra la infraestructura local y sobre todo logra generar temor e inseguridad en la población frente a un agresor difuso”.