
El gobierno bonaerense avanzó con el Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia de Buenos Aires para el Ejercicio 2025. Lo hizo ante la imposibilidad de salir a tomar nueva deuda, producto de la caída de la negociación política en la Legislatura a fines del año pasado. Para el 2025 el Ejecutivo bonaerense se quedó sin Ley Fiscal ni Presupuesto que incluía un pedido de deuda. Todo, tras no llegar a un acuerdo con la oposición y en medio, también, de la discusión interna del oficialismo.
Si bien a principio de año había prorrogado tanto el Presupuesto 2023 -durante el año pasado tampoco hubo Presupuesto y la Provincia se rigió bajo las normativas del 2023- como la Ley Fiscal Impositiva 2024, restaba saber cómo Kicillof buscaría financiamiento. Con la oficialización de la Tesorería a la aprobación del Programa de Emisión de Letras del Tesoro para el ejercicio 2025, el camino empieza a desandarse.
La resolución del organismo constitucional prevé la emisión de instrumentos financieros por un monto máximo equivalente a 300 millones de dólares y 134.662 millones de pesos. El objetivo del programa es cubrir deficiencias estacionales de caja dentro de los límites establecidos por la Ley de Presupuesto General. La autorización se enmarca en las disposiciones de la Ley N° 13767 y sus modificatorias, así como en el decreto que prorroga el Presupuesto 2023.
Es allí donde pone la lupa la oposición: la cuestión temporal. El presidente del bloque UCR-Cambio Federal, Diego Garciarena, objetó la decisión. El legislador fue uno de los que estuvo en la mesa de la fallida negociación entre el Legislativo y el Poder Ejecutivo para sacar adelante el Presupuesto y la Ley Fiscal Impositiva 2025.

El legislador tildó como “grave” la decisión de aprobar “un endeudamiento sin respaldo legal”. Se amparó en el artículo 194 de la Constitución Provincial que establece en uno de sus pasajes que “toda ley especial que autorice gastos, necesitará para su aprobación, el voto de los dos tercios de los miembros presentes de cada Cámara”.
“Venimos alertando que el Poder Ejecutivo no puede asumir facultades que son propias del Poder Legislativo. Endeudar a la Provincia sin respaldo legal puede acarrear graves consecuencias que luego terminan pagando todos los bonaerenses. El respeto por los procedimientos hace a la calidad democrática. La ley nunca es una sugerencia”, agregó Garciarena.
Sin embargo, la respuesta del gobierno bonaerense no tardó en llegar. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, le contestó al legislador. “El diputado Garciarena debería saber que lo que le da sustento legal a la emisión de Letras de Tesorería es la Ley Completaría Permanente de Presupuesto, que autoriza a emitir Letras para cancelar las Letras del programa del año anterior. Los libros no muerden, diputado”, replicó el funcionario que oficia también de portavoz del Ejecutivo.

El cruce virtual siguió: “El Poder Ejecutivo, adjudicándose facultades legislativas, considera que las autorizaciones de endeudamiento aprobadas pueden ser prorrogadas y, por lo tanto, duplicadas. Ni aunque estuviera esa autorización en la Ley de Presupuesto podrían ser prorrogados los endeudamientos”, contrapuso Garciarena; que además advirtió que “el Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia de Buenos Aires 2025, establecido por la Resolución 9/25 del 16 de enero es ilegal, por cuanto considera como parte del mismo la autorización de endeudamiento sancionada en la Ley 15.480 para el año 2024, que de ninguna manera puede ser posible de prorrogar como si fuera parte del Presupuesto”.
El Presupuesto 2025 que nunca se trató incluía un ítem clave para el Ejecutivo, que era el pedido de endeudamiento hasta USD 1.045.000.000 y USD 250.000.000 en Letras del Tesoro. Lo aprobado recientemente por la Tesorería es un monto mayor a lo que originalmente se incluyó en el proyecto de Presupuesto bonaerense 2025. El objetivo puntual de estos requerimientos era hacer un rollover de deuda y afrontar los compromisos de este año. Con el Programa de Emisión de Deuda parte de ese faltante estaría cubierto.
Sin Presupuesto
Políticamente, el diálogo Ejecutivo-Legislativo en la provincia de Buenos Aires no avanza. La oposición e incluso algunos legisladores del oficialismo ya dan por descartada la instancia para reflotar la negociación por el Presupuesto 2025 y la Ley Fiscal Impositiva.
Una vez caída la sesión a fines del año pasado, el Ejecutivo y los jefes de bloques tanto del oficialismo como de la oposición habían acordado retomar en una serie de reuniones el diálogo con encuentros semanales que iban a tener al ministro de Economía bonaerense Pablo López; a la Secretaria General, Agustina Vila y al ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis como los interlocutores del gobernador.

La primera cita pactada era para el 7 de enero, pero el encuentro nunca se hizo. “El ejecutivo pidió más tiempo”, deslizaban fuentes legislativas. En el gobierno de Kicillof planteaban que no tenía sentido ir a una reunión en la que la oposición no se iba a mover de su tesitura.
La oposición tenía varios cambios para hacerle a los proyectos que impulsó Kicillof. Por un lado, ir hacia la autarquía de IOMA; también la eliminación del artículo 163 en la Ley Fiscal Impositiva, que establece que la Agencia de Recaudación (ARBA) tendrá la potestad de aplicar un coeficiente al momento de cada emisión de las cuotas cuyo tope puede ser del 100%. También había un pedido de fondos para los municipios que representaba el 1,4% del Presupuesto, que prevé gastos totales por 34 billones de pesos. Hoy, los canales para retomar la negociación parecen estar dinamitados.
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