El Gobierno dio de baja a la Dirección de Gestión Administrativa encargada de la pauta publicitaria

El Ministerio de Capital Humano confirmó dio de baja a la Dirección de Gestión Administrativa durante la noche del jueves. El organismo, que operaba bajo la órbita del Anses, había sido creado con la intención de que gestionar la pauta publicitaria contratada por parte del Gobierno. No obstante, la actual administración la consideró como un gasto innecesario y este se convertirá en el segundo año consecutivo que el servicio dejó de ser utilizado.

Por medio de la publicación de un comunicado en la red social X, el ministerio a cargo de Sandra Pettovello informó sobre el cese de funcionamiento del área. Bajo el nombre de “Pauta Cero”, la ministra ratificó que “esta decisión se encuentra en línea con el decreto impulsado por el Presidente Milei al asumir y con la resolución que prorroga la suspensión de la pauta publicitaria”.

El escrito oficial hizo referencia a la Resolución 7147/2024, emitido por la Secretaría de Comunicación y Medios, en donde se oficializó la extensión de la suspensión de la pauta por el plazo de un año. Según explicó el vocero presidencial, Manuel Adorni, la normativa fue aprobada, con el fin de continuar con la política de eliminar los gastos superfluos del Estado.

En línea con la postura gubernamental, la titular del Ministerio de Capital Humano sostuvo que “la medida contribuye a una gestión pública más transparente, ágil, eficiente y orientada al bien común”. Asimismo, explicó que la medida fue ideada para reducir “el sobredimensionamiento de la estructura estatal, disminuyendo el déficit, transparentando el gasto y equilibrando las cuentas públicas”.

La eliminación de la pauta publicitaria comenzó aplicarse desde finales de 2023, siendo una de las medidas que el propio presidente había adelantado durante su campaña presidencial. “La coyuntura social al momento del dictado del Decreto N° 89/23 exigía profundizar los criterios de austeridad y eficiencia en el uso de los escasos recursos públicos existentes, a efectos de poder asignar los mismos a cuestiones prioritarias", señalaba el documento oficial.

De esta manera, el pasado 30 de diciembre de 2024 el Gobierno había oficializado otra prórroga de la norma, junto con la extensión del Presupuesto 2023 que será replicado en 2025. Al mismo tiempo, se instruyó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a “adecuar, oportunamente, el presupuesto que se prorroga”.

Qué es la pauta oficial

La pauta oficial consiste en fondos públicos destinados a difundir las gestiones del Gobierno nacional a través de distintos medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales. Estas partidas presupuestarias incluyen campañas informativas y de servicio público, como anuncios de políticas económicas, campañas preventivas de salud y comunicación de programas sociales.

La asignación de la publicidad oficial está regulada por el Registro Nacional de Proveedores de Publicidad Oficial (RENAPPO), donde deben inscribirse los medios y productoras interesadas. Este registro garantiza que los recursos sean canalizados hacia proveedores que cumplan con los requisitos legales y normativos.

El cese de esta herramienta generó rechazo en varios sectores, en especial entre sindicatos de prensa y asociaciones como la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa). Su presidente, Martín Etchevers, expresó que “hacer periodismo profesional es costoso” y que el Estado debe garantizar la sostenibilidad de los medios, ya que la publicidad oficial “forma parte de las políticas públicas destinadas a la transparencia y a la rendición de cuentas”. Además, recordó que “el principio de difundir actos de gobierno está derivado de la Constitución Nacional”.

Desde el Ejecutivo, sin embargo, defienden la decisión como un paso necesario para reducir el gasto público y garantizar una mayor eficiencia en la gestión estatal. Voceros oficiales enfatizaron que la medida no implica eliminar la comunicación gubernamental, sino suspender aquellas acciones que demanden costos directos. Asimismo, remarcaron que esta política es coherente con otras iniciativas destinadas a reducir la estructura administrativa del Estado.