El detrás de escena de Ficha Limpia: el objetivo de borrar la idea de un “pacto” con los K y los artículos que quedaron afuera

“Quedó demostrado que no hay ningún pacto con el kirchnerismo. Terminamos enviando un proyecto superador, hasta el presidente se autolimita”. El que habla es uno de los ideólogos del nuevo proyecto de Fichia Limpia, un tema incómodo para el Gobierno que impactó de manera negativa en una parte de su electorado. La nueva iniciativa limita una posible candidatura de Cristina Kirchner en 2025, pero también de otros ex funcionarios condenados como Amado Boudou, Guillermo Moreno, Julio De Vido, o Martín Sabbatella, que tuvo que abandonar el gabinete de Axel Kicillof por un fallo de la Corte Suprema. La gran novedad del proyecto es que se limita la exclusión de las candidaturas durante los años electorales, para evitar suspicacias. Pero también se incluyó una nueva restricción: no podrán ser funcionarios aquellos que tengan una condena confirmada. Por ahora no hay ninguno en esa situación.

La “inelegibilidad” se aplicará “únicamente en los casos en que la condena impuesta hubiera sido confirmada en segunda instancia, dictada antes del 31 de diciembre del año anterior al proceso electoral”, dice el artículo 1 del nuevo proyecto. Ese supuesto abarca a Cristina Kirchner porque su condena por el caso de Vialidad fue confirmada por la Cámara de Casación en noviembre del año pasado.

“Con esa cláusula se busca impedir que se pueda sacar de carrera a algún candidato en medio de un proceso electoral y limitar la politización de los fallos judiciales”, explicó uno de los asesores que participó del debate interno durante los últimos días. Milei habló, en su momento, de las justicias provinciales, como foco de posibles abusos para perseguir opositores, y puso el ejemplo de Gildo Insfrán.

Según pudo saber Infobae, se evaluó la idea de poner otros límites, como el cierre de listas o incluso la fecha de las PASO. Finalmente se optó por el último día hábil del año anterior a las elecciones.

La sesión fallida en el Congreso, a fines de noviembre, impactó en la alianza de la LLA con el PRO. “¿Queremos o no queremos un país sin corrupción? ¿De verdad nos interesa que los corruptos condenados no puedan seguir ejerciendo cargos públicos o queremos simular y usar esa debilidad como un instrumento de presión en otras negociaciones? ¿A alguien le importa la corrupción o ya estamos resignados?”, se preguntó Mauricio Macri ante la ausencia de los diputados del oficialismo en aquella sesión.

El Gobierno sintió el impacto y comenzó a dar señales para desterrar la idea de un supuesto “pacto” con el kirchnerismo, en medio de la negociación por las vacantes en la Corte Suprema. Dos semanas después, en una entrevista con el “Gordo Dan”, uno de los militantes más influyentes en el mundo de La Libertad Avanza, Milei habló de la situación judicial de la ex vicepresidenta: “A mí me parece que tiene que estar presa Cristina, pero yo soy el Poder Ejecutivo, eso lo tiene que resolver el Poder Judicial”.

A contramano de todos los pronósticos, el nuevo proyecto de Fichia Limpia finalmente se incluyó en el temario de las sesiones extraordinarias.

Cristina Kirchner hasta ahora puede ser candidata porque la inhabilitación absoluta que incluye su condena por el caso Vialidad no está firme. La situación cambiaría si el proyecto del Ejecutivo prospera en ambas cámaras, algo improbable al menos en el Senado. Si no prospera, su suerte dependerá solo de la Corte Suprema.

Además de poner un límite temporal, la iniciativa enviada al Congreso retoma la idea del “doble conforme”. “Tiene que haber condena en primera y en segunda instancia, eso establece el ‘doble conforme’, sino podría haber casos de absoluciones en primera instancia que luego reciben condenas en segunda instancia”, explicó uno de los ideólogos del proyecto.

El proyecto que se cayó a fines del año pasado hablaba de “sentencia confirmada en segunda instancia”.

Para achicar el margen de especulaciones, también se estableció que para la restricción de las candidaturas alcanza con un fallo de Cámara que confirme al menos uno de los delitos previstos en la condena de primera instancia. Lo mismo ocurre si se modifican las penas. “Estas dos aclaraciones se agregaron porque sabíamos que se iban a venir impugnaciones judiciales”, explicaron en el Gobierno.

La letra chica de la iniciativa estuvo a cargo del ministro de Defensa Luis Petri, un experto en estos temas desde su paso por el Congreso, pero también fueron parte de la mesa chica el abogado Alejandro Fargosi, elegido por Milei, y Gastón Marra, uno de los grandes impulsores de la iniciativa desde la sociedad civil.

Tras el anuncio del temario de las sesiones extraordinarias, Petri tomó las riendas del proyecto. El lunes se reunió a solas con el Presidente en la quinta de Olivos y delinearon los aspectos centrales. A partir de ese momento, el ministro de Defensa mantuvo encuentros reservados con los asesores de la Secretaría Legal y Técnica, hizo consultas con expertos de la Cámara Electoral, y mantuvo intercambios con otros abogados y juristas.

El proyecto sufrió cambios hasta último momento. De hecho, la mayoría de los protagonistas se enteraron de la redacción final recién el viernes a la medianoche, con un mensaje del vocero presidencial Manuel Adorni en las redes sociales. El Presidente había firmado el proyecto recién a las 23:02, unos minutos antes de subirse al avión presidencial que lo llevó a Estados Unidos.

Entre las ideas que circularon esta semana estuvo la posibilidad de limitar la restricción hasta que la Corte Suprema revoque el fallo de segunda instancia o que pasen dos años contados desde la fecha de la condena. Esa idea finalmente fue descartada. No era el momento político indicado para poner un plazo al Máximo Tribunal.

Lo que sí se incluyó fue un Registro especial, que funcionará dentro de la órbita de la Cámara Electoral, para detectar todas las condenas a funcionarios corruptos, incluso en las provincias. “El Registro de Reincidencia sólo informa las sentencias firmes. Ahora todos las sentencias de segunda instancia tendrán que ser informadas”, explicó uno de los funcionarios que trabajó hasta último momento.

Los tribunales de todo el país tendrán que informar las sentencias en un plazo de 24 horas. Luego, las juntas electorales de los partidos o los jueces federales con competencia electoral “deberán controlar de oficio que los candidatos o precandidatos no se encuentren incluidos en el registro”.

Otra de las grandes innovaciones de Fichia Limpia aparece en el último artículo del proyecto: los condenados en segunda instancia por casos de corrupción no solo no podrán ser candidatos sino que tampoco podrán intervenir en el Estado. “Las personas inelegibles en virtud de lo dispuesto por el inciso h) de la ley de los Partidos Polīticos y sus modificatorias no podrán ser designadas como Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros, Secretarios, Subsecretarios, autoridades de entes y organismos descentralizados e instituciones de la Seguridad Social, integrantes de cuerpos colegiados, personal diplomático en actividad conforme a la Ley del Servicio Exterior de la Nación Nº 20.957 y sus modificatorias, ni como directores de empresas o entes con participación estatal de cualquier clase; ni, en general, podrán ser designadas para ejercer funciones equivalentes a estos”.

No todos los delincuentes quedarán excluidos. El proyecto habla de condenados por cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, exacciones ilegales (es decir, la exigencia de impuestos fuera de la norma), enriquecimiento ilícito y encubrimiento.

La iniciativa deberá recorrer ahora todo el camino legislativo antes de llegar al recinto. El primer paso, según pudo saber Infobae, se conocerá el martes, cuando el jefe de Gabinete Guillermo Francos se reúna con los jefes de todos los bloques.