Sesiones extraordinarias: podría complicarse la aprobación de la ley anti mafias en el Senado

Las sesiones extraordinarias convocadas por el Gobierno libertario aún no comenzaron y, en el Senado, la ley anti mafias ya pende de un hilo: el santacruceño José María Carambia aseguró a Infobae que analiza pedir cambios al proyecto y la iniciativa podría trabarse.

“El equipo asesor aún sigue con el estudio del tema y es factible que solicite algunas modificaciones”, manifestó Carambia, que se hizo conocido en el Senado al inicio de la gestión libertaria, cuando improvisó un despacho en un pasillo -a metros de las oficinas de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel- para quejarse por la falta de asignación de un espacio para su personal, que fue resuelto el mismo día. Meses después, junto a su comprovinciana Natalia Gadano, hicieron temblar la ley Bases a 24 horas de ser sancionada.

Veamos primero los números. En el Senado hay existe un problema delicado en cuanto al quorum y la eventual luz verde a leyes. Enfrentado a la Casa Rosada aparece el kirchnerismo, que cuenta a 33 legisladores -tendrá 34 desde la próxima sesión, cuando la camporista Stefanía Cora asuma una de las tres bancas entrerrianas, en reemplazo del expulsado Edgardo Kueider-; del otro lado, aparece un oficialismo y una oposición -cada vez menos- “dialoguista”, que suma 37.

¿Por qué son 70 y no 72 senadores, el pleno de la Cámara alta? Por Cora y el radical Víctor Zimmermann, que extendió una licencia sin goce de sueldo -hasta que finalice febrero próximo- por un cargo de mayor jerarquía en Chaco. Su suplente es la experimentada ex diputada Alicia “ponja” Terada, amiga íntima de Elisa Carrió y, por tanto, lejana al oficialismo.

Bajo este escenario el Gobierno sólo cuenta, en el mejor de los casos, con 37 senadores del oficialismo y la oposición dialoguista. Es decir, el quorum justo para iniciar una sesión y también para votar. No obstante, en ese lote se encuentran los santacruceños Carambia y Natalia Gadano -ofuscados con la Casa Rosada por la falta de respuesta a reclamos provinciales-; radicales como Martín Lousteau -presidente del partido a nivel nacional-, que en muchas ocasiones coincidió en el recinto con el cristinismo; y otras bancadas que, a esta altura, caminan con pies de plomo para evitar mayores tropelías legislativas.

El 1 de enero pasado, este medio contó las dificultades que encontraba el tema. “La discusión en comisiones fue algo tortuosa, con un par de intentos frustrados a la hora de dictaminar. Por suerte se consiguió el despacho, pero nunca tuvo ni tiene los votos para ser sancionado. Y después del fin de año que tuvimos, quedó más que tapado. Además, algunos senadores que suelen acompañarnos reclamaron cambios. Y estamos hablando de un tema sensible, no es cualquier tipo de ley”, deslizaron en esa ocasión desde La Libertad Avanza.

Ahora, veamos el proyecto. En concreto, la iniciativa aumenta las penas para los integrantes de organizaciones delictivas y está diseñado para desactivar a las grandes bandas de crimen organizado dedicadas al narcotráfico, el lavado de activos, la extorsión y la trata de personas.

Durante su tratamiento en la Cámara baja, el oficialismo destacó que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tomó como base para su proyecto la norma de los Estados Unidos, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas), también conocida como RICO, junto a la iniciativa antimafia de Italia.

La Ley RICO es una normativa federal contra la extorsión criminal y mafias corruptas, que fue aprobada en 1970 por el Congreso de los Estados Unidos y permite la persecución y sanciones civiles por determinados actos delictivos realizados en una empresa. Enumera unos 30 delitos muy genéricos, entre los que se incluyen fraudes, quiebras, malversación de fondos sindicales, lavado de dinero, etcétera. Y permite, si se combinan dos de ellos, avanzar e ir contra todos los miembros de la organización.

Un detalle no menor de esto es que la norma también elimina las diferenciaciones de penas según el rol dentro de la mafia: todos serían penados por igual, desde el jefe hasta aquel que recién ingresa en la organización criminal. En el caso de la legislación italiana, lo que propone también abarca mucho más: establece que serán condenados no sólo quienes reciban dinero de las mafias, sino también quienes las favorezcan directa o indirectamente y/o avalen favores, incluso, sin aceptar plata.

Anteayer, Carambia presentó un proyecto para regularizar las contribuciones de trabajadores que se hayan desempeñado en pozos de YPF y de la Compañía General de Combustibles, tras la decisión libertaria de retirarse de esos yacimientos maduros desde el mes próximo. Un mazazo para la provincia, que tendrá que amortiguar el golpe. Con ese contexto es que la Casa Rosada irá a pedirle el voto a Carambia y Gadano, y a radicales como Lousteau. En tanto, el kirchnerismo se colgará como propio la queja por la falta de un Presupuesto 2025 sancionado por el Congreso -se volvió a prorrogar el de 2023-, algo que informó Infobae el lunes. Pocas horas después, se sumó a ello el Pro.

¿Qué dijo Javier Milei el 10 de diciembre pasado? El primer mandatario celebró el primer año de gestión y, en un discurso transmitido por cadena nacional, señaló: “En materia de seguridad, no vamos a frenar hasta que nuestra doctrina de ‘el que las hace, las paga’ esté tallada en la memoria de cada delincuente. Vamos a proponer una ley de reiterancia para que los presos reincidentes paguen más caro volver a equivocarse. También vamos a impulsar una ley antimafia, a imagen y semejanza de la ley RICO, que liquidó el crimen organizado en Estados Unidos hace 50 años. A su vez, haremos realidad la baja de la edad de imputabilidad, de manera que quien sea lo suficientemente maduro como para cometer un delito, sea también lo suficientemente maduro como para sufrir las consecuencias”.