
Por medio de la modificación realizada a la Ley N° 13.593 de Caja de retiros, jubilaciones y pensiones de la Policía Federal, el Gobierno nacional anunció la creación de un directorio federal que pasará a estar encargado de la administración de los fondos públicos destinados a realizar los pagos correspondientes a los beneficiarios. Asimismo, adelantaron que la medida no solo afectará a la PFA, sino que se extenderá al resto de las fuerzas de seguridad federales.
La actualización entró en vigencia el viernes a la madrugada, luego de que fuera asentada en el Decreto 18/2025 que se encuentra disponible en el Boletín Oficial. Con el aval del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se ordenó la creación de una comitiva que estará compuesta por siete miembros de las fuerzas federales.
Las autoridades definieron que el directorio estará conformado por tres representantes de la Policía Federal, uno vinculado a la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), uno relacionado con la Prefectura Naval Argentina (PNA), uno en representación del Servicio Penitenciario Federal (SPF), y otro que mantenga un nexo con el Poder Ejecutivo Nacional.
Al mismo tiempo que remarcaron que uno de los integrantes será designado como presidente del directorio, indicaron que los participantes podrán ser designados en carácter “ad honorem”. En este sentido, el cargo en representación no contaría con un salario correspondiente por las actividades desempeñadas en la comisión.

“La ampliación que se dispone no implica asignación de recursos extraordinarios y logrará asegurar el efectivo control interno y representatividad de las fuerzas incorporadas”, destacaron. Asimismo, el Gobierno marcó como requisito excluyente que todos los miembros deben estar vinculados a la fuerza federal que representarán, ya sea porque se encuentren en actividad, retiro y/o afiliado de la Caja.
De esta manera, determinaron que el directorio gozará de la facultad de “conceder o denegar los beneficios que otorgue en el marco de su competencia previsional y entender en el reconocimiento de servicios y aportes del personal alcanzado“, y de ”nombrar y renovar a los demás empleados de la Caja conforme a las reglas y las normas dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional“. Sin embargo, será vital que se constituya un quorum de 5 miembros presentes, para poder habilitar las sesiones.
A pesar de que la normativa solamente establecía las reglas de como administrar la caja previsional de la PFA, el Ministerio de Seguridad de la Nación anticipó que se presentará un proyecto para poder incluir a las demás fuerzas federales en la ley. Bajo esta ampliación de la medida, las autoridades pronosticaron que se garantizará la “transparencia en la gestión y la economía, eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos públicos”.
La decisión de incluir al resto de las fuerzas federales por parte del Gobierno nacional no solo formaría parte del plan de modernización del Estado trazado por la actual gestión, sino que señalaron que “con el devenir de los años -la caja provisional de la PFA- pasó a administrar todas las prestaciones nacionales contributivas de la Seguridad Social a cargo del Estado nacional”.

En este sentido, explicaron que durante todo este tiempo el organismo tomó el rol de administrar las cuestiones previsionales referentes a los miembros de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Dirección General de Inteligencia de la Armada Argentina, la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor General del Ejército, Dirección General de Inteligencia de la Fuerza Aérea Argentina, Dirección General de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad, Dirección General de Inteligencia Estratégica Militar del Ministerio de Defensa, y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
“Se considera necesario que los objetivos estratégicos institucionales se realicen coordinadamente a través de una representación colegiada, en la que tengan adecuada participación las diversas instituciones con competencia en las materias propias de la mencionada entidad”, argumentaron al remarcar que la caja había tenido acceso a “aspectos sensibles como la seguridad de la información que administra”.
A la vez que destacaron que la creación del directorio no representaría un peligro para la meta de disminuir el déficit fiscal, las autoridades aseguraron que la medida aumentará la “transparencia de sus acciones -del Estado-, y sujetos a rendición de cuentas de lo actuado, permitiendo así fortalecer la confianza en la relación con la ciudadanía, la protección de sus derechos, proveyendo bienes y servicios de calidad”.
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