Pidieron que la ex ministra de Familia de Chubut sea condenada a 3 años y 6 meses de prisión por contratar “ñoquis”

Luego de que Cecilia Torres Otarola, la ex ministra de Desarrollo Humano y Familia de Chubut, fuera encontrada culpable de fraude a la administración pública y exacciones ilegales por nombrar a funcionarios públicos que no brindaban servicios y solo cobraban un sueldo, el fiscal Omar Rodríguez solicitó que la ex titular de la cartera sea condenada a 3 años y 6 meses de prisión efectiva. En el caso de los empleados fantasma, se propuso una pena de 2 años de cárcel en suspenso.

En plena audiencia de cesura convocada para debatir sobre las penas que le corresponderían a los implicados de la causa conocida como “Ñoquis calientes”, el titular de la Unidad Especial de Delitos contra la Administración Pública justificó el pedido de condena al señalar que Torres Otarola había cometido los delitos, con la finalidad de obtener un “rédito propio”.

La investigación surgió de una denuncia realizada por el contador Martín Sandoval, quien aseguró que la ex titular del ministerio le había pedido parte del sueldo tanto a él, como a dos asesores que habían sido designados por ella, Erica Paludi y Alexis Gangas. Según el Ministerio Público Fiscal de Chubut, las pruebas presentadas habían sido suficientes para acreditar las exacciones ilegales que pesaron en contra de Torres Otarola.

De la misma manera, Rodríguez remarcó que la ex funcionaria no solo habría provocado un daño material, sino que había generado un “daño inmaterial, a la moral, a la imagen y confianza hacia las instituciones”. Por este motivo, el investigador añadió una solicitud para que la ex titular de la cartera de Desarrollo Humano y Familia chubutense sea inhabilitada de forma perpetua para ejercer cargos públicos.

En línea con esto, el fiscal a cargo del caso demandó que la ex ministra sea condenada a devolver el monto actualizado de los fondos estatales que se había apropiado en 2020, los cuales representaron un total de $1.915.154. Frente a esto, el abogado defensor de Torres Otarola, Romano Cominetti, presentó un pedido para que la pena no sea mayor a tres años y que sea de forma condicional al argumentar que su cliente “no tiene antecedentes policiales, solo ser víctima de violencia de género de parte de su ex marido”.

“Siempre estuvo a disposición y no generó inconvenientes en los 5 años que duró el proceso judicial”, remarcó el letrado, al ofrecer hacer entrega de los armazones de anteojos que iban a ser donados a las personas de la tercera edad. De acuerdo a la información publicada por Diario Jornada, los lentes serían producto de un canje que había conseguido como parte de su trabajo en la Fundación Celedonio Rodera.

Por otro lado, el fiscal Rodríguez solicitó que los funcionarios públicos que habían sido nombrados por la ex ministra, identificados como Silvana Cañumil, Mara Rodera, Facundo Solaria Rodera y Miguel Retro Trelles, sean sentenciados a cumplir una condena de 2 años en prisión en suspenso. Además de pedir que los cuatro implicados sean inhabilitados para ejercer cargos públicos por el resto de sus vidas, remarcó la necesidad de que cumplan reglas de conducta que constaría de una presentación cada tres meses y la realización de una capacitación en ética en la función pública.

Incluso, el titular de la Unidad Especial de Delitos contra la Administración Pública reclamó que se aplique como requisito que los sentenciados realicen una devolución del monto actualizado correspondiente a los sueldos estatales que cobraron, pese a que nunca brindaron servicios al Estado provincial desde que fueron nombrados.

De esta manera, apuntó que Miguel Retro Trelles había percibido un total de $424.160 en 2020; en el caso de Mara Rodera, $242.559; y referente a Facundo Solari Rodera, un monto acumulado de $424.160. No obstante, la abogada de los Rodera, Florencia Barba, apuntó que sus representados no habían cobrado ni el 0,0001% del presupuesto que se había asignado en 2020, por lo que solicitó que, si tuvieran que devolverlos, no se les aplicaran las tasas de interés.

Asimismo, la defensora interpuso que las medidas de conducta que tuvieran que cumplir sus clientes sean habilitadas para ser cumplidas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), debido a que ambos residen y trabajan en esa área y no en Chubut. La sentencia del tribunal será dada a conocer durante los primeros días de febrero, con motivo de la feria judicial en proceso.