
El departamento de Recursos Humanos del Senado, que responde a la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, intercedió ante una causa de violencia familiar entre dos trabajadores de la Casa y envió a uno de los agentes a trabajar fines de semana y feriados, para evitar cruzarse con su denunciante -orden de restricción vigente- y desactivar las ausencias justificadas de la víctima para que pudiera continuar con su labor, de lunes a viernes.
La resolución en cuestión es del 16 de diciembre pasado y lleva la firma del director general de Recursos Humanos del Senado, Gonzalo Diego Izurrieta, uno de los hombres de confianza de Villarruel. El inconveniente saldado se inició, primero, con una intimación de la Cámara alta a la agente S.V., quien el 27 de noviembre informó “la vigencia de medida judicial de restricción de acercamiento a menos de 300 metros” contra L.A., imputado el 27 de septiembre pasado en un expediente por violencia familiar que se tramita ante el Juzgado de Familia 1 de Quilmes, Buenos Aires. Bajo ese motivo es que la empleada solicitó la licencia por violencia de género.
Una vez notificada la situación y, “a fin de garantizar el cumplimiento de la manda judicial, el 26 de noviembre se afectó” al denunciado “para que preste servicios en el Departamento de Intendencia del Palacio los sábados, domingos y feriados”, y liberar el camino laboral de la víctima entre lunes y viernes.
En la resolución, además, se dejó en claro que “corresponde tener por justificadas las inasistencias enrostradas a la agente”, pues “no se verifica que se le haya notificado el traslado” del denunciado y la “consecuente posibilidad de trabajar sin contravenir la referida orden judicial”.
Con estos argumentos sobre la mesa es que el Senado desactivó la solicitud de licencia y notificó al Comité de Seguimiento de Violencia Labora y Género para realizar el debido seguimiento del asunto. Además, aclaran que la medida podrá ser impugnada dentro del plazo estipulado para este tipo de situaciones.

El escándalo de faltas y ñoquis por doquier en la Cámara alta fue uno de los primeros incendios administrativos que tuvo que resolver Villarruel cuando inició su gestión, el 10 de diciembre de 2023. Uno de los casos más graves, que contó este medio en marzo pasado, estuvo relacionado un empleado que no iba a trabajar, fue desvinculado el último 1 de febrero y, tras semanas de investigación, se corroboró que el ex trabajador había aceptado en Río Negro la culpabilidad por daños y amenazas en un juicio abreviado, en agosto de 2021, y usó durante meses una tobillera electrónica que no le impidió continuar con su relación con el Senado.
Desde el comienzo de la gestión, Villarruel y su equipo también desalojaron 12 oficinas de legisladores con mandato cumplido; rechazaron compensaciones a agentes que pedían extras por estudios realizados -incluso, uno no contaba con el secundario finalizado-; y activaron desde septiembre el presentismo con huella para los empleados de planta permanente y temporaria, entre otras cuestiones.
Entre los eximidos aparecen los “agentes de planta temporaria que cumplan funciones a las órdenes de un Legislador Nacional, en su despacho, en un bloque político, en funciones de asesoramiento en una comisión permanente o especial, unicameral o bicameral”.
Antes que finalizara 2024, Villarruel frenó el pedido del cristinista Oscar Parrilli para contratar a la ex ministra de Economía kirchnerista Felisa Miceli, quien aún cuenta con una inhabilitación especial para ejercer cargos públicos que vence el 13 de abril del corriente año.
El jueves último, con acuerdo de varios bloques -excepto el kirchnerismo, entre otros-, la titular del Senado congeló las dietas de los senadores hasta el 31 de marzo próximo.
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