
Una última decisión de la Corte Suprema completó para Cristina Fernández de Kirchner el panorama áspero que enfrenta en materia judicial: reabrió el camino del juicio oral en la causa Hotesur-Los Sauces. Se trata de un caso especialmente sensible, entre otras razones, porque involucra también a su hijo, Máximo. Y además, no constituye un hecho aislado, sino que agrega un renglón a su lista de malas noticias judiciales y se produce en un contexto que vuelve a colocar el foco sobre el vínculo entre política y corrupción. Alimenta y a la vez potencia el impacto.
CFK combina así una etapa que desde su entorno buscan simplificar como una afirmación de poder en el peronismo/kirchnerismo y también en carácter de principal figura opositora a Javier Milei. Es una lectura de mínima incompleta. Toda la movida para coronarse como presidente del PJ expuso la necesidad de ir por un cargo formal que no aprecia. Y en ese tránsito, quedaron a la vista de todos y por primera vez los conflictos internos en las propias filas K, con el agregado del temor por el juego de los jefes provinciales. Ese conjunto, además, ya había quedado reducido después de las últimas elecciones y se achica ahora en el recuento de los más alineados.
La ex presidente aprovechó los primeros encuentros del Consejo Nacional del PJ para afirmar un discurso cerrado contra el Gobierno, apuntado sin vueltas a consolidar su jefatura y achicar márgenes para manejos diferenciados, especialmente de legisladores atados a gobernadores. Pero además, insistió con un planteo específico sobre las causas que enfrenta. Reiteró que antes que una cuestión personal, expresan un “ataque” contra el peronismo. En otras palabras, el argumento para demandar alineamiento en su defensa.
Efecto no buscado, la escalada en torno del caso de Edgardo Kueider terminó de reponer el tema de la corrupción y amplificó las noticias que se vinculan a casos previos, hasta en la construcción de imágenes: enriquecimientos turbios, traducidos en mochilas, bolsos, valijas con miles o millones de dólares.
La ofensiva kirchnerista sobre el senador entrerriano y la discusión sobre su origen político y su más reciente juego en el Senado añadieron señales claras de cálculo menor, entre los intentos de adjudicar costos y ganar una banca. El posterior capítulo de la disputa interna con Victoria Villarruel -por la validez o no de la sesión que votó la expulsión de Kueider- agregó un ingrediente tan inesperado como grave por parte del oficialismo.
Apenas unos días después, y con ese ruido de fondo, llegó la noticia sobre la decisión de la Corte que allana el camino al juicio oral por la causa Hotesur-Los Sauces. Formalmente, el máximo escalón de la Justicia rechazó recursos de la defensa de la ex presidente. El efecto práctico y también político es más profundo.
Esa causa, por lavado de dinero, está centrada básicamente en lo que aparece como un dibujo de alquileres para vestir flujos de dinero vinculados con coimas en obras públicas. Y eso mismo traza líneas en común con la investigación de la Causa Vialidad. Hace poco más de un mes, la Cámara de Casación ratificó la condena a seis años de prisión y la inhabilitación para cargos públicos de la ex presidente. El tema -que aún tiene por delante la instancia de la Corte- quedó asociado a la frustrada sesión por el proyecto de Ficha Limpia en Diputados. Más allá de la polémica, difícil suponer un impacto positivo.

Para salir al cruce de la confirmación de esa sentencia, el kirchnerismo repitió la letra de la “persecución” a la ex presidente. Logró cierto respaldo discursivo, pero no entusiasmo práctico en la estructura del PJ. El frente judicial incluye a largo plazo el inicio del juicio por los Cuadernos de las Coimas, además del camino a juicio oral de la causa por el memorándum con Irán.
CFK tiene ese y otros motivos de inquietud para tratar de “ordenar” al peronismo: en primera línea, un mapa de poder territorial que debería recomponer, con el añadido, otra vez, del juego de desenganche de elecciones provinciales y nacionales.
El repaso que hace el círculo K es a la baja frente a cualquier punto de partida. La última sucesión de elecciones provinciales anotó siete distritos perdidos: Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, San Luis, San Juan, Chubut y Santa Cruz. El peronismo dejó de ser así el espacio político dominante en ese tablero. Pero además, resulta complicada la cuenta de actuales gobernadores del PJ si se mide en función del grado de alineamiento partidario.
Está claro que están tachados de la lista disciplinada los gobiernos de Catamarca, Tucumán y Salta, de juego directo con los operadores formales e informales de Olivos. Nadie cuenta a Córdoba, hay dudas sobre la experiencia K en Tierra del Fuego y recelos con provincias “aliadas” como Santiago del Estero. El recuento de oposición dura se reduce entonces a Formosa, La Pampa, La Rioja y -dato central, naturalmente- Buenos Aires.

El punto es que, precisamente en el principal distrito electoral del país, quedó al descubierto el primer quiebre serio en las propias filas del kirchnerismo. Dejó de ser una cuestión de matices o un problema de celos políticos entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner. Eso mismo se ha extendido a las apuestas y alineamientos de intendentes.
La movida de CFK para consagrarse al frente de la conducción nacional del PJ, lejos de ser un proceso automático, terminó por exponer abiertamente el conflicto con el proyecto presidencial del gobernador bonaerense. Es un elemento que pone en crisis un eje central del plan de la ex presidente: ser la figura opositora única en la grieta con Milei y blindar la interna en un esquema de polarización extrema.
Kicillof, de hecho, no se diferencia en la posición cerradamente opositora. Pero el imaginario de la competencia por la Presidencia, en el lejano 2027, lo coloca en disputa por la representación del peronismo/kirchnerismo y, antes, lo obliga a cuidar su distrito. Eso mismo alimenta las especulaciones sobre un desenganche de las próximas elecciones provinciales, para disgusto del núcleo K.
CFK, en cambio, necesita apostar todo a los comicios nacionales, tanto que está en el análisis su propia candidatura en Buenos Aires. Se trata de la principal ficha. Y la ex presidente transmite su señal al resto de los gobernadores peronistas. Es la prueba para los alineamientos, más allá del discurso.
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