Kicillof consiguió el respaldo de aliados para tratar la reforma previsional del Banco Provincia

El peronismo volvió a hacer uso de mayoría en la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados bonaerense y este lunes consiguió dictamen de mayoría para tratar en la próxima sesión y terminar de convertir en ley el proyecto que modifica el régimen jubilatorio para trabajadores del Banco Provincia. La iniciativa fue presentada por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof este año tras varias idas y vueltas. Deroga los cambios que se le hicieron al sistema previsional del BAPRO durante la gestión de María Eugenia Vidal y forma parte de un acuerdo establecido entre el gremio de La Bancaria con el mandatario provincial.

El proyecto fue aprobado por el Senado bonaerense el 14 de noviembre. En la Cámara alta salió con los votos de los llamados libertarios dialoguistas. Este lunes, en la comisión de Presupuesto de la Cámara baja ocurrió lo mismo, pese a que el peronismo controla la comisión con 8 de 15 miembros. Al despacho de mayoría, aconsejando su aprobación, lo respaldaron los diputados del bloque Unión Renovación y Fe, Gustavo Cuervo y Martín Rozas. En principio, en el recinto tendrá el rechazo de los bloques de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR.

El proyecto de reforma del régimen previsional de la Caja de Jubilaciones del Banco Provincia busca reducir el déficit y garantizar su sostenibilidad. Mismo argumento se planteó cuando la entonces gobernadora impulsó el proyecto que estiraba la edad jubilatoria y reducía el haber del 82% al 75%. El proyecto de Kicillof regresa el haber al 82%.

Para reducir el déficit de la Caja, esta vez se contempla la ampliación de los aportes de las personas afiliadas: hasta un 16% para los activos y hasta un 12% para los pasivos. Además, se planea aumentar las contribuciones obligatorias del Banco Provincia, que podrían llegar hasta un 21%. Para los nuevos ingresantes, se establecería un régimen que contemple un aporte personal del 19%.

La iniciativa también incluye una contribución adicional del Banco Provincia y la asignación de una partida presupuestaria provincial para cubrir eventuales déficits. Este esquema busca restablecer el rol del Estado como garante del sistema previsional, coordinando recursos disponibles para asegurar su estabilidad financiera a largo plazo.

La sanción de la Ley 15.008, impulsada por María Eugenia Vidal, generó una ola de demandas judiciales por parte de los trabajadores del Banco Provincia y del gremio La Bancaria, quienes denunciaron que afectaba derechos adquiridos y cuestionaron su constitucionalidad. Uno de los puntos más controvertidos fue el artículo 41, que utilizaba normativa nacional para determinar los haberes jubilatorios, a pesar de que la Provincia cuenta con su propia legislación en la materia.

Ante la demanda de cautelares a favor de los afectados, la Suprema Corte de Justicia intervino en el conflicto y exhortó a los actores políticos a buscar una solución que corrigiera las irregularidades planteadas. Este proyecto de reforma se presenta como una respuesta a dicha exhortación, intentando equilibrar las finanzas del sistema y restituir derechos a los jubilados y pensionados del Banco Provincia.

Los bloques del PRO, la UCR y la Coalición Cívica habían adelantado su rechazo al proyecto por la estrategia adoptada por el oficialismo para su discusión. Este lunes ratificaron el posicionamiento.

En principio planteaban que la iniciativa tenía que pasar por la comisión de Previsión y Seguridad Social, además de Presupuesto. Presentaron una carta al titular del cuerpo, Alejandro Dichiara, para expresar su rechazo al tratamiento irregular del proyecto de Ley A-4/24-25 en el Senado provincial. La normativa que propone derogar la actual Ley 15008.

Los legisladores denunciaron que la votación favorable llevada adelante en el Senado no se ajustó al procedimiento legislativo vigente, al señalar que no se cumplió con los requisitos legales previstos en la Constitución Provincial y el reglamento interno de la Cámara. Según explicaron, la decisión se tomó sin contar con las mayorías legales requeridas, lo que calificaron como una grave irregularidad.

“El procedimiento utilizado por el Senado ha sido totalmente irregular”, expresaron en la nota presentada el 27 de noviembre de 2024. Indicaron que la aprobación del proyecto se llevó a cabo con una mayoría simple, pese a que el expediente no había completado el proceso de análisis en las comisiones asignadas, como lo establece la normativa. En particular, señalaron que el texto no fue debatido en la Comisión de Trabajo y Legislación Social, una instancia clave para este tipo de proyectos.

De acuerdo con lo expuesto en la misiva, al no haberse tratado en todas las comisiones, el proyecto no podía ser incluido en el orden del día de la sesión sin el respaldo de una mayoría agravada, es decir, los dos tercios de los presentes. Sin embargo, los legisladores sostuvieron que el oficialismo avanzó con la media sanción de forma arbitraria, fundamentando su decisión en la posibilidad de tratarlo posteriormente en una Sesión Especial.

“Solicitamos que previo a que tome estado parlamentario en esta Cámara de Diputados, se restituya al Senado a los efectos de cumplir con el procedimiento de sanción de leyes vigente en la provincia de Buenos Aires”, plantearon en una nota firmada por Diego Garciarena (UCR+Cambio Federal), Agustín Forchieri (PRO) y Maricel Etchecoin Moro (CC). El pedido surtió efecto y con un solo dictamen se llevará el proyecto al recinto. El texto se aprobará el próximo jueves en una votación espejada a lo que fue la sesión en el Senado.