La Cámara de Diputados de Santa Fe dio un paso histórico al habilitar la reforma parcial de la Constitución provincial que rige desde 1962 y que propone reformar más de 40 artículos. La iniciativa, que contó con el respaldo de aliados circunstanciales de la oposición, será ratificada este viernes en el Senado, donde el bloque oficialista Unidos para Cambiar Santa Fe ostenta una mayoría que garantiza su sanción definitiva.
El proyecto logró ser aprobado en sesiones extraordinarias con los dos tercios necesarios en Diputados, con un respaldo notable de 34 votos de los 50 posibles, superando ampliamente el umbral requerido. La búsqueda de este consenso se obtuvo luego de fracturas en bloques y tensiones internas, particularmente en el Partido Justicialista, donde el aporte del sector liderado por el ex gobernador Omar Perotti acentuó las divisiones en un peronismo ya afectado luego de su derrota electoral el año pasado frente al radical Maximiliano Pullaro.
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El proyecto de ley establece la necesidad de modificar una constitución que rige desde 1962. Diputados consolidó un acuerdo entre diversas fuerzas políticas, incluyendo Unidos, Hacemos (el bloque que comanda Perotti), un sector del Frente Amplio por la Soberanía y otros bloques menores. La votación también marcó el quiebre del bloque Somos Vida que integra la legisladora Amalia Granata, quien estuvo ausente. En ese sentido, sus pares, Omar Paredes y Edgardo Porfiri, consolidaron la mayoría requerida para aprobar el proyecto.
La reforma propuesta contempla modificaciones en 43 artículos de la actual Constitución, abriendo la puerta a cambios significativos en los tres poderes del Estado. Entre ellos, destaca la habilitación de la reelección del gobernador y vicegobernador, un sistema de elección de diputados mediante el método D’Hont y reformas en el funcionamiento del Poder Judicial. Asimismo, se propone unificar los mandatos municipales y comunales a cuatro años y otorgar autonomía a ciudades de primera categoría.
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La iniciativa plantea la reforma parcial de la Constitución, permitiendo a la Convención Constituyente modificar 42 artículos, derogar 3 incisos y sumar uno al artículo 93, que regula las competencias de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Este marco busca actualizar las funciones de la justicia provincial en sintonía con las demandas actuales que tiene la población local.
En relación al Poder Legislativo, el texto plantea extender el período de sesiones ordinarias, ajustar la edad mínima para ser diputado o senador y precisar las condiciones de reelección. En la Cámara de Diputados, se buscará eliminar el mecanismo de mayoría automática, adoptar un sistema de representación proporcional y garantizar la paridad de género.
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El Senado, sin embargo, permanecerá sin cambios, conservando la bicameralidad y el mecanismo actual de elección, con un senador por cada uno de los 19 departamentos de la provincia.
Una reforma sustancial se propone respecto a los fueros parlamentarios, limitando la inmunidad de arresto y redefiniendo la inmunidad de expresión. Asimismo, se busca dar rango constitucional a la ficha limpia, una normativa en vigor desde 2022 que impide candidaturas de personas condenadas por delitos graves.
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En el plano judicial, la reforma apunta a blindar los cambios promovidos por Unidos con apoyo del sector que comanda Perotti, consolidando una Corte Suprema de siete miembros que garantice paridad de género y fije un límite de 75 años para el ejercicio de sus cargos.
La reforma prevé que una Convención Reformadora, compuesta por 50 miembros elegidos mediante un sistema proporcional, lidere el proceso de actualización constitucional. Cada departamento elegirá un representante uninominal, y se requerirá al menos un 2,5% de los votos del padrón electoral para participar en la distribución de cargos. La elección de estos convencionales se realizará simultáneamente con las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias de 2025, utilizando el sistema de boleta única. La Convención, que se instalará en la ciudad de Santa Fe, tendrá un plazo máximo de 60 días corridos para concluir sus deliberaciones, asegurando un marco temporal ajustado para el debate y la adopción de las reformas.
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