El ex vicepresidente Amado Boudou también dejará de cobrar su jubilación de privilegio

Luego de que el Gobierno anunciara esta mañana que dará de baja la pensión y la jubilación de privilegio de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se supo en la Casa Rosada que también avanzarán contra otros ex funcionarios que están condenados por hechos de corrupción como el ex vicepresidente Amado Boudou. Así se lo confirmaron fuentes oficiales a Infobae.

El también ex ministro de Economía, quien fue vicepresidente de CFK entre 2011 y 2015, recibió en diciembre de 2020 la ratificación de la condena de 5 años y 10 meses que había dictado un tribunal oral en 2018, cuando la Corte Suprema rechazó todos los recursos que había presentado en el caso Ciccone.

Fue condenado por cohecho pasivo (recibir coimas) y negociaciones incompatibles con la función pública. Cumple su pena con prisión domiciliaria.

Los jueces del TOF 4 también lo inhabilitaron de por vida para ejercer cargos públicos y ordenaron su inmediata detención por la compra de la calcográfica Ciccone por parte de The Old Fund, una empresa pantalla que tenía como cara visible al empresario Alejandro Vandenbroele.

Por sus 1461 días en los que estuvo como vice de Cristina Kirchner, Boudou percibe mensualmente $ 6.814.272 en concepto de pensión vitalicia.

En el anuncio que hizo este jueves en conferencia de prensa el vocero presidencial Manuel Adorni se especificó que el beneficio jubilatorio que se le quitará a Cristina Kirchner no es de carácter contributivo, o sea que no proviene de aportes equivalentes realizados por el propio beneficiario. Se trata de “una gracia otorgada en reconocimiento del mérito y del honor”.

“El beneficio previsto por la Ley 24.018 para expresidentes y exvicepresidentes de la Nación es una asignación que no tiene carácter contributivo y se otorga con carácter excepcional y extraordinario, como contraprestación al honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo. La señora Cristina Kirchner fue condenada por la Cámara de Casación Penal en la Causa vialidad como autora del delito de administración fraudulenta, por lo que representa lo contrario al honor, al mérito y al buen desempeño”, sostuvo Adorni.

“Esto es nada más ni nada menos que otorgar un manto de sentido común y cordura a la gestión pública. Durante el mandato del presidente Milei, la Argentina no va a destinar fondos a ninguna persona que esté condenada por corrupción y que haya más mancillado el honor y la dignidad de los argentinos”, agregó el vocero.

Unos minutos después de hablar en la conferencia de prensa Adorni adelantó que la medida podía hacerse extensiva a otros ex funcionarios que hayan sido condenados en hechos de corrupción. “Algunos están consultando si la asignación de privilegio que cobran otras personas en similares condiciones se darán también de baja. La respuesta es la obvia: por supuesto”, posteó en redes sociales. Minutos después se conoció que Boudou también será alcanzado por la iniciativa presidencial.

A su vez, desde Estados Unidos, y antes de reunirse con el presidente electo Donald Trump, Javier Milei señaló con una publicación en su cuenta de X: “El que las hace, las paga”.

Habrá que esperar si esta quita no implica una serie de apelaciones judiciales de los afectados. En Casa de Gobierno no lo descartan e instruyeron a sus asesores legales ante los posibles reclamos.

La decisión de avanzar contra la ex presidenta y su ex vice se adoptó un día después de que la Cámara Federal de Casación número 2 confirmara la pena de 6 años de prisión de Cristina Kirchner en la Causa Vialidad por administración fraudulenta. Además, la inhabilitaron a perpetuidad para ocupar cargos públicos. Ahora, la titular del Partido Justicialista cuenta con la última instancia de apelación en esa causa, que es recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La resolución del Poder Ejecutivo podría alcanzar a Zulema Yoma, la ex esposa de Carlos Menem que cobra también una pensión. El ex mandatario riojano, ya fallecido, recibió en 2015 recibió la única condena firme a 4 años y 6 meses de prisión. Lo acusaron por el pago de sobresueldos a funcionarios de sus dos períodos de gobierno entre 1989 y 1999 con fondos de la SIDE.