A semanas de que la Legislatura de Córdoba aprobara el proyecto de adhesión al Régimen de Incentivo a Grandes Inversores (RIGI), la capital provincial hizo lo propio y se sumó al nuevo sistema de beneficios de estabilidad fiscal.
Durante la jornada del jueves, el Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba dio el visto bueno al proyecto que proponía la adopción de la Ley Provincial 10.997, que apuesta por impulsar el desarrollo económico en la región.
De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local ElDoce.TV, la iniciativa fue presentada por los concejales oficialistas y recibió la aprobación de la Comisión de Economía y Finanzas antes de ser debatida. Así, una vez que llegó al recinto, recibió un amplio apoyo de los concejales de diferentes partidos.
La legislación provincial fue sancionada a mediados de octubre, cuando los legisladores cordobeses dieron el visto bueno al proyecto presentado por el gobernador Martín Llaryora, que establecía la incorporación al RIGI en Córdoba, que forma parte de la Ley Bases, pero con algunas modificaciones que están relacionadas con las actividades específicas que pueden llegar a desarrollarse en el territorio provincial.
La ley busca fortalecer el compromiso con la promoción y sostenibilidad de los diversos sectores económicos de la provincia. Su objetivo es fomentar la incorporación de nuevas empresas y, a su vez, impulsar el desarrollo, integración, modernización y competitividad de las empresas ya existentes.
El artículo 1 del proyecto de ley aprobado por la Unicameral establece que la provincia de Córdoba se adhiere al RIGI, conforme a lo dispuesto en el título VII de la ley nacional 27.742 y su marco regulatorio. Esta normativa se aplica a los Vehículos de Proyecto Único (VPU) que se instalen o localicen en Córdoba, con el propósito de desarrollar o ejecutar inversiones productivas en los sectores especificados en el artículo 167 de la mencionada ley.
Uno de los puntos centrales de esta iniciativa es otorgar estabilidad fiscal en los tributos provinciales a los titulares de proyectos que se radiquen o establezcan en Córdoba para ejecutar inversiones productivas.
Esta medida, calificada en el proyecto como un recurso “adicional de garantizar la viabilidad y/o desarrollo de tales inversiones”, se alinea con declaraciones previas del ministro de Economía y Gestión Pública de Córdoba, Guillermo Acosta, quien destacó que la provincia aplicaría un esquema distinto al del Gobierno nacional para adaptar la ley al perfil productivo local.
La legislación sostiene que Córdoba es un destino atractivo para las inversiones debido a su sólida matriz productiva y tecnológica. Estos sectores, indica el documento, se mantienen activos de forma sostenida gracias a la estabilidad institucional y jurídica de la provincia, factores considerados clave para fomentar la colaboración entre el sector público y privado en el territorio cordobés.
La adhesión de Córdoba al RIGI incluye la posibilidad de ampliar los beneficios de la ley a otros proyectos adicionales. En este sentido, la iniciativa, firmada por el Llaryora, establece: “Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a otorgar los beneficios previstos en el presente artículo a grandes inversiones que no se encuentren contempladas en el artículo 1 de la norma sancionada por el Congreso Nacional”.
A su vez, la legislación recalca que la provincia mantiene la potestad de aumentar los beneficios estipulados en el RIGI, además de implementar obras de infraestructura complementaria, crear regímenes de incentivos, y financiar programas de capacitación y generación de nuevos empleos.
Según el gobierno cordobés, esta normativa “impulsará las fortalezas que tiene la provincia, ya que agregará incentivos que harán aún más potente a esta herramienta”. Asimismo, la ley invita a los municipios y comunas a “dictar las normas legales necesarias” para conceder beneficios de estabilidad fiscal a los VPU.
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