
En el Gobierno adoptaron nuevamente la estrategia de desprestigiar una medida de fuerza gremial al calificar el paro de transporte previsto para hoy como una iniciativa “política”. Sin embargo, hay un grado de preocupación, y representantes de las Secretarías de Transporte y Trabajo intentarán evitar que avancen en el mismo sentido los colectiveros, que tienen previsto hacer huelga mañana.
“Si aceptan reunirse, es porque hay voluntad de arreglar”, deslizaron en la Casa Rosada sobre el encuentro con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) que conduce Roberto Fernández, opositor a la línea de Pablo Moyano. La conversación está prevista para esta tarde, en paralelo al cese de actividades en el resto de los sectores hoy: desde portuarios, a camioneros, aeronavegantes y maquinistas de trenes.
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En contraste con los colectiveros, en la Casa Rosada asocian el paro de hoy con un intento de desestabilizar la gobernabilidad de Milei, y apuntan contra los motivos deslizados por sus referentes durante los últimos días.
Es cierto que las principales consignas exceden los reclamos salariales de cada sector. El lunes, el jefe de La Fraternidad, Omar Maturano, uno de los gremios duros contra el Gobierno, dijo que las dos principales razones tenían que ver con la “defensa de la soberanía” y del “derecho a la protesta sindical”. Y disparó contra la UTA: “Los que quieren dialogar, que dialoguen, los que queramos luchar, lucharemos”, lanzó, en una entrevista con Radio con Vos. En el oficialismo contestaron: “Este paro es de índole política. Lo que piden no es hablar ni dialogar, así que no hay posibilidad de negociar”, dijeron en un despacho de Balcarce 50 ayer por la tarde, cuando el paro era inminente.
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El Presidente no suele hacer visitas al interior excepto en algunos casos puntuales. Pero mañana, durante la jornada de protesta que afectará a millones de personas, decidió viajar a Córdoba para participar del encuentro por el 47avo aniversario de la Fundación Mediterránea. No está claro el contenido del discurso que brindará ante los empresarios en el Centro de Convenciones de la Capital, pero en su entorno deslizaron que es probable que destaque los logros económicos de la administración, como la baja de la inflación y la reducción del riesgo país.
Aunque se aleje de la Capital, Milei no podrá evitar las protestas: a diferencia de la medida a nivel nacional, que no incluirá movilizaciones, la CGT local planea una manifestación para hacer notar in situ el descontento del ala dura, encabezada por Pablo Moyano. Además, la administración estatal estará frenada en todos los distritos por los trabajadores nucleados en ATE, que se plegó para apuntalar la medida de los transportistas.
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Los ánimos con los estatales se caldearon en los últimos días con la decisión de cerrar la AFIP, que redundará en recortes y despidos, y hay protestas de estatales desde la semana pasada, especialmente en la Aduana, con paros intermitentes y apagones en las sucursales. Para mermar el impulso de ese sector, ayer la Secretaria de Trabajo, a pedido del ARCA (ex AFIP), dictó por la tarde, horas antes del paro nacional, la conciliación obligatoria “en el marco de las medidas de fuerza adoptadas luego de la reconversión del organismo (para) impedir que se extiendan las medidas de fuerza”. Los trabajadores, sin embargo, ratificaron su participación en la huelga de los transportistas.
Más allá de esa iniciativa, por ahora no hay planes de avanzar con otras medidas para contrarrestar los efectos de la protesta de hoy, en contraste con la marcha de los docentes y no docentes universitarios, frente a la cual el Gobierno anunció el mismo día, para dar la batalla simbólica, que promovería que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) audite a las casas de altos estudios. Sí está planificada una “movida” en redes sociales y que algunos funcionarios salgan a marcar la postura del Gobierno. El sentido de los discursos será uniforme y girará en torno al concepto de que “es una medida política”.
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Los libertarios intentarán ubicar al sindicalismo en la vereda opuesta de los intereses de los trabajadores que representan. “Esto no beneficia a nadie, le complica la vida a la gente que trabaja. Es el principio de revelación del que habla Javier”, adelantó la línea un funcionario.
Por lo pronto, ayer el oficialismo festejó como un logro contra el moyanismo, en la previa de la medida, el dictamen obtenido en comisión de la Cámara de Diputados para avanzar con la privatización de Aerolíneas Argentinas. Después de todo, el impulso del Ejecutivo a la venta de la aerolínea de bandera es uno de los hechos que motivaron la convocatoria al paro en septiembre, cuando el conflicto latente entre los gremios de pilotos y el Gobierno escaló por el llamado a una serie de medidas de fuerza de parte de los sindicatos para exigir aumentos salariales, que recibieron respuestas intransigentes desde Balcarce 50.
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