Estudiantes universitarios de varias facultades se reunieron hoy en Plaza de Mayo para discutir la continuidad de las protestas en las universidades nacionales. Impulsada por agrupaciones de izquierda, la convocatoria resolvió llevar a cabo un piquete en el Obelisco para la próxima semana, como una forma de insistir en el reclamo al gobierno de Javier Milei que incremente los recursos destinados a la educación superior.
El encuentro fue motorizado por alumnos de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional de las Artes (UNA), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), y varias universidades públicas del conurbano.
“La asamblea interfacultades en Plaza de Mayo acaba de votar impulsar un corte de todas las Universidades del AMBA el viernes 1° de noviembre en el Obelisco. También se le puso fecha a la Tercera Marcha Federal Educativa para que se discuta en todo el país: 12 de noviembre”, sostuvo Luca Bonfante, secretario general del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA (CeFyL), en su cuenta personal de X.
La acción prevista no cuenta con el apoyo de las principales agrupaciones gremiales estudiantiles, como la Federación Universitaria Argentina (FUA) y la Federación Universitaria de la Universidad de Buenos Aires (FUBA), conducidas por las agrupaciones reformistas y militantes de la Unión Cívica Radical (UCR).
Las protestas estudiantiles disminuyeron su intensidad esta semana, que comenzó con un paro docente de 48 horas a nivel nacional. En la mayoría de las facultades, mermó la ola de ocupaciones y manifestaciones de alumnos luego del veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. Aún así, algunas acciones esporádicas, como las clases públicas, persisten en varias casas de estudio en estos días críticos de evaluación de exámenes finales.
“Importante paso para fortalecer la organización desde abajo, independiente de las autoridades. Lamentablemente ni La Cámpora ni Patria Grande formaron parte”, agregó Bonfante, uno de los voceros de la toma de Filosofía y Letras.
Mientras la izquierda universitaria busca profundizar las acciones callejeras, otro sector del estudiantado se reunió ayer con los sindicatos de la Mesa Nacional del Transporte, por el paro nacional que se resolvió para el próximo miércoles 30 de octubre. Representantes estudiantiles y dirigentes de Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) y la Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (FATUN) debatieron con el cosecretario general de la CGT, Pablo Moyano (Camioneros), junto a Juan Pablo Brey (Aeronavegantes); Omar Maturano (La Fraternidad); Cristian Jerónimo (Vidrio); Alejandro Gramajo (UTEP); Pablo Biró (APLA).
Por su lado, los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los representantes de los sindicatos docentes, gremios no docentes y estudiantiles intentan enfocar el reclamo en el debate del Presupuesto 2025, el cual se discutirá en el Congreso la asignación de recursos para la educación superior.
En un escenario en que los actores de la comunidad universitaria están reevaluando sus estrategias y cómo seguir, el Gobierno profundizó una ofensiva para auditar a todas las universidades nacionales, a través de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). “Los chorros no van a tener paz en Argentina”, afirmó hoy Javier Milei, refiriéndose a la resistencia a los controles como una falta de transparencia en el uso de los fondos públicos.
El enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y la UBA forma parte de una serie de choques con sectores de la vida universitaria, a los que Milei acusa de operar políticamente en su contra. Pero la cuestión de fondo frente a cada retórica es cuánto presupuesto se destinará a las universidades públicas. La UBA se mantiene en una fuerte oposición al intento del Gobierno por sembrar un manto de sospecha sobre cómo se gasta el dinero público.
En este marco, la universidad que encabeza el rector Ricardo Gelpi anunció que llevará el caso a la Justicia, al considera que la intervención del Gobierno viola la autonomía universitaria, por lo que solicitará al Poder Judicial precisiones para que determine si la intención oficial es constitucional.
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